Una denuncia más. La comunidad Lafken Winkul Mapu, que desde 2017 ocupa tierras pertenecientes a Parques Nacionales y privados en Villa Mascardi, fue acusada por el vecino Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal del lugar y propietario de un complejo privado, de realizar una conexión clandestina de energía eléctrica para utilizar el suministro y alimentar de forma ilegal las edificaciones que construyeron desde que se instalaron en la zona.
A través de la grabación de un video, Frutos exhibió el avance de los “encapuchados” hacia su propiedad, denominada La Cristalina, donde conectaron un cable desde el pilar para abastecerse de energía eléctrica.
En diálogo con Infobae, Frutos confirmó la acusación y adelantó que esta semana radicará la denuncia correspondiente ante las autoridades de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), organismo que provee de dicho servicio a la ciudad cordillerana.
El cerco perimetral que separa el lote con la propiedad lindera fue derribado. “Estos delincuentes encapuchados pasaron por ahí y, desde el pilar de luz de mi propiedad, realizaron una conexión que va hasta la toma” denunció Frutos.
En el límite de los lotes dejaron un balde con piedras. “Es una amenaza, un anuncio de que no me meta con ellos porque volverán al ataque”, aseguró el vecino, quien meses atrás fue atacado brutalmente por integrantes de la comunidad cuando realizaban un corte de la ruta 40 y lo reconocieron.
El denunciante apuntó contra los ministros de Seguridad, Sabrina Frederic, y de Ambiente, Juan Cabandié, y el Secretario de Articulación Territorial, Gabriel Fucks. “¿Esta es la tregua de la que hablan? ¿Esta es la convivencia que plantean? Vengan a convivir ustedes con estos delincuentes”, dijo el dirigente vecinal.
Técnicos del proveedor de energía de la zona constataron la conexión que realizaron los autodenominados mapuches – su comunidad no está reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)- aunque le anticiparon que no tienen jurisdicción en el conflicto, ya que “están enganchados” en el interior del terreno, por lo que se trata de un asunto “entre privados”.
“Nadie me dijo que darles la luz era parte de la convivencia a la que hacen referencia las autoridades nacionales”, expresó Frutos. ¿”Qué pasa si se las corto? ¿Me van a agredir otra vez?”, se preguntó el vecino, uno de los principales opositores a la instalación de la comunidad en el lugar.
Desde noviembre de 2017 las denuncias contra los ocupas son innumerables. A las acusaciones por distintos episodios violentos, ataques vandálicos y con piedras, incendios y daños ambientes, se sumó un nuevo capítulo relacionado a la sustracción de energía.
El presidente de la Junta Vecinal denunció además que el Estado Nacional asiste de manera sistemática a la comunidad, con la provisión de víveres, herramientas y prendas de vestir. “Exigimos acción, no podemos seguir soportando declaraciones mediáticas en las que tratan de mostrar que todo está bien en Villa Mascardi”, concluyó.
El ataque
En marzo de este año, Frutos fue blanco de un acto intimidatorio por parte de los mapuches cuando se encontraba haciendo unas tareas de mantenimiento en el alambrado perimetral de su terreno.
“Fueron dos estruendos que me dejaron los oídos zumbado. Como para que te imagines, la Policía los escuchó estando a dos kilómetros de distancia. No sé sobre armas pero debe haber sido una potente”, contó en su momento el damnificado.
Frutos sostiene que lo hicieron para amedrentarlo, al igual que en otras ocasiones: “Quieren que abandone el lugar. Ellos fueron avanzando primero sobre propiedades fiscales y después privadas. A mi casa también la han incendiado. Es un desastre y pasa todos los días. Cada vez está peor”.