El exministro de Economía y ex candidato a presidente en el año 2019, Roberto Lavagna, se expresó este sábado en contra del juicio a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el kirchnerismo. Su posicionamiento se conoció ante la posibilidad de que el oficialismo avance con la medida, ya que en la Comisión de la Cámara de Diputados acusaron los miembros por distintos cargos. “Sin trampas”, reclamó.
“Siempre nos opusimos al Juicio Político a la Corte, porque pretende condicionar a la Justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político nuestro diputado Alejandro “Topo” Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios. El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas”, lanzó Lavagna en su cuenta X.
Sus declaraciones se sumaron a las de Juan Schiaretti, quien expresó “un categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”. El gobernador de Córdoba responsabilizó al candidato presidencial de Unión por la Patria por impulsar el juicio político al Tribunal Supremo. “A los #40AñosDeDemocracia también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes”, sostuvo.
Y finalizó su publicación: “Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones”.
Desde el 26 de enero, la Comisión de Juicio Político, encabezado por la diputada Ana Carolina Gaillard, escuchó a 65 testigos a lo largo de 23 reuniones y, con la mayoría oficialista, se acusó por distintos cargos a los integrantes de la Corte. La oposición aseguró que no se probó el “mal desempeño” y que el proceso constituyó un embate contra el Poder Judicial.
El oficialismo, que tiene mayoría en la comisión, buscará aprobar un dictamen formal acusatorio para llevar a la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para que pueda avanzar.
El descargo de Rosatti
La respuesta de Rosatti aparece en un documento de 71 páginas. Lo primero que plantea son las “irregularidades que se cometieron a lo largo del proceso”. Y tras hacer hincapié en la colaboración prestada por la Corte Suprema en este proceso, Rosatti afirmó que los cargos en cuestión coinciden con planteos realizados por el Estado Nacional en expedientes en curso, algo que sobre lo que -entonces- se ve impedido de avanzar.
“Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite”, dijo Rosatti. Es el caso que ocurre en la causa de coparticipación donde el tribunal aún no dictó sentencia, sino que solo hizo lugar a una cautelar.
Sobre las irregularidades denunciadas, habló de “pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando ello resultaba ineludible”, el acceso a información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal, la incorporación de “prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal”, el “trato hostil” y descalificación personal o profesional a testigos, a algunos de los cuales se los interrogó sobre su vida privada y sus vínculos familiares sin justificación alguna en relación a la pertinencia de las preguntas.
También se aseguró que muchos de los cargos formulados por la comisión “carecen de las precisiones mínimas” como para conocer los hechos que se imputan y sus fundamentos. Y señaló que hasta se formuló cargos por hechos que no fueron denunciados en los pedidos de juicio político.
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