A fines de enero, productores de San Pedro, Misiones, decidieron la paralización de la cosecha de yerba mate durante una semana. Días después, comenzaron los tractorazos en la localidad y también en la zona de Andresito. La escena traía reminiscencias a lo que fueron las movilizaciones de 2002, cuando los vehículos rurales coparon el centro de Posadas y forzaron a reestablecer un organismo público que ordenara los precios de la cadena, tras la desregulación de los ‘90.
En San Pedro, ubicada en el centro–norte misionero, los tractores coparon la Ruta Nacional 14 antes de llegar a la ciudad. En Andresito, sobre el extremo norte de la provincia, la marcha se concretó en la Ruta Provincial 19. La consigna fue la misma: que el valor del kilo de hoja verde de yerba mate (el insumo base del producto) pase de $240 (fijado a partir de diciembre 2023) a $505.
De producirse el movimiento, el corrimiento de precios terminaría repercutiendo en las góndolas. Históricamente, el consumidor final pagaba 5 veces lo que recibía el productor primario. Pero hoy la brecha ha saltado a entre 10 y 12 veces, ya que el paquete de un kilo de yerba se consigue a un valor cercano a los 3 mil pesos.
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Los pequeños productores misioneros entienden que la suba que pretenden no debería impactar en el precio final. Consideran que la industria y los comercializadores se anticiparon y no tendrían trasladar un reacomodamiento en el primer eslabón de la cadena. Pero si no sucede y se mantiene la proporción actual, el consumidor podría tener que pagar entre 5 y 6 mil pesos el kilo.
El ámbito de discusión habitual del planteo sería el INYM. Pero el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei le restó esa capacidad. Así, el reclamo llegó directamente a las autoridades nacionales. En un primer momento, hubo una peregrinación a Buenos Aires. El segundo paso fue la llegada a Posadas de Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Nación durante la semana pasada.
En pausa
Pazo hizo una interpretación sui generis del DNU. Según se informó por canales oficiales, el funcionario aseveró que hasta que no se reglamente, no se encuentra en vigencia. Esto implica que el INYM mantiene la facultad de regular los precios de la cadena yerbatera.
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Por eso, garantizó que será el Instituto quien fijará los nuevos valores de la hoja verde y la yerba canchada (con la primera molienda gruesa). De no haber acuerdo, anticipó, el Gobierno nacional laudará estableciendo los valores.
Además, dijo que si el Congreso de la Nación confirma la vigencia del decreto (para lo cual se necesita que al menos una de las dos cámaras lo avale), convocará a los directores actuales del INYM a fin de redactar la reglamentación.
Por otro lado, Pazo desautorizó la información que había echo circular el secretario de Agricultura, Fernando Vilella. El 3 de febrero, el organismo nacional publicó en su web que Daniel Notta se haría cargo del organismo. Notta es una figura resistida por los pequeños productores misioneros. Le achacan representar intereses concentrados.
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Esta designación “no está confirmada”, aseveró el funcionario nacional. Tomaron nota de sus palabras el ministro provincial de Agro y Producción, Facundo López Sartori; legisladores provinciales y representantes de productores y cooperativas yerbateras.
Toda la cadena productiva quedó a la espera de las gestiones de Pazo en Buenos Aires. Si cumple con lo prometido, no habrá más protestas. De lo contrario, volverán a la ruta.