Si se vota, se activa. En los últimos días, la fiscal general Mónica Cuñarro, especialista en narcotráfico y una de las voces más respetadas en el fuero penal, se convirtió en la principal voz entre sus colegas para manifestarse en contra del proyecto de reforma de ley del Ministerio Público Fiscal, tras un acuerdo entre Cambiemos y el Frente Renovador, la herramienta elegida por el Gobierno para quitar de su puesto a la procuradora Alejandra Gils Carbó, en vez de la vía constitucional del juicio político. Una columna de opinión escrita por Cuñarro y publicada en Infobae el jueves pasado fue la primera señal. En ella, aseguró la funcionaria, "existen grandes riesgos de retroceder en la independencia de cada uno de los fiscales".
Hoy, Cuñarro sube la apuesta. Mañana, está programada una sesión en la Cámara de Diputados para tratar la ley de reforma. Si es que ocurre, anuncia la fiscal, más de 60 fiscales de todo el país se harán presentes con pancartas. "El fin de esta acción es visibilizar el retroceso institucional ante lo que se sancionó en la convención constituyente de 1994", asegura Cuñarro: "Nos vamos a hacer presentes con todos los grupos y organizaciones sociales que sientan que hacen falta fiscales independientes", asegura la funcionaria.
"Se dice que con este proyecto de Cambiemos y el Frente Renovador se pretende desplazar a la procuradora Gils Carbó, pero lo que hay detrás es un toma y daca para poner y sacar fiscales y causas. Si la quieren sacar, entonces que le hagan juicio político. Es una cortina de humo. Con esta ley se interviene el Ministerio Público para evitar que se investiguen todos los delitos de corrupción", asevera Cuñarro.
La fiscal general no está sola en sus argumentos. El proyecto, que busca entre otros puntos acotar temporalmente el mandato del procurador, la puesta en vigor de la comisión bicameral que controla al MPF -que determinará el destino de las fiscalías de distrito, la designación interina de vacantes y los traslados de funcionarios-, así como la intervención del Poder Ejecutivo en la designación de fiscales en un cuerpo de selección también integrado por el Legislativo, unió en sus planteos no solo a fiscales alineados históricamente con Gils Carbó, sino a funcionarios que investigaron a la corrupción kirchnerista y que se enfrentaron directamente con su gestión.
En los cálculos de estos funcionarios, el proyecto de ley en el Congreso que busca avanzar sobre el MPF no se reduce a una cuestión partidaria, sino a un avance sobre su autonomía, con el fantasma todavía fresco de la dimisión del ex procurador Esteban Righi, de cara a las presiones recibidas por la investigación a Amado Boudou en el caso Ciccone con una denuncia del ex vicepresidente formalizada en su contra. "Aunque la posición que ostento me confiere estabilidad y fueros sólo removibles por juicio político, no dudo en renunciar a ambos pues nada tengo que ocultar", aseguró Righi al irse en 2012 en una carta a Cristina Fernández de Kirchner.
El fiscal federal Carlos Rívolo fue el encargado de investigar a Boudou en Comodoro Py. En una jugada sin precedentes, Rívolo terminó apartado de la causa Ciccone. Su relación con Gils Carbó estuvo cargada de rispideces. Hoy presidente de la Asociación de Fiscales, Rívolo deja de lado sus diferencias con la jefa de la Procuración y percibe al proyecto de ley como un avance contra la institución misma. "Pedimos legalidad si es que buscan sacar a la procuradora", asegura a Infobae: "Es un costo que pagamos, por una gestión absolutamente rara, con un Ministerio Público con una posición parcial en casos de corrupción, pero no puede existir una ley que con el fin de sacar a una persona barra a toda una institución".
El fiscal federal, por su parte, no se opone al mandato indefinido del procurador: "Es un funcionario equiparado a un ministro de la Corte, dicta las políticas criminales. No se puede tener un procurador renovable, eso genera que haya una puja política por su designación".
De vuelta al proyecto en el Congreso, todo se reduce a una cuestión de control. "La ley", continúa Rívolo, "va contra la independencia y autonomía de los fiscales, se lleva por delante los avances de 1994, cuando nos sacamos al Poder Ejecutivo de encima. Ahora nos ponen a la comisión bicameral. No negamos que tiene que haber un control, un co-gobierno, pero bajo esta perspectiva, cualquier arista de negociación es posible".
Jorge Di Lello, también fiscal federal, fue el encargado de investigar la megacausa de Sueños Compartidos y de suceder a Rívolo en el caso Ciccone luego del apartamiento firmado por Ariel Lijo. Di Lello señala el mismo problema. "Con respecto a las decisiones de la comisión bicameral, ¿qué pasa con las investigaciones a funcionarios por casos de corrupción? El sistema de designación ni siquiera tiene mayoría del Ministerio Público. Hay un representante del Ejecutivo, del Legislativo y un fiscal, con lo cual un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo genera una mayoría automática".
"Me parece que es una ley que violenta la independencia del MPF, una ley que en parte hizo el gobierno anterior, que este gobierno suspendió porque le daba mucho poder a la procuradora. Ahora no solo la levantan y la modifican, sacándole poder a la procuradora. Así, destruyen al Ministerio Público. Por llevarse puesta a Gils Carbó, se llevan puesta a toda la institución", continúa Di Lello.
Los fiscales agrupados en sus críticas, por su parte, no están solos. Ya recibieron adhesiones formales de agrupaciones como el CELS, INECIP y Poder Ciudadano, así como el apoyo en sus celulares de familiares de víctimas de AMIA y colectivos feministas encolumnados en #NiUnaMenos que se harían presentes en el Congreso. Esta mañana, un artículo de La Nación adelantó que, de cara a las críticas recibidas la semana pasada, Cambiemos a través del Ministerio de Justicia incluirá cambios en el proyecto.
La ausencia de UFEM, la unidad dedicada a violencia de género del MPF encabezada por la doctora Mariela Labozzetta, fue el principal punto. Una fiscal de relación fría con la Procuración asegura: "UFEM es un avance y eso hay que reconocerlo. Les guste o no, la que puso a la víctima en un lugar preponderante fue Alejandra Gils Carbó". Con respecto a este punto, más de 30 fiscales mujeres, entre ellas Paula Asaro, la encargada de investigar el asesinato de Ángeles Rawson, firmaron un oficio en defensa de UFEM que será remitido al Congreso en las próximas horas.
Así, la acción anunciada por Cuñarro se vuelve un elemento más en un panorama complejo que se reduce a dos variables: el freno total o la guerra de papeles en Tribunales.
Las críticas elevadas ayer por Elisa Carrió, que se opone al proyecto y que busca el juicio político para Gils Carbó fueron "una trompada", asegura un funcionario del Gobierno nacional, en los planes del frente político que integra. Sus dichos generaron un fuerte malestar en el massismo, que le habría avisado al gobierno de Cambiemos que arregle sus internas antes de ir al recinto. Así, crece el rumor en las últimas horas de una suspensión de la sesión de mañana en Diputados. Fuentes en el Congreso dicen, con cierta timidez: "Esperemos al final del día".
Si es que el proyecto de ley prospera, una respuesta de los fiscales se haría sentir. En cuanto a la Asociación presidida por Rívolo, el fiscal federal afirma que una respuesta colectiva tendrá que ser decidida en comisión. En cuanto a lo individual, uno de sus colegas desafía: "Yo planteo una inconstitucionalidad. Se va a pelear palmo a palmo. Operativamente va a generar muchísimos conflictos, es el mismo escenario que tuvimos con las reformas judiciales durante el kirchnerismo. Van a plantear amparos e inconstitucionalidades por todos lados".