Luego de una espectacular puesta en escena, con caravanas, militantes, dirigentes y ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri no pudo declarar ante el juez Martín Bava por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan porque la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reconoció, en un legajo reservado y restringido a las partes, que el organismo no tenía entidad suficiente para relevarlo del secreto de Estado a un ex jefe de la Nación.
Nadie se había percatado de esta situación y el ex presidente se retiró de Dolores sin emitir una palabra ante el magistrado y logró así aplazar su indagatoria. Por eso, rápidamente el juzgado tomó cartas en el asunto y como es Alberto Fernández quien debía relevar a Macri del secreto de Estado por la Ley de Inteligencia, el pedido para que esto sucediera tuvo que ingresar a Casa Rosada, pudo saber Infobae.
El Presidente lo firmó por la tarde y a primera hora de este viernes ya figura en el Boletín Oficial.
De esta forma Martín Bava tiene despejado cualquier inconveniente para que se pueda efectuar la indagatoria, el principal acto de defensa de cualquier ciudadano en un proceso penal. El decreto solo tiene impacto en la causa en la que se investiga a Macri por presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
El decreto detalla: “El Presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1° Relévase al ingeniero Mauricio MACRI (D.N.I. N° 13.120.469) de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, en los términos de la Ley Nº 25.520 y en el marco de la causa Nº 8559/20 caratulada “IUSPA BENITEZ, NICOLAS Y OTROS s/AVERIGUACIÓN DE DELITO QUERELLANTE: MERELES, ANDREA ALEJANDRA Y OTROS” en la cual resulta imputado, y que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires”. El documento lleva las firmas digitales de Alberto Fernández, pero también de Juan Manzur, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y de Martín Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
El pedido que había hecho el tribunal lo trabajó de manera urgente la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, ya que se había decidido acelerar el trámite para que el jefe de Estado rubricara el decreto simple -no DNU- ayer antes de irse a Roma por la cumbre del G20. El apuro se debió a que si no se hacía antes de la noche del jueves, quien iba a tener que firmarlo era Cristina Kirchner que quedó a cargo del Ejecutivo.
Según pudo saber Infobae, el traspié en el trámite de la causa se debió a que la titular de la AFI, Cristina Caamaño respondió un oficio del juez Bava vinculado a la preservación del secretado de Estado sin notificar, previamente, a la Casa Rosada. Esa requisitoria fue hace tres semanas.
A pesar de esto, aún no hay fecha para que Macri vuelva a declarar y en su entorno y en la dirigencia de Juntos por el Cambio fue tomado como un día de victoria que ratificó lo que la oposición venía diciendo sobre esta indagatoria: “Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones; nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”, dijo a la salida del juzgado Pablo Lanusse, abogado del ex presidente.
Y agregó: “No hay fecha para la nueva indagatoria porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia. Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo”.
La causa
La de ayer hubiera sido la primera indagatoria de Mauricio Macri desde que dejó la presidencia. Martín Bava, a cargo del juzgado federal de Dolores, que lo encontró sospechoso de haber espiado a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que reclamaban buscar a sus seres queridos después de la desaparición de la nave hace cuatro años en las aguas del Mar Argentino.
A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. En total, son seis los hechos de ciberpatrullaje, fotografías y seguimientos que se le achacan al ex jefe de Gobierno porteño.
Según los fundamentos de Bava para considerar al ex mandatario sospechoso, esas diligencias sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.
Macri siempre rechazó las acusaciones, tanto en posteos en redes sociales como en entrevistas y durante el acto que encabezó en Dolores: “Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra”.
“Estoy acá porque siempre damos la cara, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras intenciones. Sabemos que si ellos creen que estos dos años de agresiones, esa obsesión permanente de mi persona, si creen que con eso van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Argentina tiene futuro, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y el 14 vamos a ratificarlo”, completó.
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