La oposición en Diputados convocó a una sesión especial para tratar la movilidad jubilatoria y presiona al Gobierno

Los bloques de la oposición no lograron este miércoles firmar un dictamen conjunto para avanzar con una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Sin embargo, las posiciones no quedaron tan alejadas y tanto en el peronismo como entre los dialoguistas no descartan un eventual acuerdo de cara a una sesión especial el próximo 4 de junio.

La expectativa política estaba centrada en la posibilidad de que el peronismo, el radicalismo y otros sectores dialoguistas llegaran a un consenso que les garantice de antemano una mayoría automática en el recinto.

“Estamos muy cerca, pero ellos no quisieron acordar”, se lamentó uno de los principales referentes del bloque Unión por la Patria. Se refería a la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal -el espacio que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro- que rubricaron juntos un dictamen de minoría (19 firmas).

El proyecto de los dialoguistas -sin el PRO- propone garantizar un haber mínimo en base a la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000) y una actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, estipularon aumentar la compensación -o “empalme”- con un 8,1% adicional, dado que el DNU de Milei otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización por IPC).

A su vez, se incluyó de forma semestral un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así el IPC no se convertirá en un un techo para los haberes.

En un principio, el peronismo proponía un proyecto más ambicioso que incluía una recomposición inicial del 30% (en lugar del 20,6%) que contemplaba el poder adquisitivo perdido también en diciembre. Pero los sectores dialoguistas señalaban que tenía un costo fiscal equivalente al 1,86% del PBI y, por lo tanto, sería inmediatamente vetado por el Poder Ejecutivo si es aprobado por el Congreso.

“Ese proyecto Milei lo terminaría vetando con el mismo argumento con el que Cristina Kirchner vetó el 82% móvil”, sintetizó un legislador del radicalismo, que también planteó que el costo de su proyecto (0,43% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso) es “razonable”. Por eso en la bancada radical entienden que el Gobierno pagaría un costo político muy alto si finalmente lo rechaza.

Sin embargo, el peronismo terminó haciendo profundas modificaciones en su iniciativa con el objetivo de llegar a un acuerdo. Como consecuencia, el texto final que obtuvo 33 firmas es muy similar al de sus pares de la oposición dialoguista. Es decir, movilidad jubilatoria en base al IPC, con un adicional semestral en base a la diferencia entre el RIPTE (salarios privados) y el IPC. Se pagaría el 50% de esta diferencia. Además, bajó del 30% al 20,6% la recomposición inicial.

Según pudo saber Infobae, la principal diferencia giró en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretenden que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantiene firme en que no puede ser utilizado para esos fines.

“Hasta esta mañana había acuerdo, pero luego los diputados de Córdoba (que integran HCF) se pusieron muy firmes con que había que incluir lo del FGS y las cajas provinciales, entonces se cayó todo”, explicaron desde la bancada peronista.

“El FGS está para pagar jubilaciones, ya sea las deudas con las cajas provinciales o los juicios con sentencia firme. ¿Si no, para qué está? ¿Para dar créditos para comprar heladeras?”, sintetizó con ironía un diputado radical.

“Hay dos elementos que no son menores y no tienen que ver con el ingreso de los jubilados. Uno es qué pasa con las sentencias firmes en los juicios por haberes y el otro es qué se hace con el stock de deuda que tiene la Nación con las cajas previsionales provinciales. Son temas importantes pero no son la contradicción principal, y se terminan transformando en los puntos que nos impiden acordar una posición mayoritaria en este plenario”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, al final del plenario.

Inmediatamente después del plenario de comisiones, los dialoguistas presentaron el pedido de sesión especial para el próximo 4 de junio a las 11. Pero un acuerdo con el peronismo será clave para lograr la media sanción ya que partirá del rechazo de La Libertad Avanza y el PRO.

“Lo que expresa este dictamen es que sostenemos la voluntad de acordar y trabajar en pos de una sesión. No puede suceder que por una diferencia sobre el FGS no podamos dar una respuesta efectiva e inmediata a todos los jubilados que perdieron con la inflación”, agregó Itai Hagman, tras detallar los cambios en el proyecto del peronismo.

El PRO, por su parte, firmó un dictamen propio que también contempla una actualización por IPC y un adicional anual del 30% de la variación entre el RIPTE y el IPC. Aunque la principal diferencia fue la propuesta de pagar la compensación del 8% en 12 cuotas mensuales. Este punto fue muy criticado por el resto de los bloques, que tildaron la propuesta de “ridícula”. En tanto, el proyecto de los libertarios se limita a ratificar el DNU 274/24 de Milei.