Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo Quispe presentó un proyecto de ley que busca crear el delito de “apología al delito agravado” y sancionar con hasta seis años de prisión a quienes promuevan o legitimen conductas violentas durante una crisis política o conflicto social. La iniciativa ha encendido las alertas entre especialistas en libertad de expresión, quienes advierten que su amplia redacción podría afectar el ejercicio del periodismo.

La propuesta, registrada como Proyecto de Ley N.° 00043-2026-2031-CD y presentada el 17 de agosto, también plantea modificar el artículo 46 del Código Penal para agravar la pena cuando estas conductas se realicen mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones o actos de difusión.

Bravo difundió la iniciativa en sus redes sociales a través de un video en el que recopiló expresiones de distintas figuras públicas durante escenarios de tensión política. Entre ellas incluyó al ex primer ministro y exministro de Pedro Castillo, Aníbal Torres, quien en 2022 advirtió que “correrán ríos de sangre” ante un eventual escenario de crisis política y salida del entonces presidente.

El diputado también citó una declaración de la periodista Rosa María Palacios, realizada en 2025 durante las protestas de la denominada Generación Z contra el gobierno de Dina Boluarte, cuando explicó que una bomba molotov podía elaborarse con combustible y un trapo, y que este “no es un arma”.

Otro de los casos mencionados corresponde a la periodista Claudia Cisneros, quien este año, en medio de la tensión política por los resultados electorales, afirmó que “las calles arderán” ante un eventual escenario en el que el fujimorismo “cocine fraude”.

¿Qué propone el proyecto de ley?

Según se lee en el nuevo artículo 316-B, que se busca incorporar al Código Penal, se pretende establecer que sea sancionado quien, mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión, “promueva, solicite, señale, aliente, justifique o legitime” el empleo de artefactos explosivos, incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios capaces de afectar la vida, la integridad física, la seguridad ciudadana o el patrimonio.

La pena propuesta es de cuatro a seis años de prisión, siempre que la conducta genere un riesgo “en tiempos de crisis política y/o conflicto social”.

En caso de que el autor sea funcionario o servidor público, o utilice su cargo o función para cometer el delito, la iniciativa plantea además una pena de inhabilitación.

El proyecto también establece como agravante que el hecho sea cometido por determinadas personas cuando utilicen medios de comunicación o plataformas digitales. La lista incluye a funcionarios y servidores públicos, representantes, líderes o dirigentes políticos, sociales o gremiales, líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido, influencers y personas con capacidad de convocatoria pública.

En estos casos, la pena correspondiente debería ubicarse en el tercio superior del marco penal previsto para el delito, menciona el documento.

Aldo Bravo: “Hay que frenar la muerte”

El autor de la iniciativa defendió su propuesta en declaraciones a Canal N y sostuvo que el objetivo es evitar que expresiones que puedan incentivar hechos violentos terminen generando nuevas víctimas.

Durante la entrevista, el periodista le preguntó si, bajo su proyecto, una persona que realizara un llamado a la insurgencia podría cometer un delito. Bravo respondió afirmativamente y explicó que, según su interpretación, la propuesta busca reforzar una conducta que ya está contemplada en el Código Penal.

“El Código Penal ya tiene el tipo penal instigación a la violencia. Lo único que estoy haciendo yo, estoy incorporando un agravante, por eso es el 316-B”, señaló.

El diputado rechazó que la iniciativa represente un peligro para periodistas o dirigentes políticos y sostuvo que la norma tendría un objetivo específico. “Ningún periodista o ninguna persona, ningún líder político, nadie puede instigar la comisión de un delito”, manifestó.

Como ejemplo, señaló que una persona no podría llamar públicamente a utilizar armas o bombas molotov contra otras personas.

Sin embargo, ante las preguntas sobre el alcance de la propuesta y el riesgo de que su redacción termine abarcando conductas más amplias que la instigación directa a cometer un delito, Bravo sostuvo que el proyecto deberá ser evaluado y debatido en las instancias correspondientes del Congreso.

“Este proyecto de ley es un proyecto que pasará a la comisión correspondiente para su debate. (...) Y luego de esto pasará al pleno para su debate”, indicó.

Proyecto no tiene la firma de todos los diputados de Renovación Popular

El proyecto lleva la firma de 10 de los 15 diputados que tiene Renovación Popular: Mady Yonz Núñez, Javier Cipriani Thorne, Paola Martínez Paitán, Aldo Bravo Quispe, Roxana Rocha Gallegos, Gustavo Segura Figueroa, Christian Aranda Vásquez, Jorge Zevallos Aponte, Leo Miguel De Paz Lancho y José Baella Malca.

Durante la entrevista, Bravo fue consultado expresamente sobre si toda la bancada respaldaba la propuesta. El parlamentario precisó que, al menos, los legisladores que suscribieron la iniciativa sí la apoyan. “El proyecto está firmado por diez personas”, sostuvo.

Abogado advierte riesgo para periodistas y medios

Para el abogado Roberto Pereira, especialista en temas de prensa y libertad de expresión, la iniciativa podría ampliar de manera peligrosa el margen para perseguir penalmente expresiones legítimas.

Pereira cuestionó particularmente que el proyecto incorpore conceptos como “líder de opinión” o “persona con capacidad de convocatoria pública”, debido a que no están claramente definidos. “¿Quién es una persona con capacidad de convocatoria pública? Por Dios”, expresó en el medio citado.

El abogado sostuvo que una eventual aprobación podría generar una situación de presión sobre periodistas, medios y ciudadanos, incluso cuando finalmente no exista una condena. “Hoy día va a haber, si se aprobara este proyecto, una espada de Damocles sobre medios de comunicación, sobre periodistas, sobre cualquier persona”, sostuvo.

Su principal preocupación es que la norma pueda terminar alcanzando expresiones o coberturas periodísticas que forman parte del ejercicio de la libertad de expresión. “Van a convertir ejercicios válidos de libertad de expresión en delitos”, advirtió.

Pereira también alertó sobre un posible efecto de autocensura, al considerar que una denuncia penal podría utilizarse como mecanismo de presión aun cuando no prospere judicialmente.

“Quizá no tanto con la finalidad que los condenen, pero sí con la finalidad de provocar autocensura”, finalizó.