La expansión de las economías ilegales en la Amazonía peruana llegará este martes 4 de agosto a uno de los principales escenarios internacionales de derechos humanos. Cinco lideresas indígenas viajarán a Washington D. C. para participar en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expondrán el impacto que tiene el crecimiento de la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y otras actividades ilícitas en sus comunidades.
La presentación se produce en un contexto marcado por el fortalecimiento del crimen organizado en la selva peruana. De acuerdo con datos expuestos por las organizaciones indígenas y sustentados en investigaciones recientes, estas redes ya afectan a cerca del 67% de los distritos amazónicos y mantienen en disputa alrededor del 32% de los territorios indígenas, mientras que el oro ilegal se consolida como una de las principales fuentes de ingresos de las estructuras criminales, incluso por encima del narcotráfico.
Impacto de las economías ilegales sobre los pueblos indígenas será expuesto en la CIDH
La audiencia temática denominada “Perú: Situación de las mujeres indígenas defensoras en contexto de economías ilegales” se desarrollará durante el 196.º Período de Sesiones de la CIDH y reunirá, por primera vez durante el actual gobierno, a representantes del Estado peruano y a organizaciones indígenas amazónicas en un espacio internacional para debatir la situación de los derechos humanos en la región.
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La delegación peruana está integrada por Teresita Antazú, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL); Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Awajún; Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; y Kelly Valencia, presidenta de la Organización Regional de la Guardia Indígena del Pueblo Shipibo-Konibo (ORGI).
Durante la audiencia, las representantes buscarán exponer cómo el avance de las redes criminales ha incrementado los riesgos para quienes protegen los bosques amazónicos. Según sostienen, la expansión de la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal ha convertido a los territorios indígenas en uno de los principales escenarios de disputa del crimen organizado en Sudamérica.
Las organizaciones advierten que esta situación se agrava por el debilitamiento de la presencia estatal y por reformas normativas que, según indican, reducen los mecanismos de protección ambiental y territorial. Entre las normas cuestionadas figuran la Ley N.º 32293, la denominada Ley “Antiforestal” (Ley N.º 31973), las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), modificaciones relacionadas con la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas y cambios en la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
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Asimismo, las lideresas sostienen que la decisión del Perú de no ratificar el Acuerdo de Escazú deja a las personas defensoras ambientales sin un mecanismo regional adicional de protección frente al incremento de amenazas y agresiones.
La audiencia ante la CIDH se realizará este 4 de agosto, desde la 1:00 p. m. (hora peruana), en Washington D. C., y será transmitida a través del canal oficial de YouTube del organismo internacional. Allí, las representantes indígenas presentarán directamente sus denuncias ante los comisionados y los representantes del Estado peruano sobre el avance del crimen organizado y los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras de la Amazonía.
Minería ilegal supera al narcotráfico y fortalece al crimen organizado en la Amazonía peruana
La preocupación expresada por las organizaciones indígenas coincide con los resultados de investigaciones recientes sobre la expansión de las economías ilegales en la Amazonía. Un informe elaborado por Amazon Watch junto con organizaciones indígenas advirtió que la minería ilegal y el narcotráfico ya no operan como actividades separadas, sino como parte de una misma estructura criminal que comparte financiamiento, rutas logísticas y mecanismos para el lavado de dinero.
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El estudio sostiene que entre 2014 y 2024 estas actividades movilizaron aproximadamente US$13.341 millones en el Perú. De ese total, cerca de US$7.810 millones corresponderían a la minería ilegal, cifra que supera los ingresos atribuidos al tráfico de drogas durante ese mismo período.
La investigación también identifica que los recursos obtenidos mediante el narcotráfico sirven para financiar operaciones de extracción ilegal de oro, mientras que el mineral se convierte posteriormente en un mecanismo para blanquear ganancias ilícitas. Este modelo ha permitido consolidar redes criminales que operan simultáneamente en diferentes actividades ilegales dentro de la Amazonía.
Otro de los datos que preocupa a las organizaciones indígenas es el avance de estas economías sobre los territorios comunales. El informe señala que en 2024 se identificaron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas, lo que representa un incremento del 147% respecto a 2018.
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Además, se detectó una superposición de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con zonas vinculadas a la actividad cocalera y la existencia de más de 13.000 derechos mineros en áreas donde también habitan comunidades indígenas.
Los impactos también alcanzan al ambiente. La investigación estima que la minería ilegal ha provocado la deforestación de al menos 47.350 hectáreas de bosques amazónicos, además de generar contaminación por mercurio en diversos ríos utilizados por las comunidades para su alimentación y abastecimiento de agua.
Las organizaciones indígenas también alertan sobre el incremento de la violencia contra quienes defienden estos territorios. Registros de AIDESEP indican que entre 2013 y 2026 fueron asesinados 35 líderes indígenas en conflictos relacionados con actividades ilícitas y disputas territoriales, mientras que numerosas mujeres defensoras reportan amenazas, criminalización, violencia sexual, trata de personas, desplazamientos forzados y ataques en entornos digitales.
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Frente a este escenario, distintas comunidades han fortalecido mecanismos propios de vigilancia, como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín. Estas iniciativas realizan patrullajes, monitoreo territorial y sistemas de alerta temprana para detectar el ingreso de organizaciones vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la Amazonía peruana.