En medio de la polémica por las excarcelaciones con la excusa del coronavirus, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilllof, anunció que ampliará la capacidad de alojamiento en las cárceles bonaerenses para mejorar las condiciones de detención de casi 50 mil reclusos.
“En los próximos meses vamos a inaugurar 1.350 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense”, comunicó el mandatario provincial esta mañana en una rueda de prensa, en la que se desligó de las acusaciones de que el oficialismo promueve una liberación masiva de presos.
“Este Gobierno no está de acuerdo, no coincide, y en muchos casos le parece aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a alguien que ha cometidos delitos de gravedad, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión”, remarcó Kicillof, quien incluso marcó que le pidió información al ministro de Justicia para conocer detalles del tema que generó un enorme revuelo.
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De inmediato le envió un mensaje a la Justicia de la provincia de Buenos Aires: "Espero que esto se revierta. Tengo fe que la Corte Suprema (bonaerense) con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer porque hay división de poderes y lo respetamos. Sí puedo ampliar la capacidad y la seguridad sanitaria del sistema carcelario”. Pasado el mediodía, el Máximo Tribunal de la provincia suspendió el hábeas corpus que permitía liberar a cientos de presos bonaerenses.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires denunció que “hay una campaña para responsabilizar al gobierno” de la liberación de reclusos de las cárceles bonaerenses para “generar miedo e inseguridad en la población”.
En ese contexto, recordó una nota de Infobae de septiembre de 2018, en la que se informaba que la administración que encabezaba María Eugenia Vidal (su antecesora en el cargo) promovía que la Justicia les otorgue prisión domiciliaria a casi 1500 internos por falta de espacio en las prisiones bonaerenses.
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De inmediato apuntó contra el procurador General bonaerense Julio Conte Grand -“designado por la gobernadora anterior”, recordó Kicillof-, a quien señaló por instruir a los defensores a impulsar prisiones domiciliarias para la población de riesgo por Covid-19, en una resolución en la que “omitió señalar que no podían contemplar a quienes hayan cometido delitos graves: ofensas sexuales, violaciones, delitos graves a mano armada, con violencia”.
"El Poder Ejecutivo planteó que si el Poder Judicial concedía prisiones domiciliarias, debía tener en cuenta el tipo de delitos y el Procurador no lo hizo... No es una calificación, es un hecho”, acusó el mandatario, quien luego dejó paso a la crítica del ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni: “Hemos sido muy pacientes toda esta semana, esperando al menos una mínima explicación del Poder Judicial, que nunca ha llegado porque nadie puede alegar su propia torpeza... Esta decisión del Poder Judicial no solamente ha sido torpe sino irresponsable y provocativa. La Justicia tiene ahora la facultad de ordenar este gran desorden que generó con una liberación de presos totalmente descontrolada, en la que nadie sabe quiénes son ni qué hicieron”.
Para cerrar la conferencia de prensa, Kicillof remarcó: “El gobierno provincial tiene un plan, que es ampliar el sistema penitenciario y generar condiciones de seguridad sanitaria lo más favorables posibles dada la situación por el coronavirus, porque aunque muchos lo quieran ocultar, está pasando en todo el planeta”.
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