"En Suecia, que venden aviones supersónicos, no usan voto electrónico porque no quieren que otros países definan su futuro"

Mientras el gobierno de Mauricio Macri  vuelve a la carga con la reforma electoral para que se vote con Boleta Única Electrónica (BUE) en las elecciones presidenciales de 2019, en Brasil, donde ya rige un sistema de votación electrónico, advierten el riesgo de que ciberataques de países extranjeros puedan afectar la soberanía nacional. Así lo expresó el ministro de Defensa brasileño, Raul Jungmann, en el marco de un seminario internacional de expertos sobre seguridad militar.

"Pregunté en Suecia por qué venden aviones supersónicos pero no tienen voto electrónico. Para que otro país no defina nuestras elecciones, me respondieron", señaló ayer el funcionario del gobierno de Michel Temer en el III Seminario Internacional de Defensa (Seminde), que se celebra en el Hotel Business Center Beira Rio de Santa María, estado de Río Grande do Sul.

Las definiciones de Jungmann, reproducidas por el politólogo Andrés Malamud, uno de los asistentes de la conferencia, fueron pronunciadas en una cumbre que reúne a avezados expertos en temas de Defensa y a inversores y empresas contratistas del sector. En el auditorio estaban otras figuras de alto nivel de la administración castrense, como el jefe de Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, general del Ejército Sergio Etchegoyen, y el comandante del Comando Militar del Sur, general Edson Leal Pujol, entre otros cuadros del personal del área militar.

Habitualmente, politólogos y especialistas en seguridad informática cuestionan los sistemas de voto electrónico porque pueden ser atacados por piratas informáticos. Una elección, al ser hackeada, posibilita no solo conocer la identidad de los votantes y su opinión política a través de la infiltración de las máquinas de votación, sino que también adulterar, de manera masiva, los resultados de un escrutinio.

Raul Jungmann, en cambio, advirtió en el foro de debate sobre otro aspecto de estas vulnerabilidades informáticas: que puedan ser utilizadas por países extranjeros para que, a través de ciberataques, logren influir en el resultado de una elección. La cuestión tiene que ver más con la soberanía nacional y la defensa del territorio que con los debates sobre sistemas electorales.

El comentario del ministro de Temer apunta a dos hechos recientes que dispararon la alerta y atención mundial, que tienen como blanco de las sospechas al gobierno ruso de Vladimir Putin. En la última elección presidencial de Estados Unidos de 2016, un informe secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) reveló que la inteligencia militar rusa intentó hackear el sistema electoral norteamericano, que funciona con voto electrónico. El ataque se produjo en medio de la carrera electoral en la que la candidata demócrata, Hillary Clinton, sufrió una intensa campaña de desprestigio que buscaba beneficiar a Donald Trump, quien estaba más cercano al premier ruso. El gobierno de Putin había sido señalado como uno de los artífices de esa publicidad negativa. Según el reporte de los servicios de inteligencia, de la campaña participaron agencias gubernamentales, medios públicos, intermediarios de terceros partidos y hasta trolls digitales. El Kremlin, sin embargo, negó todo.

El otro caso tuvo como epicentro Francia. El blanco fue Emmanuel Macron, actual presidente galo. Al igual que en Estados Unidos, un grupo de hackers rusos cometieron espionaje y realizaron un ataque informático a las computadoras del entonces candidato de la agrupación En Marcha, favorito en el ballotage francés, cuando competía la dirigente de ultraderecha Marine Le Pen. A raíz de estos ataques extrafrontera, el gobierno francés suspendió el 6 de marzo pasado el voto electrónico a sus ciudadanos residentes fuera del país debido al riesgo "extremadamente elevado de ciberataques".

En una entrevista reciente, Jungmann se explayó sobre estas vulnerabilidades en seguridad informática, al advertir la capacidad que tienen de afectar toda la competencia electoral. "Hoy se sabe que, en Estados Unidos, representantes ligados a los rusos impulsaron mentiras digitales en Facebook o Google con (solo) 50 o 100 mil dólares, creando una enorme confusión y conflicto – amplió Jungmann-. Es una manera de influenciar la ciudadanía y la opinión pública de un país", planteó. También alertó sobre la posible infiltración del crimen organizado. "Por las actuales reglas electorales, internet y las redes sociales están más presentes en el proceso. Se puede recaudar fondos por internet, o impulsar una determinada iniciativa", indicó. "Y hoy nosotros convivimos con robos y con la deep o dark web (internet profunda), que es donde se gestan crímenes como el terrorismo, la pedofilia o el tráfico de drogas", agregó.

En la actualidad, solo seis países utilizan distintos sistemas de voto electrónico: Bélgica, Estonia, Brasil, Estados Unidos, Venezuela e India. Tanto en Bélgica como en Estados Unidos, las máquinas se utilizan de manera parcial. En Estonia, en cambio, el mecanismo no es obligatorio y los ciudadanos pueden seguir emitiendo su voluntad a través de un soporte físico. En Holanda y Alemania se abandonó el voto electrónico por inseguro, mientras que en el resto de los países se opta por el sufragio basado en la papeleta.

En el caso de la Boleta Única Electrónica, la papeleta cuenta con un identificador de radiofrecuencia (RFID) que es leído en la máquina de votación. Ese chip se puede destruir, leer y modificar, según expertos. En un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, se logró comprobar que el RFID es vulnerable y puede verificarse su contenido desde un smarthpone cualquiera. De hecho, tanto en Salta como en la Capital Federal (en ambos distritos está en funcionamiento la BUE), los sistemas fueron infiltrados este año y en 2015, respectivamente. En el caso de la Ciudad, un técnico informático fue procesado y luego sobreseído.

Pese a estos reparos, desde el gobierno nacional insistirán con la implementación de la BUE y la sanción de la reforma electoral. El proyecto logró la media sanción el año pasado en la Cámara de Diputados, pero naufragó en el Senado.

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