Una segunda vuelta en Lima Metropolitana entre Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Francis Allison (Avanza País) queda descartada definitivamente luego de que el partido de este último decidiera no apelar la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro.
Como se recuerda, Avanza País solicitó la realización de una segunda vuelta en la capital argumentando que Lima Metropolitana tiene un régimen especial de provincia con facultades de gobierno regional.
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Sin embargo, el JEE Lima Centro declaró infundada la solicitud. Ante ello, el partido del tren tenía plazo de 3 días para apelar y así el caso sea elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se pronuncie en segunda y última instancia electoral. No obstante, no lo hizo.
“Habiendo vencido el plazo legal para interponer recurso de apelación sin que se haya presentado medio impugnatorio alguno, y verificado en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones que no obra registrado recurso contra la citada resolución, corresponde declarar consentida la Resolución N° 08273-2026-JEE-LICN/JNE y disponer el archivo del presente expediente", se lee en la resolución.
No habrá segunda vuelta
Como se recuerda, Avanza País sostenía que, al contar Lima Metropolitana con un régimen especial de municipalidad provincial con competencias de gobierno regional, correspondía aplicar las reglas de los comicios regionales. El JEE Lima Centro rechazó ese planteo y declaró infundada la solicitud. Según la resolución, la normativa establece reglas diferenciadas para elecciones municipales y regionales, y la exigencia del 30% para la Alcaldía de Lima “requiere de una disposición constitucional o legal que establezca expresamente dicha exigencia o autorice su aplicación”.
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El organismo electoral reconoció que la capital posee “particularidades institucionales y competenciales” por su condición especial, pero aclaró que esa situación “no determina, por sí misma, la inaplicación de la legislación electoral municipal ni la incorporación automática de las reglas correspondientes a las elecciones regionales”. Con ese fundamento, también desestimó el pedido de suspender la proclamación de resultados.
Cabe precisar que Francis Allison se desmarcó del pedido de segunda vuelta impulsado por Avanza País. “Esa segunda vuelta sí debería discutirse para las siguientes elecciones, no para esta. Las reglas no deben cambiar cuando ya comenzó el juego”, afirmó, aunque consideró que el debate sobre el umbral del 30% es “interesante” de cara a futuros procesos electorales.
El saliente alcalde de Magdalena del Mar cuestionó además el costo que implica impugnar actas electorales, un proceso que, según estimó, puede demandar hasta un millón de soles para cuestionar mil actas. “Significa entonces que la justicia electoral es solamente para los ricos y no para las clases medias o los que menos tienen, y eso no es correcto”, sostuvo.
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Allison también cuestionó al JNE por haber permitido la postulación de Rafael López Aliaga a primer regidor de la capital, a pesar de que el líder de Renovación Popular resultó electo senador en los comicios generales.
“Yo pienso que Rafael López Aliaga no podía ser ni siquiera candidato (…) porque es senador electo. Y siendo senador electo, se presentó a ser regidor y alcalde encubierto”, declaró Allison en conversación con Infobae. El candidato agregó que la condición de su rival era “la más grave de todas” entre los cuestionamientos que rodearon la elección limeña y acusó al organismo electoral de actuar con parcialidad: “Imparcialidad, claramente no ha habido, sino más bien parcialidad”.
Mientras el escrutinio avanza, persiste una definición clave que el Pleno del JNE se negó a resolver: si la credencial de alcalde de Lima corresponde a López Aliaga o a la candidata a segunda regidora, Jeanette Alonzo, ante el cuestionamiento sobre una eventual reelección encubierta. La negativa del organismo a fijar posición motivó que la asociación Iniciativa Democrática presentara denuncias ante la Junta Nacional de Justicia y el Colegio de Abogados de Lima, con el pedido de iniciar un proceso disciplinario contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y la fiscal suprema provisional, Martha Maishc.
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