El crecimiento urbano en el país continúa generando demanda de agua potable antes de que exista la infraestructura necesaria para cubrirla. Así lo revela el estudio “Agua Potable: Rompiendo la inercia de la brecha”, elaborado por GRADE e impulsado por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), que analizó la expansión de ocho ciudades entre 2017 y 2024 y encontró que el 81% de las nuevas edificaciones no cuenta con este servicio.
La investigación examinó el crecimiento de Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Ica, Lima, Piura, Tarapoto y Trujillo durante un periodo de siete años. En ese lapso, se registraron aproximadamente 134.500 nuevas edificaciones en estas ocho ciudades, cifra que permite dimensionar la magnitud de la expansión urbana peruana en la última década. De ese total, más de cuatro de cada cinco construcciones carecen de conexión al sistema de agua potable al momento de su levantamiento.
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El hallazgo central del estudio apunta a que, mientras las urbes siguen extendiéndose, una porción considerable de esa nueva demanda surge sin que la red de abastecimiento correspondiente esté disponible. Esta desconexión entre el ritmo de construcción y el despliegue de infraestructura constituye, según los investigadores, uno de los factores estructurales detrás de la persistencia de la brecha hídrica en el país.
Una parte sustancial del problema está vinculada con la informalidad en la ocupación del suelo. El 87% de las nuevas edificaciones analizadas corresponde a expansión informal y, dentro de ese universo específico, el 93% no dispone de acceso al agua. En estos casos, el patrón se repite de manera sistemática: primero se produce la ocupación del territorio y, solo después, debe incorporarse la infraestructura en zonas que ya se encuentran habitadas por completo.
La brecha de agua potable sigue en aumento pese a la inversión pública
Esta dinámica de crecimiento desordenado ocurre en simultáneo con las dificultades que enfrenta el país para reducir el déficit ya existente en el servicio. Entre 2017 y 2024, el número de hogares sin agua por red pública pasó de aproximadamente 371.000 a 560.000, un incremento que se produjo pese al esfuerzo sostenido de inversión pública en agua y saneamiento urbano durante ese periodo.
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El dato resulta especialmente significativo porque evidencia una paradoja: mientras el sistema estatal trabaja para atender las carencias históricas, la expansión urbana continúa generando nueva demanda desatendida al mismo ritmo o incluso más rápido. En otras palabras, una parte de la brecha se cierra con inversión pública al tiempo que el propio crecimiento de las ciudades produce una brecha nueva, lo que impide que los indicadores generales mejoren de forma sostenida.
El estudio describe este fenómeno con el concepto de “modelo reparador”, en el que primero ocurre la ocupación del territorio y después debe llegar la infraestructura correspondiente. Este orden de prioridades obliga a las autoridades a intervenir sobre una ciudad que ya está habitada, donde las obras enfrentan mayor complejidad técnica y logística para incorporar redes de agua y saneamiento en zonas consolidadas.
Un modelo preventivo reduciría los tiempos de ejecución de obra
Frente a este panorama, la investigación de GRADE plantea complementar las políticas actuales de cierre de brechas con un modelo preventivo, en el que la infraestructura de agua se incorpore antes de que se produzca la ocupación del suelo. La diferencia entre ambos enfoques, señala el estudio, no debe entenderse como una oposición entre inversión pública y privada, sino como dos momentos distintos de intervención, actuar cuando la brecha ya existe o anticiparse para evitar que esta se genere.
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El trabajo también documentó diferencias notables en los tiempos de ejecución física de las obras según el modelo aplicado. En proyectos comparables, la etapa de construcción registra una mediana de 4,5 meses en el modelo preventivo, frente a 36 meses en el modelo reparador. Esta comparación corresponde únicamente a la ejecución de la obra física y no contempla el ciclo completo de los proyectos, que incluye etapas previas de planificación y trámites.
“Este estudio pone sobre la mesa la necesidad de anticiparnos al crecimiento de las ciudades. No podemos limitar la política únicamente a reparar la brecha existente, también necesitamos generar las condiciones para evitar que la nueva expansión urbana vuelva a producirla”, señaló José Salardi, director ejecutivo de CODIP.
La participación privada aparece como un factor clave para cerrar la brecha
La propuesta del estudio consiste en avanzar en dos frentes de manera simultánea: continuar con el cierre de la brecha hídrica que ya existe en el país y, al mismo tiempo, prevenir que el crecimiento urbano siga generando una nueva. Para lograrlo, los investigadores plantean articular de manera más eficiente la planificación urbana, la capacidad operativa del sistema de agua y saneamiento, y las inversiones necesarias para que la infraestructura llegue antes de que se consolide la siguiente brecha.
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El documento destaca, además, que resulta determinante la participación activa del sector privado en este proceso, debido a la eficiencia que ha mostrado su aporte en experiencias previas de cierre de brechas de saneamiento. Para ello, los autores del estudio consideran necesaria una legislación que permita y ordene la intervención de empresas privadas en proyectos de agua potable, de manera que esta capacidad adicional pueda sumarse de forma complementaria a la inversión pública existente.
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