La petrolera estatal Petroperú enfrenta el vencimiento de un pago clave en junio por el crédito contratado con la aseguradora CESCE de España, utilizado para financiar la construcción de la nueva refinería de Talara.
El monto original del préstamo fue de USD 1.300 millones, y se suma a otras obligaciones financieras que la empresa debe afrontar en el corto plazo ante el agotamiento de recursos.
El tiempo para reunir los fondos escasea y la falta de liquidez ha obligado a priorizar este pago por encima de otras obligaciones operativas y comerciales, pero desde ProInversión y el propio directorio no existe claridad al respecto.
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CESCE y una deuda que asfixia a la estatal
La situación se complica porque ni la intervención de ProInversión tras el reciente rescate estatal de USD 2.000 millones ha logrado garantizar una gestión eficaz de estos recursos imprescindibles para la operación.
En la reunión de directorio del jueves pasado, la gerencia financiera advirtió que Petroperú no contaba con la estructura financiera lista para afrontar los pagos inminentes a bonistas y CESCE. La falta de respuestas por parte de la agencia generó alarma y preocupación entre los directores.
Fuentes cercanas al directorio de Petroperú aseguran que la mayoría de sus miembros está en desacuerdo con la forma en que se maneja la supervisión y la distribución de los fondos, lo que genera un ambiente de incertidumbre interna.
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La presión recae sobre la administración de la empresa, que debe decidir entre sacrificar pagos a proveedores e inversiones de mantenimiento para poder cumplir con los compromisos financieros internacionales.
La deuda total de Petroperú por la refinería de Talara, en su momento, superó los USD 4.300 millones, que ahora forman parte de compromisos globales por más de USD 7.899 millones, según la propia empresa.
El esquema de pagos de la estatal exige desembolsar alrededor de USD 170 millones cada semestre, suma que cubre tanto los intereses de los bonos internacionales como el pago del crédito CESCE.
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Estos pagos deben realizarse en junio y diciembre, y se han convertido en la prioridad absoluta para la administración, dada la gravedad de las consecuencias de un posible atraso.
Petroperú y una vulnerabilidad extrema frente a la región
Y es que la empresa ha quedado sujeta a un ciclo de endeudamiento sin aportes significativos de capital estatal. En enero de 2017, Petroperú solo recibió USD 350 millones de aporte estatal directo, el resto del dinero se consiguió obligando a la estatal a endeudarse.
Fuentes consultadas por Infobae dentro y fuera de la petrolera coinciden en que la decisión de financiar la refinería casi exclusivamente con deuda, en vez de combinarla con un aporte directo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dejó a Petroperú en una posición de extrema vulnerabilidad.
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Mientras otras petroleras estatales de la región, como Ecopetrol, ENAP, YPF o Petrobras, han recibido apoyo directo de sus accionistas para grandes obras, en el caso peruano la relación deuda-capital llegó al 90-95% a favor de la deuda.
El exministro de Economía Luis Miguel Castilla fue quien presentó al Congreso el plan de modernización de la refinería con una estimación inicial de USD 2.700 millones, cifra que no contempló posteriormente los costos de las unidades auxiliares, que elevaron el monto final por encima de los USD 3.500 millones. Desde ahí, los montos no han dejado de subir.
¿Riesgo de default para Petroperú?
El problema está en que los mismos inversionistas que prestan dinero a Petroperú son quienes financian al Estado peruano, y el MEF lo sabe.
Un default de la petrolera no solo tendría consecuencias inmediatas para la empresa, sino que también pondría en riesgo la calificación crediticia del país y la confianza de los mercados internacionales. Un impago, por ejemplo, permitiría a estos acreedores “exigir el pago acelerado del total de la deuda pendiente”, pero se podrían incluso ejecutar embargos.
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Así, la falta de atención del gobierno a estos desequilibrios, junto con la supervisión limitada de ProInversión, ha incrementado los riesgos para la seguridad energética y la estabilidad financiera del Estado.
Mientras tanto, la agencia del MEF se alista para presentar, en junio, la lista con los activos a ser escindidos de la administración de la petrolera, en un proceso que ha sido considerado una “privatización encubierta”. Pero antes, deben asegurarse de quién ocupará la próxima Presidencia del país.
Infobae intentó comunicarse con la Gerencia General de Petroperú, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
El dato
- Para Talara, Petroperú emitió tres bonos internacionales: USD 1.000 millones (2032, 4.75%), USD 1.000 millones (2047, 5.62%) y USD 1.000 millones (2047, 4.65%), sumando pagos anuales de intereses por USD 151,2 millones.
- Obtuvo un crédito sindicado respaldado por CESCE de USD 1.300 millones, a 10 años, con tasa fija de 3.285% anual, amortizando USD 130 millones de capital cada año.
- El pago anual del crédito CESCE fue de USD 172 millones el primer año (USD 130 millones de capital + USD 42 millones de intereses) y baja a USD 120 millones en 2026 por la reducción del saldo.
- El desembolso anual total para atender la deuda externa de Petroperú asciende a cerca de +/- USD 322 millones, pagados en dos cuotas semestrales.
- Originalmente, el plan financiero para Talara consideró un EBITDA de USD 470 millones anuales, pero la refinería ha estado operando en rojo, poniendo en riesgo la capacidad de repago.