Sunass: desvío de fondos para agua y alcantarillado será castigado con más de 2,75 millones de soles

El regulador peruano ha dispuesto también el endurecimiento de sanciones contra la designación irregular en directorios de empresas de agua

Google icon
El reglamento contempla sanciones que van desde la amonestación escrita hasta la remoción del cargo por incumplimientos personales graves.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) estableció un nuevo régimen sancionador para las empresas prestadoras de agua potable y saneamiento mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2026-SUNASS-CD.

La norma fija que, ante casos de desvío de fondos o designaciones irregulares en directorios, se podrán aplicar multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/2,75 millones considerando el valor actual de la UIT.

La resolución detalla que el nuevo marco sancionador responde a la necesidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas y de buen gobierno corporativo por parte de las empresas prestadoras y sus funcionarios.

PUBLICIDAD

La norma de Sunass exige a directores y gerentes mantener una sede digital actualizada, rendir cuentas cada año y respetar los procedimientos de designación.

Obligaciones reforzadas para directores y gerentes

Las modificaciones normativas incluyen obligaciones específicas para directores y gerentes. Entre ellas, se encuentran la exigencia de implementar y mantener actualizada una sede digital, la obligación de rendir cuentas anualmente y el cumplimiento estricto de los procesos legales para la designación de altos cargos.

En situaciones de incumplimiento, las sanciones pueden ir desde la amonestación escrita hasta la remoción del cargo, dependiendo del tipo y la gravedad de la infracción.

El reglamento tipifica infracciones relacionadas con la gestión de fondos, tales como destinar recursos a fines distintos a los previstos por la regulación tarifaria o no reinvertir dividendos en obras para el cierre de brechas de acceso al servicio.

PUBLICIDAD

La resolución precisa que la sanción máxima de 500 UIT se reserva para las infracciones más graves, en especial para las empresas clasificadas como Tipo 4.

La Sunass tipificó como faltas el desvío de fondos y la falta de reinversión de dividendos en obras para cerrar brechas de acceso al servicio.

Ejemplos concretos de infracciones y sanciones

El anexo de la resolución enumera de forma específica las conductas sancionables, de acuerdo con el organismo regulador peruano del agua potable y alcantarillado.

Entre ellas se encuentran la omisión de contratar pólizas de seguro, la falta de trámite de solicitudes de acceso al servicio, el incumplimiento de medidas correctivas impuestas por Sunass y la ausencia de publicación de información de gestión en portales institucionales.

Figuran también como nuevas infracciones la transferencia de acciones sin la opinión favorable de Sunass y la designación de directores que no cumplen los requisitos legales.

El reglamento establece criterios de gradualidad para las sanciones, reservando la remoción del cargo para los incumplimientos personales graves o impedimentos legales verificados.

La Sunass estableció un nuevo régimen sancionador para las empresas de agua potable y saneamiento en Perú.

Transparencia y control para proteger a los usuarios

La Sunass subraya, a través de la normativa, que la administración responsable y la transparencia en la gestión son condiciones esenciales para las empresas del sector. La disposición ya está en vigor y será supervisada por la Dirección de Fiscalización de Sunass.

La actualización normativa forma parte de un proceso de alineamiento del sector con estándares internacionales de gobernanza y control.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es el organismo regulador encargado de supervisar, normar y fiscalizar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Perú.

Su labor incluye regular tarifas, velar por la calidad y sostenibilidad del servicio, y proteger los derechos de los usuarios, asegurando que las empresas del sector cumplan con las disposiciones legales y los estándares técnicos establecidos.