La jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti rechazó este martes suspender la decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación para revisar los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Py, que son objetados por el gobierno nacional por la forma en la que llegaron a ese tribunal sin pasar por el Senado de la Nación. En la misma resolución, la magistrada le pidió al Consejo que presente un informe sobre la demanda que los camaristas iniciaron en su contra.
Los jueces de la Cámara, dos de los 10 traslados que el oficialismo cuestiona, presentaron un amparo en el que pidieron que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la decisión del Consejo de revisar sus traslados. Junto con eso, los magistrados requirieron una medida precautelar y otra cautelar que suspensa la decisión del Consejo mientras se analiza la causa. Señalaron que si se avanza con el trámite de revisión “existe el riesgo” que se vulneren derechos sobre los que no se pueda volver a atrás.
Pero el primer pedido fue rechazado hoy. “Que en lo que concierne a la medida interina que se solicita durante el plazo fijado al demandado para presentar su informe en los términos de la norma citada (ley 26.854), en atención al breve plazo que se otorga a la accionada para contestar el informe del art. 4 de ley 26.854 no se advierte que durante su transcurso pudiera provocarse un daño de dificultosa reparación ulterior, ni que pudiera ocurrir algún acto que no pueda ser suspendido a través del dictado de la cautelar pretendida, por lo cual no corresponde acceder a lo peticionado”, sostuvo Biotti en su resolución a la que accedió Infobae.
Por otra parte la jueza le dio tres y cinco días al Consejo de la Magistratura para que presente dos informes sobre la demanda que Bruglia y Bertuzzi presentaron contra la resolución 183 que el organismo tomó hace dos semanas. En esa resolución, que se aprobó por siete votos contra seis, el Consejo señaló que 10 traslados de jueces que se hicieron en su mayoría durante el gobierno de Mauricio Macri se hicieron con irregularidades.
Una vez que el Consejo presente los informes, Biotti deberá resolver el segundo pedido de los jueces -de medida cautelar- para suspender la vigencia de la decisión hasta que decida si es o no constitucional.
El Consejo consideró que esos 10 traslados se hicieron sin cumplir con todo el trámite que establece la Constitución Nacional para la designación de jueces. Le faltó pasar por el Senado de la Nación. El Consejo remitió los 10 casos al Poder Ejecutivo para que analice si comparte las objeciones y remite el caso a la cámara alta. El traslado es cuando un juez pasa de un tribunal a otro. En esos casos el Consejo también señaló que los cambios se hicieron para juzgados cuya temática era distinta del que el magistrado venía.
Bruglia y Bertuzzi ocupan lugares clave para la política. Por la Cámara Federal pasan las causas por corrupción de funcionarios públicos. Allí se definen las investigaciones, procesamientos y detenciones de los hombres y mujeres del poder político y económico. Llegaron a esos cargos en 2018 con el apoyo del macrismo y el rechazo del kirchnerismo. Otro de los jueces objetados es Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal 7 que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Castelli llevó su caso a la Organización de Naciones Unidas.
El resto de los jueces objetados por sus traslados son: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.
Los magistrados defienden el cambio de tribunal. Señalan que se hizo con la normativa vigente y que no requerían el acuerdo del Senado. Inclusive, alegan que en algunos casos hubo una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue específica para esas situaciones. También que con la concreción del traslado ya tienen derechos adquiridos que de la única forma que pueden ser revocados es con una sentencia judicial.
“En este carácter de jueces federales, la Constitución Nacional nos confiere las garantías de inamovilidad, estabilidad en nuestros cargos y la intangibilidad de nuestras remuneraciones”, señalaron Bruglia y Bertuzzi en el amparo que presentaron la semana pasada y que hoy su primera resolución con un rechazo para suspender la revisión que inició el Consejo.
Si el Poder Ejecutivo coincide con las objeciones del Consejo podrá mandar al Senado los 10 traslados para que sean aprobados o no. Allí el oficialismo cuenta con los votos para imponer su voluntad. Si no aprueba alguno de los traslados esos jueces deberán volver al tribunal en el que estaban antes.
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