Un grupo de organizaciones de la sociedad civil le presentó este martes una carta al presidente Alberto Fernández en el que manifestaron su preocupación por la demora del Poder Ejecutivo en enviar al Senado el pliego de una jueza mujer para cubrir la vacante en la Corte Suprema.
El texto fue firmado por Amnistía Internacional, Abofem Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano y GQUA.
“Resulta en una grave afectación a los derechos del conjunto de las mujeres del país el hecho de que el órgano de justicia de mayor jerarquía carezca de representación femenina”, plantearon las organizaciones.
Y señalaron: “Esta situación resulta violatoria de los compromisos internacionales que nuestro país tiene en materia de igualdad de género y de derechos humanos, bajo los cuales el Estado debe promover medidas para impulsar la paridad en los cargos públicos”.
Las organizaciones civiles destacaron la importancia de que la candidata para convertirse en jueza de la Corte Suprema reúna idoneidad técnico-jurídica, independencia de criterio y autonomía respecto de la influencia de los poderes políticos y de distintos grupos de interés.
“En particular, la candidata debe demostrar desempeño profesional y académico con perspectiva de género, es decir, consciente de la influencia que la diferencia en los roles, funciones y atributos asignados en una sociedad determinada a las personas en razón de su género ha tenido y tiene en la desigualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y en el ejercicio de derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+”, remarcaron.
Asimismo, plantearon que resulta fundamental que la aspirante demuestre un compromiso probado con el Estado de derecho, los valores democráticos, los derechos humanos, el principio de no-discriminación y con los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad.
Por último, pidieron al gobierno nacional que junto con la publicación del pliego se abra un “proceso participativo que tenga como objetivo asegurar el mayor consenso social en torno a la candidata que será remitida al Senado”.
La jueza Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema el 1 de noviembre del año pasado, y Alberto Fernández debió haber nominado a su sucesora antes que venciera el plazo legal del decreto que en 2003 firmó junto a Néstor Kirchner.
“Establécese que, producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, durante TRES (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia”, fija el decreto 222 en su artículo 4, reglamentando el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.
Cabe destacar que un candidato a la Corte Suprema necesita los dos tercios de los miembros presentes del Senado. Hasta el momento la Casa Rosada no tiene definida una candidata que alcance ese alto nivel de consenso con la oposición.
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