El Gobierno promulgó la Emergencia Alimentaria Nacional por medio del decreto 667, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Sucede luego de que el Senado la sancionara por unanimidad el 18 de septiembre último, en una sesión que duró menos de cuatro horas y en la que no se registraron discusiones entre los legisladores.
“Prorrógase hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 108/2002”, comienza el escrito, en su artículo primero, que lleva la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti y del Presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.
En si las medidas contemplan "un incremento de como mínimo del cincuenta por ciento de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. A su vez, según se detalla en el Boletin, a partir del 1° de enero de 2020 y hasta que dure la emergencia, se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes con políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) elaborada por el INDEC como parámetros.
A su vez, se le da la potestad al Poder Ejecutivo nacional para disponer de las ampliaciones y reestructuraciones presupuestarias y decisiones administrativas que aborden esta problemática. Sin embargo, aclara que las partidas no podrán realizarse con la reducción de los créditos destinados a Servicios Sociales.
La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y parte del oficialismo, se consensuó en base a más de diez proyectos presentados por diferentes bloques, y plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002, que se extendía hasta diciembre de este año. En las últimas semanas, organizaciones sociales protestaron para que se promulgue la prórroga de esta ley, y acamparon en la 9 de Julio.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, “la inseguridad alimentaria severa, junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) a nivel país urbano como en el conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018”.
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