La empresa Emtrasur apeló hoy la decisión del juez federal Federico Villena de incautar el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. La firma venezolana se presentó en el expediente a través de un abogado argentino, contratado especialmente para manejar la situación de la aeronave.
El jueves pasado, el juez Villena hizo lugar a un pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar el avión iraní-venezolano. El magistrado también ordenó el registro de la aeronave para secuestrar una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que tramita en su juzgado. Ese procedimiento, con la participación del FBI, se realizó ese mismo jueves por la noche.
El pedido colaboración fue enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pasó por el Ministerio de Justicia argentino y aterrizó en el juzgado federal de Lomas de Zamora el 3 de agosto. Ese documento tiene tiene tres puntos centrales: 1) Incautación/retención del Boeing, 2) Entrega de la orden de incautación, y 3) Cateo del Boeing. El “cateo” se interpretó como un registro del avión.
A partir de la resolución de Villena, el Boeing 747-300 quedó a disposición del juzgado federal de Lomas de Zamora y del Tribunal Federal del Distrito de Columbia en la causa identificada como CRM182 84488.
En la justicia argentina todavía hay un incidente abierto, que tramita en forma paralela al expediente principal, donde sigue vigente una medida cautelar para mantener inmovilizado el avión.
Por ahora, la aeronave seguirá en el aeropuerto de Ezeiza. La incautación apunta a resguardar el avión mientras la Justicia de Estados Unidos pueda obtener una orden de decomiso definitiva.
La decisión de la justicia argentina provocó en los últimos días una cadena de declaraciones públicas de los gobiernos de Irán y Venezuela. En ese contexto, el diputado Gerardo Milman pidió hoy que se realice una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar varios pedidos de informe sobre la aeronave.
“Queda claro que hay una intención de la Justicia, que muchos la padecen y que es una operación del adversario del ‘campo popular’“, sostuvo en una entrevista con la AM 750. Y se quejó que los 19 tripulantes de la aeronave sigan en el país “sin que aparentemente haya algo para reprocharles”.
Sin embargo, Villena determinó que hay indicios concretos para retener a cinco de los tripulantes: el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José Garcia Contreras. El juez también retuvo a otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, hasta que se terminen las traducciones de las pericias de los teléfonos.
Ese fallo fue apelado por la fiscal Cecilia Incardona y por el abogado defensor de los tripulantes Hernán Carluccio, y terminó en la Sala 3 de la Cámara Federal de La Plata.
Incardona apeló argumentando que todavía hay medidas de prueba pendientes que podrían cambiar la situación de los tripulantes. Ese dictamen, sin embargo, lleva la firma del fiscal Sergio Mola, el otro fiscal de Lomas de Zamora que está colaborando con Diego Luciani en el juicio de la obra pública, porque Incardona estaba de licencia.
Por su apelación, lncardona recibió duros cuestionamientos del presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, quien la trató de “ladrona” y dijo que “el mismo día que firmó el adefesio ese (por la apelación) visitó la embajada de Estados Unidos” y la de Israel. Según pudo saber Infobae, esas visitas nunca ocurrieron.
La Sala 3 de la Cámara Federal de La Plata, superior directo de Villena, también deberá definir la situación del avión luego de la apelación de Emtrasur.
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