Felipe Solá pasa horas en la Cancillería tratando de desactivar una bomba de tiempo que la crisis global del coronavirus armó en escasos días: atender los reclamos de miles de argentinos que tenían trabajo en el exterior, que ahora están desocupados por la pandemia y que pretenden regresar al país.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no tienen un número exacto de la categoría varados-desocupados que solicitan su repatriación, a lo que habría que sumar cerca de 10.000 argentinos que también quieren regresar tras sus fallidas vacaciones alrededor del mundo.
Solá enfrenta dificultades sanitarias, políticas, económicas y logísticas para satisfacer la demanda de los argentinos que llegan a la Cancillería a través de contactos personales, mails, chats, Instagram, Facebook, cables cifrados de la embajadas, llamadas a los consulados y Twitter.
El Ministro tiene un gabinete de crisis que recopila todos los reclamos y considera preparar un mapa caliente para fijar las prioridades y decidir si corresponde resolverlas -o no- a cuenta y orden del Estado Nacional.
Argentinos varados-desocupados hay en New Zeland, Andorra, Barcelona, México, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Roma y Madrid, entre otras ciudades. Estaban allí cosechando kiwi, dando clases de esquí, atendiendo en los hoteles frente al mar, sirviendo comidas rápidas o en un call center. Fueron despedidos y su situaciones económicas no siempre son similares.
En este contexto, Solá tiene que tomar una decisión bajo un concepto difícil de diseñar y complicado de ejecutar. Si la Argentina decide repatriar a todos los argentinos que se quedaron sin trabajo, la cifra del gasto será millonaria en dólares. Y si sólo se decidiera pagar el alojamiento, la comida y el regreso en avión a los que alegan no tener los fondos suficientes, no habría forma de probar esa declaración unilateral.
Por ejemplo, en Andorra hay casi 2.000 argentinos varados-desocupados que trabajaron en los centros de esquí y cobraron en euros. Entonces, cómo resuelve Cancillería la asignación de los recursos públicos para garantizar su repatriación. Todavía no hay una solución en el Palacio San Martín.
La ausencia de método institucional para resolver el rescate de los desocupados-varados tiene una complicación logística extra. No hay aviones disponibles de línea: todos los vuelos están cancelados y los pilotos no quieren viajar en medio de la pandemia. Para conseguir un transporte desde el lugar de origen -Wellington, Ciudad de México o Los Ángeles- es necesario un acuerdo político. Y eso lleva su tiempo de negociación y de trámite burocrático.
Cuando Solá tenga los nombres de todos los desocupados-varados que decidió repatriar por cuenta del Estado, más los 10.000 argentinos (número aproximado) de turistas que aún sueñan con volver, deberá sentarse con Ginés González García para obtener la autorización sanitaria del ministro de Salud. Es decir: González García decide cuántos vuelven y qué día.
No se trata de un capricho político del ministro de Salud. Si la mayoría de los contagiados tienen su origen en el extranjero, González Garcia no quiere multiplicar las consecuencias de la pandemia autorizando a miles de argentinos que llegarían desde Oceanía, Estados Unidos, América Latina y Europa.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) abre la posibilidad a dos vuelos diarios para traer a varados (turistas, estudiantes o desocupados) por día. Pero no se trata de una obligación, sino de una probabilidad establecida por una norma de emergencia. No habrá dos vuelos por día: no hay aviones, no hay pilotos, no están las listas definitivas, no hay una autorización en blanco de González García, ni los fondos habilitados por la cartera de Economía.
Solá pasa horas en la Cancillería tratando de desarmar la bomba de relojería. Está acompañado por embajadores, cónsules y funcionarios diplomáticos alrededor del mundo que trabajan todo el día, que han sufrido contagio y que no piensan rendirse.
Todavía no han encontrado la solución a esta inesperada trampa del coronavirus.
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