Las agresiones escolares aumentaron 18,5% en 2026 y superaron los 11.800 reportes de violencia, según las cifras disponibles sobre episodios que involucran a niños y adolescentes. El incremento volvió a poner el foco sobre los mecanismos de prevención dentro y fuera de las aulas, así como sobre la necesidad de una respuesta coordinada entre familias, estudiantes, docentes y autoridades educativas.
La violencia entre pares no se limita a quien inicia una agresión y a quien la recibe. Los alumnos que observan una pelea, la celebran o la registran con sus teléfonos pueden influir en su desarrollo. La presencia de espectadores puede convertir un conflicto en una exhibición, extenderlo y aumentar la presión sobre quienes participan.
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El psicólogo Manuel Sarabia sostuvo que muchas intervenciones se activan cuando el daño ya ocurrió. “No estamos trabajando sobre la prevención, sino estamos actuando a partir de que se da el hecho de violencia”, advirtió. Para el especialista, el desafío consiste en detectar señales tempranas, abrir canales de comunicación y establecer límites antes de que una discusión escale a golpes, amenazas o formas de hostigamiento digital.
Los espectadores pueden reforzar o frenar una agresión
Sarabia planteó que la ausencia de público puede reducir la repetición de conductas violentas. En cambio, cuando otros alumnos aplauden, incitan o filman, quienes se enfrentan pueden interpretar esa reacción como una validación. En esos casos, la pelea deja de ser un hecho aislado entre dos personas y pasa a tener una audiencia que la sostiene.
Las escenas de golpes, patadas, empujones o tirones de cabello difundidas entre estudiantes muestran una dinámica en la que el entorno tiene un papel concreto. Quien graba puede contribuir a que las imágenes circulen fuera de la escuela, con consecuencias que persisten después del episodio. La exposición pública puede profundizar la humillación de la víctima y consolidar la agresión como una forma de obtener reconocimiento entre pares.
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La intervención de los testigos forma parte de la prevención, aunque debe realizarse sin que los alumnos se expongan a riesgos. Pedir ayuda a un adulto, alertar a un docente, acompañar a la persona atacada o evitar la difusión de videos son acciones que pueden limitar la escalada. La violencia escolar requiere que los compañeros dejen de ser público y se conviertan en parte de una red de cuidado.
¿Crisis en el sector educación?
El especialista indicó que las instituciones educativas, las familias y los propios alumnos necesitan acordar criterios para actuar ante estos casos. También señaló la importancia de revisar cuáles son los márgenes de intervención de los colegios y qué herramientas poseen para establecer límites cuando un estudiante representa un riesgo para sí mismo o para otras personas.
En situaciones donde un niño o adolescente no consigue controlar sus reacciones, Sarabia consideró que puede requerirse una modalidad de clases virtuales junto con atención profesional. La medida, según explicó, debe analizarse de acuerdo con cada caso y no reemplaza el acompañamiento. El agresor también necesita asistencia para identificar qué desencadena su conducta y aprender recursos para regularla, además de las acciones de protección y contención destinadas a la víctima.
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Las señales de alerta pueden aparecer en casa o en el aula
Entre los indicadores que pueden requerir atención figuran golpear paredes, romper objetos, responder con agresividad o mostrar dificultades para tolerar la frustración. Los episodios de violencia en el hogar pueden formar parte de la historia de algunos menores que luego atacan a sus compañeros, aunque esa circunstancia no justifica el daño. La detección temprana permite indagar qué ocurre y buscar una respuesta antes de que el comportamiento afecte a otras personas.
Las conductas no siempre se expresan de la misma manera en todos los ámbitos. Un estudiante puede mostrarse tranquilo en su casa y reaccionar de forma agresiva en la escuela, o atravesar la situación inversa. Por eso, Sarabia remarcó que padres, docentes, tutores y autoridades deben sostener una comunicación frecuente. El intercambio puede ayudar a identificar cambios de ánimo, conflictos con compañeros, dificultades académicas o situaciones de aislamiento.
La observación también alcanza a los contenidos que consumen niños y adolescentes. Las familias necesitan conocer los juegos, desafíos, cuentas y figuras de internet que siguen sus hijos para poder orientarlos. Algunos retos virales promueven agresiones físicas o conductas de riesgo, mientras que la circulación de contenidos violentos puede influir en la forma en que determinados conflictos son representados o normalizados.
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El silencio de las víctimas de bullying
Las víctimas, por su parte, pueden callar por vergüenza, miedo o por el deseo de no preocupar a sus padres. Las amenazas dentro del aula suelen reforzar ese silencio, sobre todo cuando se advierte que la situación empeorará si el hecho llega a los adultos. El temor a represalias puede impedir que una agresión sea comunicada a tiempo, por lo que resulta necesario construir espacios donde los menores puedan hablar sin anticipar castigos, reproches o desconfianza.
El ciberacoso agrega otra dimensión al problema. La difusión de imágenes íntimas de niñas bajo amenazas constituye una forma de hostigamiento que puede multiplicar el daño más allá de la escuela. La circulación de videos, capturas o mensajes puede extenderse entre grupos de alumnos y permanecer disponible incluso después de que la situación inicial haya terminado.
Sarabia recomendó que el hogar funcione como un lugar de confianza para que los menores expresen incluso aquello que les resulta difícil contar. “Hijo, hija, estamos juntos en esto. Pase lo que pase, cuenta conmigo, vamos a solucionarlo”, propuso como mensaje para las familias. La escucha, la intervención oportuna y el seguimiento profesional cuando sea necesario aparecen como herramientas para evitar que los 11.800 reportes de violencia se conviertan en casos sin detección previa.
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