
El Ministerio Público atribuye al exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, el delito de tráfico de influencias por haberle ofrecido a la conductora Magaly Medina su capacidad de intervención ante la expresidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima para remover a las juezas a cargo de los procesos penales que el exfutbolista Jefferson Farfán le seguía a la presentadora. Así consta en la disposición de inicio de diligencias preliminares de la carpeta fiscal 364-2024, difundida por la periodista Karla Ramírez.
Según el documento, Hurtado le habría manifestado a Medina que podía gestionar ante María Vidal La Rosa, entonces presidenta de la Corte de Lima, la remoción de dos magistradas: Rosario Mitacc Parra y Carolina Tello Meneses. Ambas tenían a su cargo, respectivamente, los procesos por difamación agravada y violación a la intimidad que Farfán había iniciado contra la conductora.
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La jueza Mitacc Parra ya había fijado fecha para dictar sentencia en la querella por difamación cuando Vidal La Rosa emitió la resolución administrativa 000303-2023-P-CSJLI-PJ, con la que la reemplazó por una supuesta baja productividad. En la misma resolución, la expresidenta de la Corte también dio por concluida la designación de Tello Meneses en el proceso por violación a la intimidad. Infobae accedió a ambos expedientes judiciales, que confirman los cambios de magistradas.
La maniobra, no obstante, no alteró el resultado final de los juicios. La nueva jueza designada en la causa por difamación terminó condenando a Medina a un año y ocho meses de prisión suspendida, fallo que la Corte Suprema ratificó. En el proceso por violación a la intimidad —en el que se acreditó que la conductora emitió imágenes del interior del departamento de Farfán grabadas desde la calle—, la magistrada sustituta la condenó a dos años y ocho meses de prisión, pena que fue convertida a servicio comunitario y también confirmada por la Corte Suprema. Esta es la pena que, según denunció el exfutbolista, la conductora no habría estado cumpliendo.
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Más detalles de la carpeta 364-2024
La investigación preliminar que examina estas remociones cuenta, de acuerdo con la periodista Karla Ramírez, con un aspirante a colaborador eficaz que habría delatado los presuntos actos que Hurtado y Vidal La Rosa habrían desplegado para favorecer a Medina.
Un aspirante a colaborador eficaz es una persona imputada que se acerca voluntariamente al Ministerio Público para ofrecer información relevante sobre una organización criminal o sobre delitos cometidos por terceros, a cambio de beneficios procesales como la reducción de penas, la suspensión de la ejecución de condenas o incluso la exención de responsabilidad penal.
Cabe precisar que Medina no figura como investigada en esta carpeta fiscal. La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos la ha citado a declarar como testigo el martes 25 de agosto. Su esposo, el notario Alfredo Zambrano, también fue convocado. En su programa de televisión, la conductora sostuvo que ese despacho fiscal solo investiga a magistrados y no a “ciudadanas comunes y mortales”. Sin embargo, las fiscalías supremas sí pueden investigar a particulares cuando estos aparecen involucrados en los presuntos delitos atribuidos a los funcionarios públicos bajo su competencia.
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Ese mismo criterio se aplica al propio Hurtado, quien es investigado en un despacho supremo por su presunta vinculación con los actos de corrupción atribuidos a la fiscal superior Elizabeth Peralta, en una causa paralela a la carpeta 364-2024.
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