En su discurso de apertura del año legislativo en el Congreso, el presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar hoy a la Justicia y anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías que busca limitar el poder de la Corte Suprema. “El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”, aseguró el mandatario.
Y agregó: “Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”.
Según Alberto Fernández, el Tribunal Federal de Garantías tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, indicó.
Pero el cuestionamiento al funcionamiento de la Justicia no quedó allí. También le pidió al Congreso que cumpla un rol de control del Poder Judicial. “Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república”, aseguró el Presidente.
Al recinto de sesiones del Congreso acudieron, además de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el titular de Diputados, Sergio Massa, miembros del gabinete nacional y un puñado de senadores y diputados, mientras el resto, incluidos los integrantes de la Corte Suprema, siguió las instancias de manera virtual.
Así, durante su discurso, el mandatario enumeró “desvíos” en los que incurren los funcionarios judiciales como, entre otros, “los femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, las “excarcelaciones improcedentes” y “las detenciones preventivas innecesarias”. También incluyó dentro de las críticas el “per saltum que le asignó extrema gravedad” al traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la Justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, criticó Alberto Fernández.
Otro apartado tuvo como destinatario el fiscal Carlos Stornelli. “En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación”, señaló.
Además, le pidió al Senado que debata y apruebe la ley que reformula el funcionamiento del fuero federal, y que Diputados haga lo mismo con la reforma a la ley que reglamenta aspectos vinculados a la selección del titular del Ministerio Público. También anunció que el Gobierno propiciará el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal.
Otro punto que adelantó fue la reformulación del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, proyecto que elevará al Congreso: “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, aseguró.
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