El vínculo del Gobierno con el peronismo se deterioró en tiempo récord y se achican los márgenes de negociación

La paz política entre el gobierno de Javier Milei y el peronismo duró poco. Casi nada. Aunque la situación parecía, en un principio, que sería otra. La oposición estaba dispuesta a dar gobernabilidad y que, en todo caso, sea el Presidente el que asuma el costo político absoluto de la profundidad de las reformas que quiere implementar. Pero el contenido del DNU de desregulación de la economía y la ley ómnibus “rompieron todo”, en palabras de una voz importante dirigente de la oposición.

El decreto de necesidad y urgencia generó una resistencia muy fuerte en todos los sectores del peronismo y, especialmente, en la CGT, debido a la reforma laboral impulsada y las limitaciones para las protestas callejeras. Ese enojo generó la manifestación controlada del miércoles pasado, a la que también se sumaron las organizaciones sociales, y el anuncio de un paro general en la tarde del jueves.

La marcha a Tribunales pareció ser una advertencia al Gobierno, ya que algunos de los dirigentes más pesados de la central obrera buscaron desacelerar la organización de la manifestación para que tuviera menos peso. Fueron los mismos que en una reunión posterior propusieron que el paro se haga recién en marzo, para abrir canales de negociación y evitar elevar la temperatura en el escenario político y social.

No hubo voluntad completa de salir a copar las calles en la semana, sino de marcar la cancha frente al contenido del decreto, donde hay importantes reformas al sistema de obras sociales sindicales. La marcha fue menos caudalosa por decisión de los asistentes. Finalmente, el ala dura de la central obrera ganó la pulseada interna y habrá un paro de 12 horas el 24 de enero. El sindicalismo, y el peronismo en general, debaten las formas y los costos de enfrentarse a un gobierno que recién arrancó.

En la central obrera saben que el reclamo puede generar un efecto bumeran porque durante los últimos cuatro años, cuando el gobierno estuvo en manos de Alberto Fernández, no hicieron ningún paro y limitaron sus críticas. En este caso se les suma que el gobierno acaba de comenzar. Sin embargo, la explicación que dan es que el contenido de las reformas es tan grande y afecta tanto a los sectores medios y bajos, que es imposible que no inauguren un frente de conflicto callejero.

No hay interlocutores con autoridad que puedan encausar la relación entre la CGT y el Gobierno. Ni siquiera el secretario de Trabajo, Omar Yasín, es un canal de comunicación y negociación. No hay puentes que permitan apaciguar el malestar y encausar un vínculo necesario para la gestión. Solos voces sueltas que no son representativas del todo. Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, la central obrera, junto a las dos CTA y el Frente Sindical, agrupan a los gremios más grandes del país, con influencia directa en el funcionamiento de la economía.

Voces de distintos sectores del peronismo a las que consultó Infobae expusieron una coincidencia en el rechazo al DNU y la ley ómnibus que, según precisó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, podrá ser aprobada en el Congreso porque cuentan con el número de votos necesarios para hacerlo.

“Desde el inicio de la gestión, Milei agrede a los argentinos, a los trabajadores, a los jubilados y a las pymes. Primero con la devaluación, luego con el DNU y ahora con la ley ómnibus. Todas las medidas que tomó aumentan el valor de los precios, la quita de derechos y la inestabilidad laboral y productiva. Aprobar una delegación de facultades como la que exige para implementar un programa de represión y desocupación esta penado en el artículo 227 del Código Penal. No es responsabilidad institucional, es un delito”, sostuvo el ex canciller y actual diputado nacional Santiago Cafiero.

La vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, se refirió a la importancia de la oposición en el Parlamento: “El Congreso se ha constituido en la última trinchera que tiene la sociedad para evitar que las decisiones del Gobierno arrasen con todos sus derechos. Milei pretende la suma del poder público. Nadie queda afuera de la agresión de las políticas del gobierno: ni los trabajadores, ni los industriales, ni las universidades ni la cultura ni las actividades profesionales, ni las políticas de género ni las políticas ambientales”.

