El Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), inició un proceso de supervisión en colegios públicos de la capital para verificar el estado de sus instalaciones y analizar los contratos con terceros que puedan interferir en el servicio educativo.
La acción responde a la decisión del Gobierno nacional de priorizar los casos en los que la ocupación de terrenos afecta el funcionamiento escolar. La inspección permitió identificar la situación de la Institución Educativa 7093 República de Francia, en Villa El Salvador (VES), donde la comunidad viene exigiendo la recuperación de un terreno originalmente destinado a la construcción de nueva infraestructura.
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Actualmente, esa área se encuentra en manos de la empresa Inversiones Whitman E. I. R. L., lo que ha derivado en un conflicto judicial que involucra al Minedu y la compañía concesionaria.
La revisión de contratos y ocupaciones es una prioridad para la Drelm, que exhortó a las autoridades de los planteles a mantener una gestión “transparente, responsable y orientada al bienestar de la comunidad educativa”.
Según el director de la DRELM, Cornelio Gonzales, la labor se realiza por mandato expreso de la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Educación, José Chang, con el objetivo de “proteger a los estudiantes y a los padres de familia, y garantizar la recuperación de los espacios destinados a la educación en beneficio de nuestros escolares”.
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El caso de la República de Francia no es aislado. La problemática de terrenos escolares ocupados o concesionados se repite en distintos distritos de Lima Metropolitana, lo que ha motivado la revisión integral de convenios vigentes y procesos judicializados para evitar que la educación pública se vea afectada por intereses externos.
Conflictos judiciales y coordinación interinstitucional
De acuerdo con información proporcionada por la institución educativa a la UGEL 1, el área donde hoy funciona una cancha de gras sintético está judicializada por un litigio entre el Minedu y la empresa privada.
Padres de familia y dirigentes han reportado presuntas amenazas e intimidaciones vinculadas al conflicto, entre ellas cartas notariales y la presencia del representante de Inversiones Whitman E. I. R. L. en el plantel.
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La DRELM precisó que estos hechos serán comunicados a las autoridades competentes para que se realicen las acciones que correspondan, y anunció un acompañamiento permanente a la comunidad educativa durante el proceso.
“No podemos permitir que procesos pendientes continúen retrasando obras que beneficiarán a nuestros estudiantes. Cuando un convenio concluye y no se devuelve un bien del Estado, corresponde que las autoridades competentes actúen para recuperar ese patrimonio”, afirmó Cornelio Gonzales.
La autoridad educativa subrayó que la ocupación de terrenos limita la ejecución de proyectos de infraestructura y afecta las condiciones de aprendizaje. Por ello, se coordinarán acciones con el Poder Judicial para garantizar la recuperación de los espacios y el cumplimiento de la ley.
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Alquileres en colegios tienen un plazo máximo de un año
Por último, Gonzales Torres, aseguró que la prioridad es proteger a los estudiantes y padres de familia que realizan los reclamos. Según explicó, los espacios dentro de los colegios pueden ser concesionados por un periodo limitado.
“Todo alquiler en una institución educativa es por un año. Estos señores tienen muchos años, se vuelven precarios y perjudican la educación y la atención de estos niños”, afirmó.
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