En una votación dividida, la Cámara Federal sobreseyó a dos prefectos que participaron en el operativo de detención del ex vicepresidente Amado Boudou el 3 de noviembre de 2017 en su casa de Puerto Madero. A ellos los habían acusado por la filtración de las fotos de aquel procedimiento. Pero los agentes señalaron que ellos no habían sido responsables de aquella difusión.
“Me usaron como un trofeo de caza”, llegó a decir Boudou dos semanas después de aquella detención ordenada por el juez Ariel Lijo, en el marco de una causa en donde se investiga su patrimonio. “No hubo ninguna filtración, esto fue una cuestión armada, cuando llegaron a mi casa estaban filmando desde el momento que entraron, y yo les dije ‘no hace falta que filmen, yo soy Boudou”. Pero me respondieron: ‘No, es una orden’”, dijo el ex vicepresidente.
La justicia abrió una causa por la difusión mediática de aquellas fotos que llegaron en segundos a distintos medios. Con el impulso de la fiscal Paloma Ochoa, el juez Sebastián Ramos investigó a quienes participaron de aquel procedimiento. Hace unas semanas, el magistrado concluyó que no había elementos para responsabilizar a los prefectos Gabriel Alejando Montes y David Sebastián Fernández, que participaron de ese operativo, por el material que se filtró.
Al declarar, los imputados afirmaron que cumplieron con la tarea de detención que les habían encomendado y que por el rango que detentaban no podían ordenar y/o dirigir de qué manera se llevaría adelante la medida. Solo tenían que cumplir órdenes que hasta ese momento no tenían nada fuera de lo común.
Fernández fue el que tomó las fotografías, según declaró. “Hasta ese momento no tenían nada fuera de lo común en relación a cualquier otro procedimiento, a excepción de la figura pública que iban a detener”, explicaron los acusados.
“Ambos prefectos habrían intervenido formalmente en el procedimiento reseñado supra, pero limitándose a ejercer la función pública que se les encomendó. La posterior difusión de las imágenes que se comentaron al comienzo sería, por tanto, ajena a su obrar. Esa lectura del caso encontró respaldo en la prueba colectada hasta el momento, y también en los descargos de los otros dos prefectos que intervinieron en el operativo, conforme el cual Montes y Fernández no tuvieron -ni pudieron tener- injerencia en el hecho que se les imputó, porque su función no tenía relación con la obtención -ni mucho menos con la administración- de los datos aludidos en la denuncia.”, sostuvo el fallo.
La fiscal Ochoa apeló y dijo que faltaban medidas de prueba para esclarecer el circuito que tuvieron esas fotos. El caso llegó a la Cámara Federal porteña.
Allí los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah coincidieron en que la fiscalía “no aportó elementos novedosos que lleven a revertir el cuadro conclusivo”. El fallo señala que “si bien la fiscalía alegó que el sobreseimiento sería prematuro, no se aprecia que las medidas remarcadas en su recurso -orientadas a establecer la identidad del sujeto que habría difundido las imágenes- sean pertinentes para evaluar la situación de estas dos personas.
En minoría, el juez Roberto Boico se inclinó por avalar la postura del Ministerio Público. “Dada la gravedad del delito objeto procesal del sumario deben extremarse los recaudos de verificación previo a cualquier decisión de mérito. No puede ignorarse que aquí se están juzgado tópicos constitucionales de primer orden”, resaltó.
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