Julio De Vido y Roberto Baratta, juntos durante la era kirchnerista (NA)
Julio De Vido y Roberto Baratta, juntos durante la era kirchnerista (NA)

La causa de los cuadernos de las coimas sigue disparando novedades, pero esta vez no vinieron de la mano de las decisiones del magistrado Claudio Bonadio ni del fiscal Carlos Stornelli. En el último día del año, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga si se pagaron coimas en la causa por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, resolvió hoy llamar de nuevo a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su mano derecha Roberto Baratta, y dispuso la intervención judicial de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que hoy ejecuta la obra.

A ellos ya los había interrogado, junto a un grupo de ex funcionarios y empresarios, como Ángelo Calcaterra. Se esperaba que se definiera la situación procesal y el pedido de inhibición de bienes que había formulado la fiscalía de Franco Picardi. Pero cuando el año se estaba cerrando y las definiciones parecían quedar para el 2019 sin grandes sobresaltos, el juez Martínez De Giorgi firmó hoy una orden de ampliar las indagatorias, al analizar las pruebas que le había mandado Bonadio, por un desprendimiento de la causa cuadernos.

En esa resolución también fue citado a indagatoria el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, revelaron a Infobae fuentes judiciales

"Finalmente, llevado a cabo un análisis de las constancias probatorias incorporadas a la investigación y específicamente a partir de cuando surge de los testimonios oportunamente remitidos el señor titular del juzgado número 11 del fuero en orden a la conexidad aceptada respecto a los hechos indicados en el punto del resolutorio de la fecha 17 de septiembre en la causa Cristina Fernández y otros por asociación ilícita, considero que se encuentran reunidos elementos suficientes para recibirles en los términos del artículo 294 del Código Procesal de la Nación declaración indagatoria o en su caso la ampliación de la misma aquellas personas que habrían participado directa o indirectamente de las distintas entregas de sumas de dinero plasmadas en el cuaderno marca Rivadavia color azul del que surgen anotaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno a partir del 6 de mayo del 2013", se indicó, según la resolución a la que accedió este medio.

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Se trata de "siete encuentros entre Nelson Lazarte y Carlos Alberto Rodríguez entre los días 28 de julio y 31 de octubre del 2013, cuyo destino final resultan ser funcionarios del entonces Ministerio de Planificación de la Nación, dado que dicho accionar se presenta como parte de los hechos investigados en el presente".

El juez dispuso que De Vido sea trasladado el 7 de febrero próximo; en tanto, el 12 será el turno de Baratta, ambos detenidos. El 13 fue convocado Nelson Lazarte, secretario de Baratta y también preso por cuadernos. El 14 y el 15 fueron citados Carlos Alberto Rodríguez y Jorge Ernesto "Corcho" Rodríguez, quien ya había declarado ante Bonadio por la anotaciones en los cuadernos de Centeno y aseguró que no tenía nada ver con esas anotaciones. Incluso afirmó que en las fechas en las que aparecían mencionados los encuentros él no estaba en Buenos Aires.

También dispuso la intervención judicial de la UTE, que actualmente ejecuta la obra, y que ahora quedará a cargo de Roberto Muguillo. La intervención judicial había sido pedida por el fiscal Picardi.

Soterramiento

La causa conocida como soterramiento investiga una serie de irregularidades en la concesión del ese proyecto del ferrocarril Sarmiento. La hipótesis principal es que se sospecha que se pagaron coimas por parte de la constructora brasilera.

En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

En el caso del Sarmiento, Martínez De Giorgi está concluyendo una ronda de medio centenar de indagatorias por las irregularidades y sobreprecios detectados en el proceso de licitación. La obra, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. El fiscal Picardi reclamó embargos por unos mil millones de pesos para empresas, directivos y ex funcionarios investigados en la causa.

En la causa hay más de medio centenar de imputados: desde Angelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, pasando por los ex funcionarios de Planificación Julio De Vido, José López y Ricardo Jaime. También fueron citados los brasileños, encabezados por Marcelo Odebrecht, pero esas declaraciones todavía no se concretaron y se espera la información que debe enviar Brasil vía la Procuración y que hasta ahora nunca llegó.

Cuando a principios de noviembre De Vido cumplió con la declaración en esta causa, rechazó las acusaciones diciendo: "Aún no encontraron el Producto Bruto Interno que se supone que me apropié".

En su exposición, De Vido habló de un "estado de indefensión manifiesto" y hasta hizo propios los argumentos de empresario Angelo Calcaterra, también imputado en el caso. "No puede decirse que tenga vínculos de amistad con la empresa IECSA, ni que el primo de quien hoy ejerce el cargo de Presidente de la Nación sea de mi círculo cercano de amistades, y sin embargo, no puedo más que coincidir con las deficiencias por él señaladas al momento de prestar declaración indagatoria".