El senador nacional y dirigente de la mesa chica de La Cámpora, Mariano Recalde, fue muy crítico en su análisis sobre cómo afectarán a la sociedad las medidas del oficialismo: “Los cambios que promueve el DNU van a tener un impacto durísimo en la gente común. Dispara los precios de todo: alimentos, nafta, vestimenta, alquileres, transporte, educación. No pasó ni un cuchillo de untar por la casta, la motosierra sobre los derechos laborales”.

“Milei ganó el balotaje, pero Sergio Massa ganó la elección general y allí se constituyó el Congreso en su pluralidad. El diálogo es necesario y obligatorio. Debe tener paciencia y tolerancia para hablar con todos los legisladores”, indicó el ex ministro de Transporte y actual diputado nacional Diego Giuliano.

El argumento del legislador santafesino es de los que más se utiliza en el peronismo, donde resaltan que el Presidente abusa de la legitimidad que le dio la gente en las segunda vuelta y presiona con esos votos sobre el Congreso. Es decir, en vez de negociar y abrir la discusión parlamentaria, intenta imponer el DNU y el paquete de leyes sin mediar diálogo con el sector mayoritario de la oposición. Eso es lo que molesta.

Por eso los márgenes de negociación son acotados y la relación con la oposición quedó dañada de entrada. Las definiciones se repiten en las distintas oficinas peronistas son las mismas. Dan cuenta de una avanzada sin precedentes contra el Congreso y el trabajo de los legisladores, el rol del Estado y la liberación de precios sin mediar consecuencias en la sociedad.

Los discursos de los legisladores peronistas van en esa línea. Hay unidad de criterio y unidad política para enfrentar al Gobierno. De esa forma comenzaron a construir la identidad opositora en el Congreso. Desde el oficialismo ya saben que no hay demasiado margen para buscar apoyo de ese sector, por lo que apuntarán todos sus esfuerzos a encontrar adhesiones en las filas del PRO y la UCR, que hoy se debate sobre cómo posicionarse respecto a los pedidos de la Casa Rosada.

La oposición comienza a fragmentarse y ese movimiento le permitirá al Gobierno negociar con diferentes sectores más chicos y que el bloque opositor pierda peso en masa. Tal como adelantó Infobae, al mando de las negociaciones estarán la vicepresidenta Victoria Villaruel; el ministro del Interior, Guillermo Francos; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el flamante secretario de relaciones parlamentarias, el mendocino Omar De Marchi. Los cuatro nombras que tienen en sus voces, sus manos y sus lapiceras el futuro de las reformas del Gobierno.

De Milei, que está ejerciendo una fuerte presión discursiva sobre el Congreso - que lo llevó a decir que los legisladores de la oposición buscan coimas y por eso no acompañan sus proyectos -, y la capacidad negociadora de sus enviados dependerá que la ley ómnibus, que tiene incorporado el DNU, pueda ser aprobada durante enero en sesiones extraordinarias. Es el principal objetivo oficialista en el comienzo del año.

Sería, si lo logra, el primer paso fuerte en el Congreso de una gestión cuestionada por la mayor parte de la oposición, que tiene un importante respaldo social como consecuencia de la cercanía con el balotaje y que mantiene a flote el argumento de que el cambio que llevan adelante debe ser avalado por la mayoría parlamentaria porque ese fue el mandato de la gente.

El peronismo, en paralelo, hace equilibrio en sus movimientos políticos para defender a sus votantes y sus ideas, pero sin quedar como un espacio que busque la caída de un gobierno nacional que asumió hace menos de un mes. La dureza de las medidas oficialistas condicionan las respuestas de la oposición. En el medio está la sociedad, que deberá afrontar meses muy difíciles como consecuencia de un espiral inflacionario que afectará la economía doméstica en el 2024. Es una foto anticipada del futuro inmediato que que se convirtió en uno de los principales argumentos de Unión por la Patria.