El ingreso de ropa usada procedente de Chile hacia el mercado informal de Perú ha tomado dimensiones sustanciales, impulsado por una cadena de suministro ilícita que vincula a redes criminales, contrabando, fraude documental y contaminación ambiental.
Según un reciente estudio del Instituto de Criminología, elaborado en colaboración con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la importación comercial de prendas de segunda mano permanece prohibida en territorio peruano por la Ley N°28514.
Sin embargo, miles de toneladas de ropa, originalmente legalizadas en la Zona Franca de Iquique, cruzan la frontera y terminan comercializándose como productos nuevos en tiendas y mercados locales.
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La frontera sur: de la Zona Franca de Iquique a los mercados peruanos
El tráfico ilegal de ropa usada representa un eslabón clave dentro de la economía criminal que afecta a la industria nacional. El Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI) de la SNI alerta que este fenómeno fortalece a organizaciones dedicadas al contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos.
De acuerdo con cifras del Banco Central de Chile, ese país importó US$143,3 millones en ropa usada durante 2023, con un promedio anual de 136.095 toneladas entre 2021 y 2023.
Parte importante de ese flujo termina desviándose hacia Perú y otros países vecinos mediante rutas informales y pasos fronterizos no habilitados.
Una red criminal que mueve toneladas y dinero ilícito
La investigación del Instituto de Criminología documenta una estructura criminal compuesta por 11 eslabones, con 32 actividades y 88 tareas identificadas a lo largo de la cadena ilegal. La ruta de la ropa usada comparte corredores logísticos con otras economías ilícitas, como el tráfico de oro, mercurio y drogas.
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El director de Asuntos Públicos del Instituto, Nicolás Zevallos, explicó que “el transporte que ingresa ropa usada por la frontera sur puede traer mercurio ilegal, armas o ser utilizado para el tráfico de personas o cocaína”. De este modo, las mafias diversifican operaciones y recursos en un circuito delictivo compartido.
El disfraz de la solidaridad: donaciones que financian el delito
Uno de los puntos críticos señalados por la investigación es el impacto ambiental. Solo en el recorrido hacia Perú, la cadena de suministro deja 24 puntos de desecho textil donde toneladas de residuos plásticos y sintéticos quedan abandonados en carreteras y zonas rurales.
El documento subraya que apenas el 1% de la ropa recolectada logra reciclarse efectivamente para fabricar nuevas prendas, mientras que el resto termina en vertederos o es incinerado. Además, el 64% de la ropa actual está compuesta por fibras sintéticas, lo que agrava su efecto contaminante.
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El impacto ambiental oculto tras la ropa barata
El informe sostiene que el discurso de la “economía circular” en la industria del reciclaje textil resulta engañoso en este contexto. La mayoría de las prendas descartadas en el norte global —Estados Unidos y Europa— se exportan a Sudamérica y África bajo la etiqueta de donaciones o ayuda humanitaria.
Solo el 10% de la ropa de calidad superior se vende en origen, mientras que el 90% es forzado a exportación hacia mercados informales, donde las prendas se revenden como nuevas sin control sanitario.
El fenómeno también se apoya en el crecimiento de las plataformas digitales y el comercio electrónico. Una vez en territorio peruano, la ropa es almacenada, clasificada y distribuida por redes mayoristas y minoristas, que utilizan redes sociales y servicios de encomiendas para abastecer a compradores en diferentes regiones del país.
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El OLCI advierte que casi la mitad de las empresas industriales peruanas se ven afectadas por alguna modalidad de comercio ilícito, siendo el contrabando textil una de las principales amenazas.
Plataformas digitales, la nueva vitrina del contrabando textil
Las autoridades y el gremio industrial han pedido al Gobierno fortalecer el control fronterizo y priorizar la desarticulación de las organizaciones criminales que operan la economía ilícita de la ropa usada.
Entre las propuestas figuran la modernización de los sistemas de gestión de riesgos aduaneros, la fiscalización del comercio digital y la cooperación internacional.
El estudio, así, recomienda articular la acción del Estado, la policía y los gobiernos locales para cerrar establecimientos que comercializan prendas cuya importación está prohibida.
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