ATU ha retirado de circulación más de 500 vehículos informales en Lima y Callao durante 2026

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró de circulación 557 vehículos en lo que va de 2026, como resultado de 62 operativos conjuntos destinados a combatir la informalidad en el transporte público y reforzar la seguridad ciudadana. Las intervenciones se desarrollaron en zonas y paraderos identificados como puntos críticos, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno central.

Las acciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la ATU, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y distintas municipalidades distritales. El trabajo articulado permitió identificar unidades que incumplían las condiciones exigidas para brindar el servicio de transporte.

Entre las principales infracciones detectadas figura la conducción sin autorización. Durante las intervenciones, los fiscalizadores identificaron a 292 conductores que carecían de licencia de conducir, documento indispensable para operar un vehículo. Asimismo, encontraron 56 unidades que circulaban sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cuya cobertura permite atender a las víctimas de siniestros viales.

Otro de los aspectos observados fue la antigüedad del parque automotor. Según el balance de las fiscalizaciones, 80 vehículos tenían más de 30 años de fabricación y fueron retirados de circulación debido a las condiciones que presentaban para prestar el servicio. Estas medidas buscan reducir los riesgos asociados con el funcionamiento de unidades que no reúnen las condiciones necesarias para trasladar pasajeros.

La reincidencia también constituye uno de los problemas identificados durante los controles. De los vehículos intervenidos, 240 ya habían sido detectados anteriormente por incumplir las disposiciones vigentes. Además, estas unidades acumulaban multas cuyo monto conjunto supera los S/13 millones, una cifra que evidencia la persistencia de infracciones pese a las sanciones impuestas.

Comité de Fiscalización coordina operativos contra la informalidad

Las intervenciones forman parte de las acciones del Comité de Fiscalización, un grupo de trabajo creado para coordinar medidas contra actividades relacionadas con la inseguridad ciudadana. Esta instancia articula la participación de diversas instituciones públicas y comunica los resultados de sus actuaciones al Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO).

Su implementación se enmarca en las disposiciones adoptadas el 27 de agosto, durante el estado de emergencia declarado en Lima y Callao. Bajo este contexto, las entidades participantes desarrollan acciones conjuntas para detectar actividades irregulares y reforzar los mecanismos de control en sectores considerados prioritarios.

El comité es presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP y reúne a organismos con competencias en transporte, seguridad, fiscalización e identificación ciudadana. Entre sus integrantes se encuentran el MTC, el Ministerio Público, la Sutran y la ATU, además de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

También participan el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La coordinación incluye, además, a gobiernos regionales y municipalidades, cuyas competencias permiten complementar las labores de vigilancia y control en sus respectivas jurisdicciones. De esta manera, las autoridades buscan fortalecer la fiscalización del transporte, identificar a quienes incumplen las normas y reducir la presencia de unidades informales en las vías de Lima y Callao.