La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió ser sobreseída en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, la investigación por la que fue condenado el año pasado el empresario santacruceño Lázaro Báez y sus hijos. La presentación se hizo días atrás ante el juez federal Sebastián Casanello y el magistrado giró a las partes el planteo para que dieran su opinión. La UIF y la AFIP, querellantes en el proceso, respondieron que ellos no tienen medidas de prueba pendientes. Ahora tiene que opinar el fiscal del caso, Guillermo Marijuan.
En esa causa, la ex presidenta tiene una falta de mérito dictada por el juez Casanello, quien la llamó a declaración indagatoria a instancias de la Cámara Federal en 2018, cuando la entonces ex jefa de Estado desfilaba por Comodoro Py y nada hacía sospechar su regreso al Ejecutivo acompañando a Alberto Fernández.
En aquel momento, la entonces ex mandataria rechazó las acusaciones en un escrito y se refirió al “lawfare”, lo que describió como la persecución judicial a los líderes de la región por razones políticas, luego de sumarse a selfies tomadas por empleados y abogados de tribunales. “Al fin nos conocemos ”, le dijo al juez la hoy Vicepresidenta, en clara alusión a las versiones que tuvo que enfrentar el juez sobre supuestas visitas a la residencia de Olivos cuando CFK aún gobernaba y que derivaron en la condena de quien las había hecho correr.
En noviembre de 2018, Casanello resolvió la situación procesal con una falta de mérito: un estadio en donde no hay pruebas ni para procesar ni para sobreseer. “Los dichos de Leonardo Fariña son contundentes y opuestos: Lázaro se percibía a sí mismo como único dueño de esa fortuna y actuaba en consecuencia”, advirtió el juez en ese momento.
Las querellas -entonces en manos del macrismo- apelaron pidiendo el procesamiento. Pero la Cámara Federal, a cargo de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ratificaron el criterio y le dijeron a Casanello que profundizara la investigación. En septiembre ultimo, al resolver la situación de un presunto testaferro de Báez, los jueces Llorens y Eduardo Farah llamaron a apurar una definición en la causa, citando un artículo del Código Procesal Penal que busca poner fin a la instrucción que nació en 2013.
Por esta causa, el año pasado, Lázaro Baéz fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. Por mayoría, el TOF 4 sostuvo que la fortuna que amasó el empresario provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, donde Báez está siendo enjuiciado junto la vicepresidenta Cristina Kirchner. La revisión de la condena a Lázaro y el resto está en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que citó a una audiencia para fines de mayo próximo.
En ese contexto, hace dos semanas, la defensa de la vicepresidenta se presentó en el juzgado de Casanello por entender que la investigación estaba completa, que no se habían encontrado pruebas para seguir incriminándola en la causa y que correspondía el dictado de su sobreseimiento. Hicieron hincapié en el fallo de la Cámara Federal que apuraba una definición sobre la situación procesal de la ex mandataria. Entonces el juez giró a las partes el pedido para que opinaran sobre el tema.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que las querellas entendieron que la instrucción estaba agotada con las pruebas obtenidas hasta ahora, por lo que dejaron su aval tácito para acompañar el pedido de la ex jefa de Estado sobre una definición procesal . “Oportunamente se aportó toda la información. El juez es quien tiene que resolver”, dijeron a este medio voceros de la UIF. Desde la AFIP también señalaron que para ese organismo no hay medidas de prueba solicitadas en curso.
Ahora, el turno será el fiscal Marijuan de pronunciarse sobre el pedido de CFK para dar por concluida la investigación en su contra. En octubre último, el fiscal había rechazado un planteo de sobreseimiento de CFK al entender que la investigación no estaba cerrada. En aquel momento las querellas de la AFIP y la UIF se manifestaron a favor de cerrar la etapa de instrucción. El juez Casanello coincidió en que aún quedaban medidas de prueba, entre ellas el análisis de material solicitado en la causa de los “cuadernos”.
Sólo Cristina Kirchner y Juan Pedro Damiani Sobrero (el ex presidente de Peñarol de Uruguay) quedan ligados a esta causa en instrucción, con faltas de mérito. Hasta el mes pasado, estaba también involucrado Antonio Demarco, actual representante por la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), acusado de ser uno de los intermediarios en la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, una causa que ya fue elevada a juicio oral. Casanello había decidido seguir investigándolo pero en marzo pasado la Cámara Federal lo sobreseyó por entender que no había suficientes pruebas en su contra.
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