Un tribunal oral se está por quedar sin jueces

"Cerrado por falta de jueces". Un cartel así podría estar colgado próximamente en la puerta del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 (TOPE 1). Sus integrantes deberán dejar sus cargos para cumplir con el artículo de la Constitución Nacional que establece que a los 75 años los magistrados deben irse o tener un nuevo acuerdo.

El tribunal se quedará sin jueces titulares: la magistrada Susana Pellet Lastra cumplió 75 años el 31 de enero y Jorge Pisarenco lo hará el próximo 14 de junio. El tercer cargo está vacante desde el año pasado por el fallecimiento de Enrique Schlegel y actualmente está siendo subrogado por Claudio Gutiérrez de la Cárcova.

En esos casos se deberán nombrar otros dos jueces suplentes, lo que agravará un problema que ya tiene desde hace años el Poder Judicial: muchas vacantes que demoran en ocuparse y obligan a nombrar jueces sustitutos.

El TOPE 1 está realizando actualmente un juicio oral por un caso grande de contrabando de éxtasis en el que están siendo juzgadas 14 personas, nueve de ellas detenidas. El juicio se prevé que finalice esta semana, pero luego se deberán dictar los fundamentos de esa resolución. Hasta ahora las partes no hicieron planteos contra la jueza Pellet Lastra.

El mismo tribunal tiene el caso de Leonardo Fariña, el arrepentido de la investigación por lavado contra el empresario detenido Lázaro Báez en la llamada "ruta del dinero K". Fariña será juzgado por evasión agravada de impuestos pero el juicio no lo harán los actuales magistrados.

"Incertidumbre y preocupación", esas palabras repitieron casi todos los magistrados consultados por Infobae cuando se les preguntó por el fallo de la Corte que ratificó el límite de edad. Todos saben que se tiene que aplicar –la mayoría está acuerdo con el límite de 75 años–, pero nadie sabe cómo se hará. En ese tema trabajan los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación que ya tienen esbozado un proyecto que buscarán aprobar la semana que viene.

Uno de los interrogantes que todavía no tiene respuesta es qué pasará con las decisiones que están tomando los jueces de 75 años o más porque podría haber pedidos para que sean declaradas nulas. La expectativa es que no se llegue a esa instancia y que el máximo tribunal las ratifique, algo que hasta el momento no ocurrió.

Muchos jueces creen que el máximo tribunal debió dar más certezas en su fallo y hasta reglamentar cómo deben dejar sus cargos los jueces con más de 75 años.

La Corte Suprema, por mayoría, ratificó a fines de marzo que debe aplicarse el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional que establece que cuando un juez llega a los 75 años debe dejar el cargo o puede continuar por otros cinco siempre y cuando tenga un nuevo acuerdo del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado.

Ese artículo está vigente desde la reforma a la Constitución de 1994 pero nunca se aplicó por un fallo de la propia Corte que en 1999 lo anuló. Lo hizo a instancia de uno de sus integrantes. Carlos Fayt entonces tenía 81 y pidió que no se le aplique. El máximo tribunal dijo que el límite de edad era nulo porque ese tema no había sido un mandato del Congreso a la Convención Constituyente para la reforma.

18 años después el criterio fue modificado y el cambio generó una revolución en el Poder Judicial. El tema lo tomó el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales, que detectó que hay 27 magistrados con 75 o más.

Lo primero que hizo el organismo fue enviarle una nota a esos jueces para preguntarles si tenían fallos firmes que les permiten seguir ejerciendo el cargo. Cinco de ellos contestaron que sí. Luego, comenzó a analizar cómo resolver cada situación.

En ese tema trabajan la presidente del Consejo, Adriana Donato, los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes, el abogado Miguel Piedecasas y el representante del gobierno en el organismo, Juan Mahiques. Los consejeros estuvieron reunidos con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

Para los jueces que tienen sentencia firme su continuidad está casi asegurada, aunque todavía están analizando caso por caso. Uno de los que presenta alguna duda es el de la jueza federal María Servini, que tiene un fallo firme pero del fuero de la Seguridad Social, cuando este tipo de demandas se presentan en el fuero en lo Contencioso Administrativo.

Un caso que está fuera de la órbita del Consejo es el de la jueza de la Corte Helena Highton de Nolasco. La magistrada cumplirá 75 años a fin de año pero tiene asegurada su continuidad. El 10 de febrero pasado, un mes y medio antes del fallo de sus colegas, la magistrada obtuvo un fallo de primera instancia para seguir en el máximo tribunal. La resolución está firme porque el gobierno de Mauricio Macri no la apeló.

Veintidós son los jueces que no tienen ningún amparo o no está firme. Ya renunciaron tres de ellos: Pedro David, de la Cámara Federal de Casación Penal; Bernabé Chirinos, de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y Leopoldo Schiffrin, de la Cámara Federal de la Plata. El caso de Schiffrin fue sobre el que resolvió el máximo tribunal.

Sobre el resto de los jueces, el Consejo enviará un listado con sus nombres al Ministerio de Justicia de la Nación para que decidan si proponen su continuidad. Hasta ahora uno solo solicitó formalmente mantener el cargo. Se trata de Edmundo Hendler, juez de la Cámara en lo Penal Económico, que tiene 79 años.

Los magistrados que no tengan una nueva propuesta deberán dejar el cargo. En su lugar serán nombrados subrogantes y en los casos en los que su salida no pueda ser inmediata -porque, por ejemplo, están realizando juicios orales– tendrán un nombramiento especial por un plazo o motivo determinado, señalan en el Consejo.

Durante la discusión en el Consejo se planteó el hipotético caso de jueces que todavía no tengan la jubilación otorgada. "La mayoría ya la tiene. Y sino, la apuraremos en la ANSES", le dijo a este medio uno de los consejeros que trabaja en el tema.

Esta propuesta será presentada el jueves de la semana próxima en el plenario convocado por el Consejo para su discusión y aprobación. El objetivo es comenzar a dar certidumbre al fallo de la Corte.