El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, designó a Abel Hurtado Espinoza, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, como secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, órgano encargado de coordinar y supervisar el Plan Integral de Reparaciones (PIR) para las víctimas del conflicto armado interno.
La decisión fue formalizada mediante una Resolución Ministerial publicada en el Diario El Peruano y firmada por el ministro Álvarez, quien además nombra a Hurtado en el cargo como funcionario de confianza.
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Investigaciones por el caso Valkiria
Hurtado Espinoza fue asesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y está investigado en el caso Valkiria por presunto tráfico de influencias y una supuesta integración a una organización criminal. Las pesquisas fiscales indican que habría intervenido en negociaciones de votos en el Congreso para favorecer a Benavides, según Infopais.
Entre los objetivos atribuidos a esas coordinaciones figuraban la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
El exasesor fue detenido de manera preliminar en abril de 2024 por la investigación sobre la presunta organización criminal que habría liderado Benavides. La Quinta Sala de Apelaciones Nacional revocó posteriormente esa medida.
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La Sala determinó que Hurtado no presentaba peligro de fuga y, a raíz de esa decisión, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder desistió de solicitar prisión preventiva. Desde entonces afronta la investigación preparatoria en libertad.
Presuntas gestiones ante congresistas
La investigación fiscal sostiene que Hurtado habría coordinado negociaciones con parlamentarios y otras acciones para consolidar el poder de la presunta organización. También habría colaborado en la redacción de una denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos contra jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima.
Esa sala había concedido una medida cautelar a integrantes de la Junta Nacional de Justicia y ordenado al Congreso suspender el trámite de una moción que proponía removerlos por una supuesta causa grave.
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Hurtado también habría participado en gestiones relacionadas con la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Según la declaración de Jaime Villanueva, el exasesor realizó un sondeo inicial entre congresistas para identificar su posición frente a Benavides y clasificó a los legisladores que tenían procesos en curso en el Ministerio Público.
Esa información habría servido para negociar favores políticos a cambio de votos favorables a la inhabilitación. Las indagaciones también lo relacionan con reuniones con los congresistas Alejandro Soto, Edgar Tello, Katy Ugarte y José María Balcázar.
Uno de los episodios investigados se refiere a un presunto intercambio de favores con Balcázar. De acuerdo con las pesquisas, Villanueva y Hurtado acudieron a su despacho para solicitarle un voto favorable a Benavides en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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Entre los beneficios que habrían sido ofrecidos figuraba la designación de la nuera de Balcázar en el Ministerio Público. Benavides formalizó ese nombramiento mediante la resolución 2034-2023-MP-FN, aunque quedó sin efecto porque la postulante no asistió a la ceremonia de juramentación.
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