El juez federal Federico Villena realizó este jueves por la noche una inspección ocular en el avión venezolano-iraní que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza. El procedimiento incluyó la orden de retirar la caja negra, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
“La caja negra se va a analizar, puede grabar hasta 120 minutos y será útil para escuchar los últimos diálogos dentro de la cabina”, dijo un experto. La orden judicial también busca determinar “si hay evidencias que se apagó el “transponder”, un sistema que transmite información de la aeronave y su altitud.
Las autoridades aeronáuticas habían desmentido que el avión voló con el transponder apagado. “Se ve en flight radar 24 poniendo la matrícula que están todos los recorridos. Y de todas maneras si eso sucediera se activarían todos los protocolos para buscar en caso de que no aparezca en los radares de acá, que es otro sistema al transporte y EANA siempre vio al avión en sus sistemas”, expresaron fuentes del Ministerio de Transporte.
El procedimiento en el avión se había suspendido el miércoles porque se filtró en los medios. El juez volvió a activarlo este jueves por la tarde y mandó a personal del juzgado federal de Lomas de Zamora junto con efectivos de la PFA. También participó personal de la empresa Boeing, que son los únicos autorizados para manipular la caja negra.
La PSA no intervino porque es una de las fuerzas de seguridad investigadas en la causa.
El juez Villena intervino recién el sábado a la mañana a partir de un habeas corpus presentado por el abogado Rafael Resnick Brenner, que luego se corrió de la investigación. El lunes, la fiscal Cecilia Incardona impulsó una investigación donde se acumularon al menos tres denuncias.
Ahora esa causa está bajo secreto de sumario. Sin embargo, en las últimas 48 horas se ordenaron unas 30 medidas de prueba, pudo saber este medio. Una de esas medidas es la inspección del avión, pero esta vez con presencia de autoridades judiciales.
La Justicia investiga por estas horas los antecedentes de todos los tripulantes y las condiciones del avión. “Todavía no hay ningún informe concluyente sobre los iraníes”, destacó una fuente de la investigación. Y agregó: “Una de las hipótesis es que vinieron a realizar tareas de inteligencia, no es la única, pero hasta ahora no hay elementos para hablar de una operación terrorista”.
Entre otras medidas, el juez envió varios exhortos y ordenó peritar los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes en el Hotel Plaza Central Canning de Ezeiza. “Algunos aparatos se entregaron a la Policía de la Ciudad y otros a la Policía Federal”, detalló una fuente judicial.
En el avión de Emtrasur viajaron 5 iraníes y 14 venezolanos. Todos están imputados en la causa judicial, pero todavía no declararon en la Justicia.
El único que se presentó en el juzgado, a través de un escrito, es Victor Pérez Gómez, gerente general de Operaciones de Emtrasur, dueña del Boeing 747- 3B3, matrícula YV3531, y uno de los tripulantes del avión. En esa denuncia, adelantada por Infobae, confirma que la carga del avión fue revisada al menos dos veces: el lunes 6 de junio, apenas aterrizó el avión en el aeropuerto de Ezeiza, y nuevamente el miércoles 8, luego del intento fallido de cargar combustible en Uruguay. También cuestiona la requisa “exhaustiva” adentro del avión, el viernes 10, con más de 60 efectivos de la PSA y perros especializados para detectar explosivos y drogas.
En su presentación, Pérez Gómez acompañó el contrato de compraventa del avión entre Lance Tech General Trading y Conviasa, y un contrato con la empresa Alcux Air Spain, revelado por este medio. Ese último documento estipulaba un vuelo para el 2 de junio desde México y un costo de USD 600 mil por el traslado. Efectivamente, el viaje se retrasó dos días porque el avión no contaba con la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil de México.
Hasta este jueves por la tarde en el expediente no había presentaciones de la embajada de Venezuela ni de Irán.
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