A la espera de la definición por los traslados, Alberto Fernández invitará a la Corte Suprema a exponer en la comisión de juristas que piensa su reforma

El presidente Alberto Fernández activará esta semana la invitación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para proponerles que se sumen a opinar en la comisión de juristas que piensa su propia reforma. Así lo confirmaron a Infobae fuentes judiciales, que decidieron enviar las invitaciones en los próximos días, luego de ideas y vueltas que hacían pensar a los propios expertos convocados por el jefe de Estado en que ese convite a la Corte ya no se concretaría.

En los despachos oficiales explicaron a Infobae que la invitación se activará ahora porque, a partir del martes, el comité consultivo comenzará a abordar la problemática sobre la Corte Suprema, después de haber estado discutiendo durante dos meses sobre el Ministerio Público, el traspaso de la justicia penal nacional a la Capital Federal, la implementación del juicio por jurado y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, un área sobre el que todavía quedan puntos por hilvanar.

Más allá de las explicaciones formales, hasta hace unos días, los funcionarios de la Casa Rosada decían sobre esta invitación: “El Ejecutivo va a esperar, por obvias razones”. Es que el clima entre la Corte y el oficialismo no es el mejor después de que al Gobierno lo tomara por sorpresa la decisión del máximo tribunal de abrir el per saltum que motorizaron los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Ahora, falta la decisión final de la Corte que debe resolver si envía a sus lugares de origen a esos tres jueces -como impulsa el oficialismo- o si los deja en los cargos a los que habían sido traslados en los años del macrismo. Bruglia y Bertuzzi cumplían funciones, hasta ahora, en la Cámara Federal porteña, mientras que Castelli se desempeñaba en el Tribunal Oral Federal 7, que deberá juzgar a Cristina Kirchner por la causa de los cuadernos. Nadie sabe con certeza cómo se pronunciara la Corte ni cuándo, pero la decisión de abrir ese recurso -firmada por los cinco jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- ya implicó una derrota para el oficialismo.

El presidente dijo en una entrevista publicada este domingo con El Cohete a la Luna que no sabe cómo va a fallar la Corte en el caso de los jueces traslados, pero que está convencido de que esos pases no cumplen los criterios que la propia Corte fijó en 2018 para avalar esos traslados. También criticó el per saltum. Cuando le preguntaron cómo marchaba el consejo asesor y le deslizaron que allí había propuestas para “ampliación de la Corte”, Alberto Fernández contestó: “hay de todo".

Las palabras del jefe de Estado llegan cuando desde el propio oficialismo se buscó durante dos meses desmentir que la llamada “comisión Beraldi” (porque la integra Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner) buscara ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema. Precisamente la creación de este consejo de juristas, sin aviso previo a la Corte, fue uno de los puntos que más irritó al cuarto piso del Palacio de Justicia.

La semana pasada se dio aire a una versión sobre la idea de llenar la Corte Suprema de seis jueces nombrados en comisión, algo que el constitucionalista Andrés Gil Domínguez -integrante de la comisión- consideró lisa y llanamente “fake news”. Desde el oficialismo del Consejo de la Magistratura, otra de las áreas mencionadas en esa versión, también salieron a despegarse de esa posibilidad.

El Gobierno decidió poner el foco en el presidente del alto tribunal, Carlos Rosenkrantz. Las primeras críticas salieron, antes del per saltum, de boca del propio presidente, cuando lo cuestionó por la implementación de la ley Micaela en el Poder Judicial (un tiro que terminó hiriendo a la principal aliada del Gobierno en la Corte, Elena Highton de Nolasco, la única que había ido a la presentación de la reforma judicial en la Casa Rosada, rompiendo el aislamiento que se impuso por la pandemia).

Pero después Fernández fue más directo y se quejó abiertamente de que Rosenkrantz urgiera una determinación sobre la apertura del per saltum. “¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando?”, afirmó Alberto Fernández.

A eso se le sumó la ampliación del pedido de juicio político contra Rosenkrantz por parte de la diputada kirchnerista Vanesa Siley, que integra el Consejo de la Magistratura, al cuestionarlo por el fallo que habilitaba la aplicación del “2x1” a acusados por crímenes de lesa humanidad -dictado en 2017, y de la que el ala de Alberto Fernández eligió despegarse. Rosenkrantz, por su parte, contestó con una carta en la que se decía “blanco de una campaña de desprestigio”.

Apenas 48 horas después, se concretó el “plantón” de la ministra de Justicia Marcela Losardo y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla a Rosenkrantz, en la reunión virtual de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad. Esa “comisión interpoderes” no se reunía desde 2016 y la propia titular de Abuelas Estela Carlotto se había quejado de esas demoras en la comisión de juristas cuando la invitaron a exponer. Rosenkrantz giró la cita la semana pasada. Apenas horas antes del encuentro, el Gobierno, en sintonía con organismos de derechos humanos, dijo la convocatoria de Rosenkrantz era “oportunista” y no apareció.

De todas maneras, fue el diputado Leopoldo Moreau, un alfil del kircherismo, el que advirtió que el pedido de juicio político a Rosenkrantz podría hacerse extensivo al resto de la Corte. “Esta es una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”.

Según su descripción, “veo una Corte con dos señores que aceptaron ingresar por decreto (en alusión a Rozenkrantz y Rosatti). Elena Highton de Nolasco tiene vencido su mandato y a diferencia de (Raúl Eugenio) Zaffaroni que renunció y se fue, tiene un fallo a su favor... Lorenzetti ha tenido actitudes disruptivas permanentemente y se sacaba fotos con Moro (juez brasileño que investigó la corrupción en el gobierno). Y Maqueda, sobre quien tengo un gran respeto personal, está en una especie de zona de confort”

En este clima, el “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación” comenzará a partir del martes a debatir sobre el funcionamiento de la Corte Suprema. Y los ministros Rosenkrantz, Highton, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti serán invitados a exponer -así como habían sido invitados a la presentación de la comisión y, salvo la ministra de la Corte, el resto eligió la ausencia-.

Alberto Fernández les pidió que analicen cómo se selecciona a los integrantes del máximo tribunal -con criterios de diversidad de género y representación federal-; que evalúen en qué causa debe intervenir; los alcances del famoso “280”, un artículo que le permite a la Corte rechazar cualquier planteo sin tener que dar explicaciones; y la fijación de un límite de tiempo para pronunciarse en las causas penales.

“Estamos avanzando en el análisis de la reforma de la Corte Suprema -explicó en una entrevista este fin de semana el penalista León Arslanian, uno de los integrantes de la comisión-. Lo que ocurre es que la Corte no ha tenido, yo diría, en su historia jamás una reforma".

Según pudo saber Infobae, al menos tres de los integrantes de la comisión -Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Enrique Bacigalupo- ya elaboraron una serie de escritos haciendo un diagnóstico sobre el funcionamiento de la Corte y planteando sugerencias de cambios. Pero eso ahora eso servirá de plataforma para comenzar la discusión.

“La Corte no nos va a traer ninguna pelea, todos sabemos qué es lo que no funciona”, aseguran a Infobae en el seno del grupo. Tienen tiempo hasta el 18 de noviembre para elaborar el documento que le elevarán al presidente. De ahí en más, será decisión del jefe de Estado resolver qué hace con esas sugerencias.

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