Tres expresidentes de Perú mantienen trabajadores contratados por el Congreso para tareas de asistencia personal, aunque ninguno llegó a la Presidencia de la República a través de una elección directa para ese cargo. Dina Boluarte, Francisco Sagasti y Manuel Merino accedieron al Palacio de Gobierno por sucesión constitucional y conservan personal pagado con recursos del Legislativo.
El costo anual de los tres puestos bordea los 192 mil soles, de acuerdo con los montos de remuneración informados. Los trabajadores figuran en la planilla del Congreso de la República, pero realizan labores vinculadas con la actividad pública, las agendas y las comunicaciones de los exmandatarios fuera de la sede parlamentaria.
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La situación abrió cuestionamientos sobre el alcance de los beneficios previstos para quienes dejan la Presidencia. El marco normativo citado en la revisión del caso establece que estas prerrogativas corresponden a expresidentes elegidos por voto popular, una condición que no cumplen Boluarte, Sagasti ni Merino.
El beneficio incluye personal, vehículo, combustible y una pensión vitalicia
Las prerrogativas para expresidentes contemplan una pensión vitalicia equivalente a una proporción de la remuneración de un congresista, además del préstamo de un vehículo, vales de combustible y la asignación de un trabajador técnico o administrativo. El debate se concentra en si esos beneficios pueden extenderse a quienes ejercieron el cargo por reemplazo constitucional.
El sustento para otorgar esas facilidades incluye una ley, un acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso y una opinión técnica de la Comisión de Constitución. Según esa interpretación, el régimen se diseñó para exjefes de Estado que recibieron un mandato directo de la ciudadanía en las urnas.
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Dina Boluarte asumió la Presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo. Antes había ocupado la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Su llegada al máximo cargo respondió al mecanismo de sucesión previsto en la Constitución peruana.
Boluarte cuenta con José Aguirre Carvajal, contratado como auxiliar administrativo. El trabajador percibe una remuneración mensual superior a los 4 mil soles y, hasta el momento considerado en la información revisada, había recibido más de 31 mil soles en pagos acumulados.
El puesto se financia desde el Congreso, pese a que sus tareas se orientan a la asistencia exclusiva de la exmandataria. Entre las funciones asignadas a este tipo de personal figuran la coordinación de compromisos, el ordenamiento de actividades públicas y el apoyo logístico para reuniones, entrevistas o intervenciones.
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La asistente de Sagasti trabaja en su estudio y coordina actividades dentro y fuera de Perú
El caso de Francisco Sagasti incorpora un elemento adicional: su asistente confirmó que no desarrolla sus labores en instalaciones del Parlamento. Mayeline Margarita de la Cruz Ponciano señaló que trabaja en el estudio del expresidente cuando fue consultada por el lugar donde cumple sus funciones.
“Yo trabajo en su estudio”, respondió De la Cruz Ponciano. La trabajadora fue contratada en septiembre de 2021 como técnica al servicio de Sagasti, quien ejerció la Presidencia entre noviembre de 2020 y julio de 2021, luego de la renuncia de Manuel Merino.
De la Cruz Ponciano es bachiller en Educación y Bibliotecología. Su salario inicial fue de 2.863 soles y luego superó los 4 mil soles mensuales. Desde su incorporación a la estructura financiada por el Congreso, había recibido más de 200 mil soles del Estado.
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La asistente indicó que sus actividades incluyen la organización de la agenda del expresidente y la coordinación de pedidos de entrevistas, conferencias y charlas. Esas gestiones abarcan compromisos dentro y fuera de Perú, según explicó al detallar sus tareas.
Sagasti defendió la asignación de un técnico a su servicio a partir de su paso por la Presidencia. El exmandatario sostuvo que el cargo le reconoce ese derecho, pese a que su llegada al Ejecutivo ocurrió como consecuencia de la vacancia de Martín Vizcarra y de la posterior crisis política que derivó en la salida de Merino.
Merino conserva un técnico desde 2022 pese a haber gobernado cinco días
Manuel Merino ocupó la Presidencia durante cinco días, entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020. Había asumido por su condición de presidente del Congreso tras la vacancia de Vizcarra, pero dejó el cargo en medio de movilizaciones nacionales y luego de las renuncias de varios ministros.
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Desde marzo de 2022, Merino cuenta con Norfolk Gamarra Osco, abogado de 76 años, como técnico contratado por el Congreso. El trabajador había percibido más de 203 mil soles desde su incorporación, de acuerdo con los registros difundidos sobre el caso.
La continuidad de ese contrato es objeto de observación porque Merino no fue elegido presidente en una votación popular. Su permanencia en el cargo se produjo bajo las reglas de reemplazo constitucional, al igual que en los casos de Sagasti y Boluarte.
Los tres exmandatarios fueron parlamentarios o integrantes de una fórmula presidencial antes de asumir temporalmente la conducción del Ejecutivo. Sin embargo, los beneficios posteriores a su salida del cargo se aplicaron de la misma forma que para quienes obtuvieron la Presidencia mediante sufragio directo.
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La discusión se concentra en la interpretación de las normas y acuerdos internos que habilitan estas facilidades. Mientras los asistentes continúan en la planilla del Congreso, las tareas que cumplen están vinculadas de manera directa con las actividades personales e institucionales de cada expresidente fuera del Poder Legislativo.
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