El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se declaró inocente durante el juicio oral por presunta corrupción en el Callao.
Tras instalarse formalmente el juzgamiento, el juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao preguntó a Beingolea si se acogía a la conclusión anticipada del juicio oral. Es decir, aceptar los cargos formulados por la Fiscalía a cambio de una reducción en la pena a imponerse.
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El titular de Cultura se declaró inocente de los cargos, por lo que el juicio oral seguirá hasta la emisión de la sentencia. Su interrogatorio fue programado para la próxima sesión del juzgamiento.
También se declararon inocentes los otros dos acusados en este caso. El tercer acusado no estuvo ausente por aparentes razones de salud. El Juzgado no aceptó la excusa y lo declaró reo contumaz ordenándose su inmediata ubicación y captura.
El lapsus
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, protagonizó un lapsus durante la audiencia de instalación de su juicio oral este miércoles 4 de noviembre: al declarar su ocupación ante el tribunal, afirmó ser “ministro de Justicia” antes de corregirse de inmediato. El funcionario enfrenta un pedido fiscal de ocho años de prisión por presunta colusión agravada vinculada a un contrato suscrito en 2019 con el Gobierno Regional del Callao.
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Beingolea se presentó ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao con el objetivo de evitar que lo declararan reo contumaz. Allí brindó sus nombres y apellidos completos, lugar y fecha de nacimiento, los nombres de sus padres y su profesión. Al llegar a la pregunta sobre su ocupación actual, respondió: “Soy ministro de Justicia; perdón, soy ministro de Cultura”.
El ministro ocupa la cartera de Cultura desde el 28 de julio pasado, cargo por el que recibe una remuneración superior a los 30 mil soles. Según trascendidos periodísticos, Beingolea había aspirado inicialmente a liderar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aunque finalmente juramentó en Cultura.
La audiencia
Durante los alegatos de apertura, la representante del Ministerio Público ratificó la acusación contra Beingolea y los demás procesados, pero modificó la pena solicitada: de los diez años planteados originalmente pasó a pedir ocho años de cárcel. El cambio responde, según se explicó en la audiencia, a una sentencia del Tribunal Constitucional que precisó la configuración del delito de colusión.
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A la instalación del juicio asistieron todos los acusados con una excepción: Carlos Palacios Meza, cuyo abogado alegó que se encontraba en atención médica. El Juzgado desestimó la justificación, lo declaró reo contumaz y ordenó su ubicación y captura.
La acusación fiscal se centra en un contrato de asesoría legal que Beingolea firmó en 2019 con el Gobierno Regional del Callao, por el que recibió un pago de 30.000 soles. Según la Fiscalía, el entonces asesor habría concertado con funcionarios de esa entidad para lograr su contratación de manera irregular, sin acreditar documentalmente los estudios ni la experiencia exigidos en los términos de referencia. El Ministerio Público sostiene además que los tres informes legales presentados eran genéricos o correspondían a competencias de otras áreas jurídicas del gobierno regional.
El ministro niega haber cometido delito alguno. Asegura que el trabajo se realizó de manera efectiva, que cumplió con los requisitos del contrato y que cuenta con informes, registros de visitas y testimonios que respaldan su versión. Su defensa sostiene que no existió perjuicio al Estado, elemento que considera indispensable para la configuración del delito de colusión.
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Antes de llegar a juicio oral, los abogados de Beingolea intentaron archivar la causa mediante un pedido de sobreseimiento y una excepción de improcedencia de acción. Ambos recursos fueron rechazados por el Juzgado y confirmados por la Sala Penal de Apelaciones, que argumentó que en los delitos de colusión la concertación no requiere prueba directa y puede acreditarse mediante indicios. La acusación se sustenta en documentos de contratación, un informe de control, una pericia contable y declaraciones de consejeros regionales.
Junto con los ocho años de prisión, el Ministerio Público solicita la inhabilitación de Beingolea para ejercer cargos públicos y 550 días multa. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción añadió un pedido de reparación civil por 50 mil soles.
En declaraciones previas, Beingolea calificó el proceso como “una patraña” y afirmó que el tema resurge cada vez que postula a un cargo público. Defendió además su idoneidad profesional al mencionar su formación como abogado, una maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de su trayectoria como excongresista y excandidato a la alcaldía de Lima.
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