Rodrigo Sbarra, el ex funcionario macrista que fue acusado penalmente tras haber dejado un sobre con 10 mil dólares en un cajón del Ministerio de Producción, sumó una nueva imputación en su contra: ahora el fiscal Jorge Di Lello promovió una investigación para saber si participó de un desvío de fondos públicos junto a otros ex funcionarios. Al recibir la nueva acusación, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi remitió el caso a su colega Julián Ercolini, que tenía la investigación inicial por lavado de dinero.
La nueva imputación se produjo luego de una denuncia presentada por el diputado nacional oficialista Rodolfo Tailhade quien adujo haber recibido información sobre una serie de maniobras que se habrían llevado desde el ministerio que integraba Sbarra para desviar fondos públicos. El diputado habló de la contratación de personas que no cumplían funciones y entregaban el 70 por ciento de lo facturado a la organización y también del pago de facturas a proveedores privados, por bienes y servicios sobrefacturados o directamente inexistentes, que implicaban “retornos” para la organización delictiva por montos significativos.
Entre los imputados por Di Lello fueron Rodrigo Sbarra, Sebastian Bideberripe, quien habría estado a cargo de la Coordinación Administrativa de Producción y Trabajo respectivamente; Ignacio Perez Rivas, Jefe de Gabinete de Francisco Cabrera y también de Dante Sica, ambos ex ministros de la cartera de Producción; Hernan Coego, María Fernanda Inza, ex contadora general de la Provincia de Buenos Aires; Maximiliano Carlos Guida, quien junto a Sebastián Emanuel Pasqualino y Bernardo Martin Dellagiovanna integrarían el directorio de la empresa Integrar Soluciones y Desarrollos SA”.
Esa última firma está bajo sospecha junto las empresa “Arquigreen”, cuyo socio sería Claudio Daniel Giménez, el nombrado Sbarra y su mujer Clarisa Camacci; y las sociedades anónimas simplificadas “Desarrollos Digitales Globales SAS”, “Depuración General Sustentable SAS, “Productecno SAS, “Panoptico SA”, “Bareguer SA”, “CM informática y la 43+1”, señaló el dictamen al que accedió Infobae.
En su denuncia, Tailhade había asegurado que los supuestos mecanismos detectados permitirían explicar el origen del sobre con 10 mil dólares encontrados en un sobre hallado en una cajonera de una oficina pública que supo ocupar Sbarra como así también su “fastuoso” modo de vida, exhibido por un programa periodístico que mostró una lujosa casa que sería de su propiedad.
Allí se puso bajo la sospecha “la contratación de personas que no cumplían funciones y entregaban el 70% de lo facturado a la organización, utilizándose como marco legal" convenios firmados por la cartera con distintas instituciones y “el pago de facturas a proveedores privados, por bienes y servicios sobrefacturados o directamente inexistentes, que implicarían “retornos” (en los términos del denunciante), para la organización por montos muy significativos. En estas acciones operarían sociedades anónimas simplificadas de los propios funcionarios involucrados”.
De acuerdo al denunciante, las maniobras se materializarían de la siguiente manera: Giménez habría estado a cargo de la recaudación, buscaría en las oficinas de los proveedores el dinero físico que constituía el supuesto retorno de las facturas pagadas por el Ministerio, trasladando el dinero a un departamento ubicado en la Av. Belgrano 406 de CABA, el dinero sería recibido por la ex contadora general de la Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza.
A fines de enero, tras el hallazgo del sobre, el fiscal federal Gerardo Pollicita había imputado a Sbarra por supuesto lavado de activos tras acusarlo de haber puesto en “circulación en el mercado” dinero “cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada” a través de la compra de un lote en un barrio cerrado.
De acuerdo a aquella imputación fiscal, Sbarra receptó “una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, parte de la cual puso en circulación en el mercado a través de la adquisición” de un lote por un monto de 186.086 dólares entre el 13 de abril de 2016 y el 17 del mismo mes de 2019. La operación inmobiliaria fue celebrada con la firma Consultatio SA, mientras Sbarra se desempeñaba como secretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción y Trabajo.
La causa se inició en enero pasado por el hallazgo de un sobre con USD 10 mil que habían quedado olvidados en un cajón de la oficina que solía ocupar mientras se desempeñó para el gobierno de Mauricio Macri, en el quinto piso del edificio de Paseo Colón 189. La denuncia fue hecha por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.
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