
Los colaboradores más cercanos de Horacio Rodríguez Larreta volvieron a repetirlo en conversaciones privadas en los últimos días, en los pocos momentos en los que el coronavirus da alguna tregua, mientras la Ciudad de Buenos Aires empieza a atravesar el avance más feroz de la pandemia. “No se pone un ladrillo más en ninguna obra. El mantenimiento se hace, pero está al mínimo. No hay actividad cultural. A los contratistas no se les actualizan los contratos. Los salarios no se recortan, pero en los hechos se bajan”, admiten. El plan de gestión hacia el 2023, que incluía plantación de árboles, cámaras de seguridad y eliminación de barreras del ferrocarril, quedará para otro momento.
La crisis que tiene en particular vilo al área metropolitana acapara la atención sanitaria de las autoridades políticas. Pero como en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad la preocupación también tiene su propio correlato en los rubros social y económico.
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En abril, la caída de la recaudación porteña, impulsada especialmente por la baja en Ingresos Brutos -principal ingreso de la Ciudad-, fue de casi el 50%. En términos reales, el agujero fiscal fue del 47%, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda que encabeza Martín Mura.
Mura fue uno de los más férreos defensores de la ley de emergencia económica aprobada solo por los legisladores del oficialismo y sus aliados en los primeros días de mayo, y que lo faculta, con la obligación de rendir cuentas una vez al mes, a reasignar partidas frente a la crisis. El ministro intentó sostener hasta donde pudo la posibilidad de poder pagar salarios en forma escalonada si la crisis se agudizaba. Los reclamos del Frente de Todos, que al final no acompañó la el proyecto, borraron de un plumazo ese artículo.
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La parálisis de la actividad, más allá de la parcial reapertura comercial de las últimas tres semanas, impactó y aún lo hace en forma directa en las cuentas del Estado porteño. Los asesores económicos de Rodríguez Larreta proyectan para este mes una caída en la recaudación similar a la de abril: del 50%.
Según pudo saber Infobae, la tasa de morosidad de abril en el pago de ABL fue del 45%, un nivel altísimo. Y otra mora del 50% en patentes. Los números de mayo aún se terminan de procesar.
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¿Hasta cuándo se sostiene este nivel de actividad si se tiene en cuenta que la Ciudad recién empieza a escalar “la montaña” de contagios, como aseguró el ministro de Salud, Fernán Quirós? Si la Ciudad es el distrito más rico del país, ¿qué queda, por ejemplo, para los municipios del Gran Buenos Aires? En el interior, sin circulación del virus, el jefe de Estado subrayó en la conferencia del sábado que la actividad había empezado a revitalizarse, en algunos distritos incluso por encima del 80%. La pregunta es si alcanza.
“Fin de mayo, junio, estamos bien, habiendo hecho todos los esfuerzos necesarios. Si se mantienen estos niveles lo podemos sostener un par de meses más. Si persiste en el tiempo, no sabemos”, explican altas fuentes oficiales porteñas.
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En la Ciudad hay unos 140 mil comercios, según los registros. Cincuenta mil de ellos son esenciales y nunca cerraron. Sesenta mil no esenciales, en tanto, fueron exceptuados para empezar a reabrir mediante protocolos a partir del pasado 12 de mayo, y previa autorización de la Casa Rosada. El resto aún no sabe cuándo va a poder hacerlo. Pero en la última semana, y después del anuncio de extensión de la cuarentena del fin de semana, con restricciones concentradas en el AMBA, 10 mil de los que pudieron volver a levantar la persiana desde el 12 de mayo tuvieron que dar marcha atrás para evitar aglomeraciones de vecinos, según fuentes oficiales.
En la administración de la Ciudad aseguran que las idas y vueltas en torno al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por Alberto Fernández por primera vez el 20 de marzo son tan dinámicas como la evolución de los casos de COVID-19.
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No hay certezas sobre la posibilidad de volver a endurecer la cuarentena si los contagios aceleran su multiplicación, como parecieran proyectar las estadísticas. Pero es una opción que está sobre la mesa de crisis de la sede del gobierno en la calle Uspallata, en Barracas. “¿Cuánto se puede ir hacia atrás? No lo sabemos”, responden.
Sí admiten, sin embargo, que la habilitación a la salida de menores de las últimas semanas, que continúa vigente, y cierto relajo en los controles policiales que volvieron a endurecerse por estas horas fueron parte de una estrategia destinada a dar algo de respiro al encierro prolongado ante la posibilidad latente de tener que retroceder en el confinamiento.
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Pero además del rubro económico, los efectos del coronavirus también fueron devastadores en los sectores más vulnerables. Y nada hace presagiar que la situación mejore en el tiempo. Más bien lo contrario.

Según estimaciones oficiales del Gobierno porteño, la demanda de alimentos se triplicó en estos meses: de 102 mil personas que requerían asistencia se pasó a casi 300 mil.
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Es la demanda en la red de los más de 450 comedores que tienen convenio con la administración local, especialmente en los barrios populares. Allí se prepara, desde hace semanas, el cóctel más amargo de la pandemia. Si bien el virus tiene circulación en toda la Ciudad, esos enclaves concentran los peores focos. El Barrio 31 Padre Carlos Mugica, en Retiro, y la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, se llevan la peor parte.
El Gobierno porteño desplegó, en esa línea, una red de entrega de bolsones en los barrios populares para tratar de contener el aumento exponencial en la demanda alimentaria. Es un complemento para esos asentamientos en los que, en muchos casos, se denuncia como insuficiente: fue uno de los angustiosos reclamos que Nacho Levy, referente de la organización La Garganta Poderosa y vecino de la Villa Zavaleta, realizó con la voz quebrada en el programa de Ernesto Tenembaun, en Radio Con Vos, tras el fallecimiento de Ramona Medina, que había rogado asistencia antes de morir.
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“Después de la pandemia, habrá que analizar muchas variables”, remarcan desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
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