La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó el procesamiento y la prisión domiciliaria de las mujeres mapuches que fueron detenidas el 4 de octubre pasado en Villa Mascardi, durante un operativo de desalojo que dispuso la jueza subrogante Silvina Domínguez.
Los jueces que la integran, Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, ratificaron la prisión domiciliaria de las mujeres y rechazaron los recursos presentados por la defensa bajo el argumento de que su liberación podría entorpecer el avance de la causa. Además confirmó el procesamiento de las personas que siguen prófugas.
A principios de octubre, siete mujeres mapuches -la mayoría integrantes de la agrupación Lafken Winkul Mapu- fueron detenidas durante un desalojo que llevaron adelante efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) como parte de un Comando Unificado conformado por el Ministerio de Seguridad de la Nación con ese objetivo.
Durante la diligencia y antes de darse a la fuga, los hombres que forman parte de la misma comunidad agredieron con piedras y otros elementos a los uniformados. Luego se escabulleron por el bosque y todavía permanecen en la clandestinidad.
Las mujeres, de acuerdo al informe de la jueza Domínguez, contribuyeron para que los varones logren darse a la fuga. Es que, además de convivir en tierras usurpadas y coincidir en la conformación de la comunidad mapuche, varias de ellas mantienen vínculos conyugales e hijos en común con los prófugos.
El 25 de octubre pasado, la jueza procesó a Betiana Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz. Las cuatro permanecen privadas de su libertad aunque gozan del beneficio de reclusión domiciliaria por ser madres de niños pequeños.
En esa misma resolución, la magistrada liberó a Florencia Melo y Débora Vera, quienes junto a Andrea Despo -que había sido liberada días antes- fueron sobreseídas.
Domínguez además procesó a otra mujer -Yéssica Fernanda Bonnefoi- y a los hombres cuya pertenencia a la comunidad mapuche está acreditada, aunque todos siguen prófugos: Matías Santana, Cristian Colhuan y su hermano Juan Pablo.
Otro de los argumentos que esgrimió la Cámara para rechazar la excarcelación es la recurrente violación de las normas judiciales. Mencionó que las mujeres, en 2017, tenían prohibido ingresar al predio que habían usurpado en Villa Mascardi aunque ahora, en el último allanamiento, se comprobó que desatendieron la manda e ingresaron nuevamente a las tierras en conflicto.
Mencionó además la actitud beligerante de las mujeres al ser detenidas, una de las cuales incluso agredió a la Defensora de Menores al arrojarle una naranja que impactó en el rostro de la funcionaria.
La Cámara Federal de General Roca confirmó, además, la acumulación de las causas que tramita el Juzgado Federal, tal como lo había dispuesto Domínguez.
Juicio por usurpaciones de Villa Mascardi
La causa inicial de las usurpaciones en Villa Mascardi ya tiene fecha de juicio y será el próximo 12 de diciembre.
Se trata de la causa madre de las usurpaciones, cuando los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu irrumpieron en un predio de Parques Nacionales, en 2017, y desde allí iniciaron la avanzada hacia otras propiedades linderas, tanto públicas como privadas.
Hay diez integrantes del grupo que están implicados en esa causa. María Nahuel, sus hijos Juan Pablo Colhuan, Cristian Colhuan, Betiana Colhuan y Johana Colhuan, sus nueras Jessica Fernanda Bonnefoi, Luciana Martha Jaramillo y Romina Rosas, y Mayra Ayelén Tapia y Gonzalo Coña están imputados en la denominada “causa madre” de las usurpaciones en Villa Mascardi porque a partir de ese hecho, se extendieron hacia los lotes contiguos.
De acuerdo a la teoría de la fiscalía, esos miembros de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu usurparon en noviembre de 2017 esas tierras y se mantuvieron allí hasta la mañana del 4 de octubre pasado, cuando fuerzas federales los desalojaron por orden de la jueza Silvina Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche.
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