Pasadas las 14.20, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a la sesión en la que se tratará el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de USD 44 mil millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.
El gran ausente a la hora de dar el quórum fue el diputado Máximo Kirchner, quien una hora después de iniciado el debate todavía no ocupó su banca. La silla vacía continúa alimentando las especulaciones sobre la forma en que votará el referente de La Cámpora y la veintena de legisladores cercanos a él. Hubo otros siete legisladores del Frente de Todos que no bajaron para dar quórum.
Sin embargo, la secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos, Paula Penacca, también referente de La Cámpora, sí se presentó a dar el quórum. Lo mismo hicieron el camporista Marcos Cleri y los tres diputados de Patria Grande (Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho), el espacio liderado por Juan Grabois que ayer adelantó en conferencia de prensa que no acompañará el proyecto oficialista.
Otros diputados que manifestaron públicamente sus dudas y críticas al acuerdo que sí aportaron al quórum del oficialismo fueron Hugo Yasky, Leopoldo Moreau y Sergio Palazzo.
Entrada la tarde, en los pasillos del Congreso se multiplicaban las versiones sobre la posición que asumirá el kirchnerismo duro, ya que podría simplemente abstenerse o directamente votar en contra. La última alternativa -menos probable- representaría un duro golpe a la unidad del Frente de Todos y a la gobernabilidad de Alberto Fernández de cara a los próximos dos años. También se especulaba con el discurso de Máximo Kirchner. Desde la oposición minimizaron las posibilidades de que se repita lo ocurrido durante el tratamiento del Presupuesto 2022, cuando la oposición se retiró ante los ataques del entonces jefe de bloque oficialista. Sin embargo, aclararon que tampoco tolerarían que “diga cualquier cosa”.
El primero en tomar la palabra en el recinto fue Carlos Heller, miembro informante y presidente de la comisión de Presupuesto. El ex bancario, que había declarado que el acuerdo había que votarlo “con la naríz tapada”, comenzó señalando que “el FMI no se volvió bueno” sino que no exigió reformas estructurales gracias a la “buena negociación” del Gobierno.
“Este es un programa que tiene condicionamientos que no nos gustan, y hemos intentado quitar la mayor cantidad que pudimos, pero algunos no se puede”, reconoció.
Con una larga lista de oradores, las autoridades de la Cámara estimaron que la votación se llevará a cabo cerca de la 1 de la madrugada.
Casi en simultáneo al inicio del debate, en las afueras del Congreso hubo quema de gomas y un ataque a pedradas a las ventanas del edificio. Por fuera de los incidentes, miles de manifestantes se habían congregado desde las 9 de la mañana en distintos puntos. Desde la 9 de Julio, por Avenida de Mayo, se pudo ver el ingreso de más columnas. Fuentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) le confirmaron a Infobae que permanecerán en el lugar hasta que finalice el recuento de votos.
Ayer, tras una larga jornada de negociaciones, el oficialismo acordó con la oposición una nueva redacción del proyecto para sumar su apoyo. Tanto Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal terminaron firmando un único dictamen junto con el Frente de Todos.
Para cerrar el acuerdo, Massa y Germán Martínez, jefe del bloque, accedieron a evitar todas las referencias al programa económico que negoció el ministro Martín Guzmán. El proyecto quedó redactado con un solo artículo (más dos de forma) que habilitan al Poder Ejecutivo a firmar un programa de facilidades extendidas en los términos del artículo 2 de la Ley N° 27.612.
Además, los anexos que contenían el programa económico y las metas negociadas con el staff del FMI quedaron excluidos del proyecto. Esa había sido la principal objeción de la oposición desde el anunció del acuerdo. Planteaban que no correspondía al Congreso -y a la oposición- aprobar un programa económico que debe implementar un gobierno. Su objetivo era que el Frente de Todos no los arrastre a apoyar políticas económicas con las que no están de acuerdo.
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