El futuro inmediato del diputado Julián Pérez Malqui se encuentra en manos de las autoridades luego de permanecer detenido durante 48 horas en la comisaría de San Miguel tras ser acusado de agresión física contra su expareja. El plazo establecido para su retención vence este sábado entre las 9 y 10 de la mañana, momento en el que se deberá determinar si recupera su libertad o si corresponde adoptar alguna otra medida dentro de las investigaciones.
De acuerdo con la información recogida en la sede policial por parte de Exitosa, durante las últimas horas, el Ministerio Público ha desarrollado diligencias destinadas a esclarecer el episodio denunciado. La Fiscalía Suprema de Familia dispuso iniciar una investigación preliminar contra el parlamentario después de que la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer recibiera la denuncia presentada por la presunta víctima.
Uno de los procedimientos previstos para esta jornada es la constatación de hechos en la comisaría. Esta actuación permitirá recoger información relacionada con el incidente y contribuirá a establecer las circunstancias en las que se habría producido el supuesto ataque. Los resultados de estas diligencias serán evaluados por las autoridades encargadas del caso.
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El incidente que originó la intervención policial ocurrió hace dos días, cuando Pérez Malqui acudió a la dependencia acompañado de su expareja, una mujer de 44 años. Ambos se encontraban allí para realizar un acta vinculada con una denuncia por abandono de hogar. Sin embargo, la situación habría cambiado cuando la mujer solicitó ingresar a los servicios higiénicos.
Según la denuncia, fue en ese momento cuando el legislador presuntamente la habría agredido físicamente. El episodio motivó la intervención de los agentes y posteriormente derivó en la detención del diputado, mientras se comunicaba el caso al Ministerio Público para las acciones correspondientes.
La investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar, por lo que deberán recopilarse elementos que permitan determinar con precisión lo ocurrido y establecer si existen responsabilidades. En ese sentido, la permanencia del legislador en la dependencia policial responde al desarrollo de las primeras actuaciones vinculadas con la denuncia.
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La situación ha generado especial atención por la condición de autoridad del involucrado. El caso ocurre además en un contexto en el que las instituciones buscan reforzar la respuesta frente a las denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres. No obstante, corresponderá a las autoridades competentes determinar los hechos y las eventuales responsabilidades a partir de los elementos obtenidos.
Desde Juntos por el Perú, bancada a la que pertenece Pérez Malqui, expresaron su rechazo a cualquier manifestación de violencia. La agrupación política tomó posición frente a la denuncia, mientras que, hasta el momento, ninguno de sus compañeros habría acudido a la comisaría de San Miguel para visitarlo.
Con el vencimiento del plazo de detención cada vez más próximo, la expectativa está puesta en las decisiones que adopten la Fiscalía y las autoridades correspondientes. La constatación programada y los demás actos de investigación serán relevantes para definir los siguientes pasos del caso, que involucra a un representante del Poder Legislativo.
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