A un año del cambio de Gobierno, la Casa Rosada y el Congreso padecen una crisis política que se profundizará durante la campaña presidencial

El Presidente, la Vicepresidente y cada integrante del Gabinete Nacional ya están preocupados por su futuro político, cuando falta un año para la asunción del nuevo Gobierno y la incertidumbre electoral condiciona los movimientos de los principales protagonistas del Frente de Todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y los 19 ministros - contado Juan Manzur- planifican sus propios movimientos partidarios, mientras la gestión languidece con actos protocolares que suceden sin pena ni gloria.

Ya no es un secreto de Estado que Alberto Fernández y CFK apenas se hablan y tienen proyectos diferentes para los comicios generales de 2023. El Presidente desea su reelección, la vicepresidente anunció su ausencia en la próxima contienda electoral, y los dos juntan sus propias fuerzas para definir el futuro del Frente de Todos.

La ausencia de un sólo proyecto en el vértice de poder causó una estampida entre los ministros del Gobierno. Cada uno atiende su juego y se limita a cumplir las órdenes formales que no impliquen alineamiento con las dos fuerzas en pugna. En los distritos de conurbano y en las provincias peronistas, Alberto Fernández y Cristina no suman votos para preservar el territorio.

La anomia política en el Gobierno que provoca la inexistencia de un proyecto único para los comicios de 2023 se agrava con los planes personales de las principales ministros que actúan en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, tienen agenda propia y cumplen con la burocracia para evitar males mayores.

Manzur cuenta las horas para regresar a Tucumán como gobernador y hacer campaña para convertirse en vicegobernador electo a mediados de mayo de 2023. El jefe de Gabinete sólo tiene una relación formal con Alberto Fernández, y no descarta su nominación como candidato a Presidente si puede juntar una alicuota del peronismo.

“Wado” de Pedro también pretende suceder a Alberto Fernández y una parte de su agenda cotidiana se enfoca en cumplir ese sueño político personal. El ministro del Interior tiene poco diálogo con el jefe de Estado y aguarda que Cristina -su líder natural- lo señale como el candidato a presidente de La Cámpora y aliados afines.

La ruptura entre Alberto Fernández y CFK, sumado a los proyectos personalísimos de Manzur y De Pedro, convirtieron la agenda del Gabinete en un cuento inconcluso de Julio Cortázar. Como los principales referentes del Gobierno no tienen una idéntica hoja de ruta, los ministros con menor peso político ejecutan un cronograma de trabajo que les permite evitar la línea de fuego.

El miércoles siete de diciembre, Jorge Taiana instaló un banco rojo en el Ministerio de Defensa para repudiar la violencia contra las mujeres. Taiana es un cuadro político y conoce qué sucede en Balcarce 50. Por eso, prefiere instalar un banco rojo a quedar en medio de la crisis institucional que protagonizan Alberto Fernández y la vicepresidente.

El ministro de Defensa organizó viajes alrededor del mundo para definir la compra de armamento moderno para el país y envió ciertos pliegos de ascenso de militares que tenían el aval del presidente. Alberto Fernández suspendió la modernización de las Fuerzas Armadas y CFK ordenó a los senadores oficialistas que congelaran los ascensos.

El caso político del ministro Taiana se repite en otros ministerios. Y la respuesta a ese cuadro de situación es la supervivencia. Los ministros protagonizan agendas que no impliquen críticas en Gobierno o el Senado, y su voluntad política está centrada en mantener su espacio de poder si el Frente de Todos se convierte en pasado.

La crisis en Balcarce 50 replica en el Congreso. La agenda parlamentaria depende de los acuerdos políticos que deberían negociar el Frente de Todos con Juntos por el Cambio, pero las conversaciones entre el oficialismo y la oposición están congeladas sine die.

La última sesión en Diputados terminó en un escándalo, la bancada oficialista utiliza la condena a Cristina como una garrote político para castigar a la oposición y Alberto Fernández duda en convocar a sesiones extraordinarias porque asume que es casi imposible acordar una agenda común con Juntos por el Cambio.

El tiempo electoral juega en contra. Como la mayoría de los comicios provinciales se van a alejar de la elección presidencial, los diputados que intenten repetir su mandato o defienden sus bastiones optarán por permanecer en sus territorios antes que sesionar a mitad de semana.

En esta coyuntura sin agenda compartida, los diputados del oficialismo y la oposición creen que es una perdida de tiempo concurrir a la Cámara Baja. Este cálculo electoral, en una sociedad que cuestiona las instituciones básicas del sistema, consolida el deterioro de la representación democrática de la clase política.

En el Senado, la situación no varía. Cristina maneja a la bancada oficialista que se caracteriza por rechazar iniciativas del Presidente -que es de su propia coalición- y soslayar la mayoría de las propuestas de la oposición. La Cámara Alta también tendrá pocas sesiones en 2023: los senadores se quedarán en las provincias para proteger sus espacios de poder territorial.

La ausencia de un proyecto común en la Casa Rosada y la anomia institucional en el Congreso complican ciertas iniciativas que se construyeron con mucho esfuerzo personal y en tiempo record. Sergio Massa logró firmar con la Secretaria del Tesoro un acuerdo (FACTA) para detectar cuentas sin declarar de argentinos en Estados Unidos.

Pero ese acuerdo bilateral requiere de una ley de blanqueo que debería tratar la Cámara baja antes de fin de año, una necesidad legal que será imposible de lograr en lo que queda de diciembre. En 14 días hábiles, Alberto Fernández y su ministro de Economía no podrán ordenar la interna de Diputados y conseguir media sanción a un proyecto que complementa el acuerdo negociado entre el Palacio de Hacienda y la Secretaria del Tesoro.

La crisis institucional que acorrala a Balcarce 50 y al Parlamento se profundizará con las semanas. El calendario electoral condicionará la actividad de los principales actores del gobierno y dejará en blanco la agenda en Diputados y el Senado. Es posible que haya un cambio de ciclo, y la clase política odia las sorpresas.

En el primer trimestre de 2023, sólo habrá una actividad oficial que conectará a la Casa Rosada con el Congreso: la apertura de la última asamblea legislativa de Alberto Fernández. Este hecho institucional ocurrirá el primero de marzo, y será el escenario perfecto para conocer el estado del Gobierno y la estrategia de la oposición a escasos meses de las elecciones presidenciales.