Cristina Kirchner se despide con una nueva carga sobre la Justicia, pero el mensaje de fondo apunta al propio peronismo

El kirchnerismo acaba de dejar su marca en esta transición, todavía bajo efecto del sacudón causado por la derrota electoral. Con impulso de Cristina Fernández de Kirchner, el oficialismo impuso finalmente un dictamen acusatorio contra la Corte Suprema, en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Es una movida extemporánea -fuera del foco de las preocupaciones sociales frente a la gravedad de la crisis económica y el recambio de gobierno-, que además no tiene chance de ser coronada en el recinto. Nada indica que sea un error de cálculo o sólo consecuencia del enojo incontenible de la vicepresidente a días de dejar su lugar en el poder. Por el contrario, emerge como un mensaje de fondo para el peronismo en su tránsito al papel de oposición.

En tren electoral, el kirchnerismo había aceptado postergar este último capítulo del juicio político con el único objetivo de no perjudicar a Sergio Massa en plena campaña para el balotaje. Entendía que no se trata de un tema que sume en sentido político, sin considerar el daño institucional. Pero la obsesión con esta ofensiva expuso otra vez el domino de CFK en el frente doméstico. Una movida, que requirió la firma de Alberto Fernández, corrió entonces el límite formal para tratar el dictamen contra los jueces del tribunal supremo. Y eso fue lo que acaba de ocurrir en Diputados.

No se anotó como único gesto de la ex presidente. Hubo otro, casi en simultáneo, aunque restringido a una declaración. Con un tuit, el primero estrictamente político después del balotaje, apuntó al frente judicial. Y en resumidas cuentas, adjudicó a Mauricio Macri un poder enorme para lograr distintas medidas en diferentes ámbitos de la Justicia: en lo que hace a las causas que enfrenta, la revocación del sobreseimiento en el caso conocido como ruta del dinero K.

Lo ocurrido en el Congreso tiene otro valor. En primer lugar, por los pasos que debieron ser dados para asegurar el dictamen con la acusación a los cuatro integrantes de la Corte. Después de aquella decisión para postergar el tratamiento, pero sin hacerlo caer, hubo gestiones para mantener la mayoría ajustada -16 sobre 31- en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Fueron atendidos dos pedidos que venían de arrastre, para no forzar más la situación con el massismo. Reemplazaron a los dos integrantes de ese espacio interno, y de paso a otros cuatro. Alineamiento asegurado.

En medios legislativos estaba claro que una movida de ese calibre no podía ser concretada sin una señal clara del poder interno, o lo que queda en pie mientras se recompone el tablero después de la derrota electoral. Resultó a la vista el peso del kirchnerismo duro al menos en esta jugada. El oficialismo actual asumió además colocar el juicio a la Corte como punto de interés en la agenda del Congreso, cuya imagen externa es la de virtual parálisis.

La lectura de la jugada motorizada en el terreno por integrantes o voceros del círculo más cercano a CFK, entre ellos Rodolfo Tailhade -expuesto en el último caso de espionaje ilegal- y Leopoldo Moreau, incluye como dato central, aun en líneas generales, el mal resultado de las presiones ejercidas durante la gestión de Alberto Fernández sobre la Justicia. En el kirchnerismo más duro, le reprochan eso mismo al desgastado presidente.

Visto así, más que un efecto práctico en el corto plazo, el intento de juicio a la Corte representa un elemento de presión latente -aunque pueda ser clausurado en la muy próxima gestión- y, antes que nada, anticipa el lugar en que se plantará el kirchnerismo, en la disputa interna y como condicionante de las relaciones con el gobierno de Javier Milei.

Hubo un juego significativo de trascendidos en los últimos días. Primero circuló que CFK impulsaría una actitud en bloque del peronismo/kirchnerismo para imponer al presidente provisional del Senado y retener además el manejo administrativo de la Cámara. Después trascendió que la vicepresidente, en realidad, propondría no violentar la situación y dejarle el cargo al nuevo oficialismo. La posición más dura, en esa nueva versión, correspondería a José Mayans y otros legisladores del PJ más tradicional.

Puede, como se decía después, que se trate de una “estrategia” común para negociar, en una mesa en la que pesa la condición mayoritaria del Frente de Todos, como se lo conoce hasta ahora, pero en un contexto general marcado por el triunfo muy potente de Milei en la segunda vuelta.

Es posible ese cálculo del oficialismo, en retirada, para sostener posiciones, aunque el objetivo de CFK va más allá: mantener su espacio y hacerlo valer en el juego político que ya se abrió y que se profundizará dentro de apenas doce días. El kirchnerismo conservará capital propio en las dos cámaras del Congreso. Podría condicionar un corrimiento de poder hacia el polo de los gobernadores, luego de que los otros dos socios del triunfo en 2019, Massa y Alberto Fernández, quedaran dañados en diferente grado.

En ese terreno, el kirchnerismo se plantea desde ya un doble juego. Aspira a colocar al peronismo en posiciones de dureza opositora, como bloque, y dejar correr a los gobernadores en la relación con el nuevo poder central, habida cuenta de las necesidades de las provincias que considera su mayor base de sustento. Axel Kicillof fue el primero en mantener un encuentro formal con Guillermo Francos -los contactos reservados son más amplios- y buscó mostrarse como eje de la cita de jefes provinciales del PJ y un par de aliados, que incluyó el gesto de la convocatoria al futuro ministro del Interior.

Los gobernadores buscan mantener un lugar como conjunto, en una tela que expone los primeros trazos de reconfiguración poselectoral. Algo parecido ensayan los diez jefes provinciales de JxC, en estado de fractura. Existe una preocupación inmediata: los fondos para asegurar salarios y medio aguinaldo de estatales. Y asociada con ese tema, la demanda de un mecanismo de compensación por la baja de la coparticipación como resultado de las modificaciones sobre Ganancias y el IVA.

La actual gestión económica había adelantado la posibilidad de una salida concreta, aunque con camino legislativo, que consistiría en modificar la distribución de los ingresos por el impuesto al cheque, desde su origen muy favorable al Estado nacional y no a las provincias. En lo inmediato, en un mes siempre complicado y que asoma especialmente difícil, la presión está puesta en el gobierno que concluye. Eso sería para encarar diciembre. Enero será tema para Milei. Habría quedado claro en la reunión de Francos con los gobernadores peronistas y en contactos con los de JxC.