Alberto Fernández pospuso para la semana que viene la firma del decreto para avalar el pliego de la jueza Ana María Figueroa

Luego de que el Senado aprobara su pliego, Ana María Figueroa espera ahora el aval del presidente Alberto Fernández para que continúe como jueza de la Cámara de Casación Federal por 5 años más.

La Corte Suprema de Justicia resolvió dejar cesante a Figueroa el 6 de septiembre y ahora, con la jugada que impulsó Cristina Kirchner en la Cámara Alta, el Gobierno pretende que vuelva a su puesto, clave en las causas de Hotesur y Los Sauces y en la del Memorándum con Irán, en las que está implicada la vicepresidenta.

Falta un paso fundamental: el decreto que tiene que firmar el Presidente para ser publicado en el Boletín Oficial que completará el nombramiento de Figueroa. La votación ajustada en el Congreso, que recién pudo destrabarse con el voto de la senadora Claudia Ledesma Abdala como presidenta provisional del Senado porque CFK se había retirado del recinto, fue el jueves a última hora. Según pudo averiguar Infobae en Casa Rosada, durante el fin de semana no se abordará el tema y recién la semana próxima habrá novedades al respecto, pese a la presión de la Vicepresidenta.

En ese decreto el Ejecutivo deberá fundamentar las razones por las que se impulsa a Figueroa en Casación pese a que cumplió 75 años el 9 de agosto de este año, la edad límite que establece la Constitución Nacional para ejercer como magistrada.

No será la primera vez que, de hacerlo, el jefe de Estado firme el decreto nombrando a un juez que busca mantenerse en su cargo después de los 75 años. El viceministro de Justicia Juan Martín Mena recordó los antecedentes, también durante esta gestión presidencial, de jueces que fueron nombrados después de cumplir esa edad, al reclamar que se mantuviera a Figueroa hasta el final del año parlamentario.

Citó los casos de Silvia Mora, al frente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 10, por decreto del 12 de febrero de 2021; el de Juan Carlos Bonzón, como vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Sala A, el 2 de septiembre de ese mismo año; y el de Luis Imas, como juez en la Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, el 17 de febrero, también en 2021.

Mora renunció en febrero de 2023 y Bonzón hace dos semanas. El único que continúa en su cargo es Imas, caso en donde Casación, por vía de superintendencia, justificó su permanencia en el cargo porque el Senado estaba deliberando. El decreto salió incluso en febrero del año siguiente, después de que terminó el año parlamentario en que cumplió los 75.

En ninguna de esas oportunidades hubo una remisión directa por parte de Casación a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para informar los 75 años cumplidos, como sí ocurrió con la presidenta del Tribunal Ana Figueroa, que siguió asistiendo a su despacho pero no firmó fallos o resoluciones administrativas, lo cual generaba tensiones e internas en el propio seno del máximo tribunal penal.

El 6 de septiembre pasado, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución que declaró que Figueroa había dejado de ser jueza el día de sus 75 años.

El artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 4, indica que, entre las atribuciones del presidente, está nombrar a los jueces -que no vayan a integrar la Corte Suprema- “en base a una propuesta vinculante en terna del consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”. Y agrega que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.

La Corte Suprema, en base a lo expresado por la Carta Magna, subrayó entonces: “Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”.

Figueroa tuvo que dejar su despacho días después. El pliego para que continúe en su cargo recién se pudo tratar en el Senado, con el respaldo de Cristina Kirchner, y tensó aún más la relación del Gobierno nacional con el Poder Judicial y en especial con la Corte Suprema 49 días después. Nadie se atreve a pronosticar cómo terminará esta historia después que se firme el decreto de Alberto Fernández.