La captura del hombre señalado como presunto autor de los disparos contra Susy Aponte Polo, ‘La China Polo’, resolvió apenas una parte del rompecabezas. La investigación fiscal tiene ahora una pregunta más compleja por responder: quién estuvo detrás del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash y cómo se organizó el ataque ejecutado en pleno centro de Caraz.
El Ministerio Público investiga el crimen como presunto sicariato, luego de que la calificación inicial de feminicidio fuera modificada. El cambio orienta las pesquisas hacia la posibilidad de un asesinato por encargo y obliga a reconstruir una cadena que no termina necesariamente en la persona que habría apretado el gatillo: también deben identificarse eventuales coordinadores, financistas y autores intelectuales.
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El Poder Judicial ordenó 15 días de detención preliminar para Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, investigados por presunto sicariato y por las lesiones ocasionadas durante el ataque. El plazo se computa desde el 19 de septiembre y vence el 4 de octubre, precisamente el día de las Elecciones Regionales y Municipales en las que Aponte Polo postulaba a la gobernación de Áncash.
Quince días para reunir las pruebas
La detención preliminar no implica que los investigados hayan sido declarados culpables. La medida permite que permanezcan privados de libertad mientras la Fiscalía desarrolla diligencias urgentes y reúne elementos para determinar qué participación habría tenido cada uno.
Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana, es señalado como el presunto autor de los disparos, mientras que Toro Ardila, peruano, fue trasladado desde Lima hasta Caraz para continuar con las actuaciones fiscales. La resolución judicial conocida hasta ahora comprende a ambos.
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En ese periodo, los investigadores deberán cruzar evidencia física, registros audiovisuales, declaraciones y los movimientos de las personas vinculadas al caso. El objetivo será reconstruir no solo los minutos del ataque, sino también qué ocurrió durante los días previos y si existieron contactos que permitan llegar a niveles superiores de la presunta organización del crimen.
El arma incautada y su recorrido desde Lima
Una de las piezas principales es la pistola que la Policía encontró en poder de Obispo Díaz tras su captura. Se trata de una Glock calibre 9 x 19 milímetros, que figura como robada desde noviembre de 2023.
De acuerdo con información policial recogida por Infobae, el arma pertenecía a un efectivo de la Policía Nacional que denunció su sustracción en Villa El Salvador, Lima. Las diligencias deberán determinar cómo llegó hasta Áncash, quiénes la tuvieron antes del ataque y qué relación guarda con la evidencia balística recuperada en Caraz.
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La Fiscalía también dispuso una pericia de absorción atómica, destinada a detectar residuos asociados con el uso de armas de fuego. Ese resultado deberá analizarse junto con las demás pericias para establecer la participación atribuida a los intervenidos.
Las cámaras de un hotel pueden revelar los movimientos previos
Otra línea conduce a un hotel de Caraz. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas solicitó los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento donde uno de los presuntos atacantes se habría hospedado desde el 15 de septiembre, cuatro días antes del asesinato.
Las imágenes pueden ayudar a establecer a qué hora ingresó y salió, si estuvo acompañado, qué personas lo visitaron o si utilizó algún vehículo durante esos días. Ese recorrido previo cobra relevancia frente a la hipótesis de un ataque preparado con anticipación y no de una acción improvisada.
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A ello se sumarán las declaraciones de las personas que resultaron heridas durante la balacera y de otros testigos. La Fiscalía deberá contrastar esos testimonios con las imágenes de seguridad y el material registrado durante el ataque.
¿Dos o tres detenidos por el crimen?
Otro punto todavía debe ser aclarado por las autoridades. La resolución judicial de detención preliminar alcanza a dos investigados: Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila. Sin embargo, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó públicamente que existían tres personas detenidas vinculadas a las pesquisas.
Según Gálvez, además del presunto autor material, se había intervenido a un supuesto financista y a una persona que habría transportado previamente al atacante. También informó sobre la detención en Surco de un hombre de 29 años cuya eventual participación se encuentra bajo investigación. Hasta el momento, la información difundida no permite establecer si ese tercer intervenido corresponde a alguno de los roles mencionados por el titular del Ministerio Público.
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La diferencia resulta relevante porque, si la hipótesis de sicariato se sostiene, seguir la ruta del financiamiento y de la logística puede ser determinante para llegar a quien habría encargado el asesinato.
Las amenazas denunciadas antes del ataque
Aponte Polo había denunciado públicamente que recibía amenazas de muerte y afirmó que algunas llamadas provenían de tres establecimientos penitenciarios. También había realizado denuncias y señalamientos contra diferentes personas desde su espacio periodístico.
Esos antecedentes forman parte del contexto que deberá revisar la Fiscalía, pero hasta ahora no se ha establecido públicamente una relación probada entre esas amenazas y el asesinato. Tampoco corresponde atribuir responsabilidad a las personas mencionadas previamente por Aponte mientras no existan elementos que las vinculen con el crimen.
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Determinar si alguna amenaza guarda relación con el ataque requerirá contrastar registros de comunicaciones, testimonios y otros elementos. La hipótesis deberá sostenerse en evidencia y no únicamente en las declaraciones realizadas por la periodista antes de su muerte.
El crimen fue ejecutado en plena campaña
Susy Aponte Polo era periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash. Fue asesinada el 19 de septiembre cuando participaba en una actividad política en las inmediaciones del mercado de Caraz. El ataque también dejó varias personas heridas.
Tras el crimen, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió el expediente y dispuso la necropsia, declaraciones de los heridos, revisión de cámaras de vigilancia y otras pericias. Un equipo especializado de la División de Homicidios también fue enviado a Áncash para reforzar las investigaciones.
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La condición de candidata de Aponte forma parte del contexto del asesinato, pero el móvil permanece bajo investigación. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente si el ataque estuvo relacionado con su actividad periodística, su campaña electoral, denuncias anteriores o alguna otra circunstancia.
La pista que falta: quién habría dado la orden
La captura del presunto tirador permite investigar la ejecución del ataque, pero no responde por sí sola quién habría tomado la decisión de matar a ‘La China Polo’.
Si la Fiscalía logra confirmar que se trató de un sicariato, deberá reconstruir cómo llegó el presunto autor material a Caraz, quién conocía los desplazamientos de la víctima, quién facilitó el arma y los recursos necesarios y si existió una contraprestación económica.
Las cámaras del hotel, el análisis del arma, las pericias, los teléfonos, los movimientos de los investigados y la información sobre un posible financista adquieren así un objetivo común: seguir la ruta que permita pasar del ejecutor a quienes habrían organizado el crimen.
Por ahora, esa es la pieza que permanece sin resolver. Los primeros detenidos y las evidencias recogidas han permitido avanzar sobre la posible ejecución y logística del ataque, pero la identidad de un eventual autor intelectual y el móvil del asesinato todavía no han sido establecidos por la investigación fiscal.
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