La deuda alimentaria de Lima y la próxima alcaldía

Este 4 de octubre elegiremos a quienes tendrán la responsabilidad de gobernar Lima durante los próximos cuatro años. Escuchamos propuestas sobre seguridad ciudadana, transporte, obras y limpieza pública. pero hay una pregunta que también debería estar presente en los debates, las entrevistas y los planes de gobierno: ¿Qué harán los candidatos para garantizar la seguridad alimentaria en Lima?

Los resultados de la ENDES 2025 nos recuerdan que Lima Metropolitana tiene tareas pendientes en la protección de su infancia. Según el indicador basado en la norma técnica anterior, la anemia infantil afecta al 35% de los niños de 6 a 35 meses, cifra que aumentó 2.1 puntos porcentuales respecto de 2024. Asimismo, la desnutrición crónica en menores de cinco años pasó de 4.3% a 5.3%. Es decir, la persistencia de ambos problemas exige una respuesta sostenida, porque detrás de dichos porcentajes, hay niños cuyo desarrollo podría verse afectado por la malnutrición.

La promesa de reducir la anemia infantil debería comprometer a los candidatos con algo más que una declaración de buenas intenciones. Gobernar Lima exige establecer cuánto se pretende reducir la anemia durante los cuatro años de gestión, qué acciones se implementarán y qué recursos se asignarán para lograrlo. Sin esas precisiones, la lucha contra la anemia corre el riesgo de convertirse en una consigna de campaña que podría terminar perdiendo importancia una vez terminada la campaña.

De hecho, Lima ya cuenta con instrumentos para actuar. En 2019 se aprobó la Ordenanza N.° 2155, que dio origen al programa “Lima Vive Sin Anemia” y permitió articular el trabajo municipal con instituciones públicas y actores sociales para enfrentar a la anemia. Dar continuidad a ese esfuerzo es una responsabilidad de las siguientes gestiones, ya que una ciudad no puede reconstruir sus acciones desde cero cada vez que cambia de alcalde, esa discontinuidad posterga respuestas que la población necesita.

Por otro lado, la manera en la que una gestión trabaja con las ollas comunes y los comedores populares revela cuánto reconoce el valor de la organización comunitaria. Dichas organizaciones necesitan asistencia técnica permanente en educación alimentaria y gestión, que fortalezca sus capacidades y su preparación ante emergencias. Ese acompañamiento debe construirse recogiendo los conocimientos de las lideresas comunitarias, además de sus necesidades y propuestas.

Sin embargo, el respaldo municipal también debe abrir oportunidades para mejorar las condiciones económicas de sus integrantes, ya que una mirada paternalista, que las considere únicamente receptoras de ayuda, limita el reconocimiento de su potencial. Fortalecer iniciativas productivas y facilitar acceso a espacios de comercialización, puede contribuir a generar ingresos y ampliar su autonomía.

Este esfuerzo exige, además, proteger el tejido social construido alrededor de las ollas comunes, si desde algunas autoridades se promovieran prácticas que menoscabaran el liderazgo de sus representantes o las estigmatizaran, se estaría debilitando precisamente la organización que permite sostener la respuesta comunitaria. La gestión municipal debe fortalecer la confianza, respetar la autonomía de las organizaciones y asegurar su participación en las decisiones.

Fortalecer a estas organizaciones también implica mejorar su acceso a alimentos nutritivos. En ese esfuerzo, la recuperación de alimentos puede conectar el trabajo de las ollas comunes y los comedores populares con los mercados y las municipalidades. Y de hecho Lima ya cuenta con la Ordenanza N.° 2498, aprobada en 2022 durante la gestión municipal anterior, que crea el programa “Lima Recupera y Alimenta”, el cual ofrece una base para recuperar productos aptos para el consumo bajo condiciones sanitarias adecuadas. Dar continuidad a esta política en mercados de abastos, permitiría ampliar la disponibilidad de alimentos y reducir pérdidas que resultan especialmente preocupantes en una ciudad donde muchas familias tienen dificultades para alimentarse.

Además, estas intervenciones requieren una conducción metropolitana que articule esfuerzos y permita dar seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas en materia de alimentación y nutrición. Por ello, resulta necesario reactivar el Consejo del Sistema Alimentario de Lima (CONSIAL), creado durante la gestión municipal anterior, como un espacio efectivo de participación donde las organizaciones sociales, los productores, la academia y las autoridades puedan acordar prioridades y evaluar avances. Una gestión comprometida con la ciudad debe trabajar con la sociedad civil, escuchar sus propuestas y reconocer su capacidad de vigilancia, incluso cuando sus opiniones sean críticas. Estigmatizar a sus representantes o cerrarles las puertas debilita la confianza y limita las posibilidades de construir respuestas sostenibles.

Esa capacidad de gestión también debe expresarse en los entornos escolares. Han pasado cinco años desde la aprobación de la Ordenanza N.° 2366, que busca promover entornos alimentarios saludables a niños y adolescentes en Lima y que contempla se implemente en los colegios, educación alimentaria, quioscos escolares saludables y la prohibición del comercio ambulatorio de alimentos no saludables en un perímetro de 200 metros alrededor de las instituciones educativas. El tiempo transcurrido obliga a preguntar por su cumplimiento integral y por las responsabilidades de las autoridades encargadas de implementarla.

La discusión electoral también debería incorporar la producción local de alimentos. Promover la agricultura urbana y periurbana y facilitar las ferias de alimentos de origen agroecológico puede fortalecer la relación entre productores y consumidores. Los proyectos presentados en gestiones anteriores merecen ser evaluados por su utilidad pública y retomados cuando corresponda. La continuidad institucional exige que las propuestas se juzguen por lo que pueden aportar a Lima, más allá de quién las impulsó.

En conclusión, en esta elección, la ciudadanía tiene razones para exigir una visión más completa de la gestión municipal. La seguridad, el transporte y la infraestructura son prioridades urgentes, pero la alimentación y la nutrición también forman parte de las condiciones que hacen posible vivir dignamente en la ciudad. Su escasa presencia en el debate electoral limita la discusión sobre el desarrollo que Lima necesita.

Este 4 de octubre se elegirá a una autoridad con capacidad para asignar recursos, coordinar servicios y establecer prioridades. Entre ellas deben estar la prevención de la anemia, la protección de la alimentación escolar y el fortalecimiento de las organizaciones que sostienen la alimentación comunitaria. Los candidatos tienen la responsabilidad de explicar cómo asumirán esa tarea. La ciudadanía, el derecho de exigir respuestas antes de votar y resultados durante toda la gestión.