El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, podría decidir quién será su sucesor cuando finalice su mandato de 3 años en 2029. Así lo establece el predictamen para una nueva ley orgánica del Ministerio Público.
El artículo 24 del predictamen establece lo siguiente: "El Fiscal de la Nación es elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos dentro de los 45 y 30 días previos a la conclusión del periodo para el cual fue sido elegido. En caso de empate, se realizará una nueva votación en el mismo acto y de subsistir el empate dirime el fiscal de la nación quien tiene voto calificado“.
Esta condición fue propuesta por Tomás Gálvez al presentar el proyecto de Ley Orgánica y la Comisión de Constitución del Congreso la mantuvo en el predictamen.
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La actual norma no precisa cláusula alguna en este escenario. Es decir, si se producía empata al momento de elegir al fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos repetía la votación hasta que un candidato obtenga la mayoría.
Si el fiscal de la Nación saliente, como Tomás Gálvez, es candidato a su propia reelección y hay empate, él mismo podría dirimir a favor de su reelección. El proyecto no establece ninguna salvaguarda para este caso, como podría ser la inhibición del candidato del voto dirimente o la designación de otro mecanismo de desempate cuando el titular del Ministerio Público es candidato.
El predictamen no justifica expresamente la decisión de otorgar voto dirimente ni mucho menos aborda el conflicto que genera cuando el fiscal de la Nación saliente es candidato a su propia reelección
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Actualmente integran la Junta de Fiscales Supremos: Tomás Gálvez (fiscal de la Nación), Zoraida Ávalos (fiscal suprema decana), Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Luis Arce. Delia Espinoza y Pablo Sánchez también la integraban, pero fueron sacados arbitrariamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Más fiscales supremos
El proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público, de ser aprobada, implicaría que la JNJ nombre 5 fiscales supremos. Esto debido a que la iniciativa implica la creación de 9 Fiscalías Supremas, que necesariamente deben ser dirigidas por un fiscal supremo. Estas son:
- Fiscalía Suprema Especializada Penal para delitos comunes
- Fiscalía Suprema Especializada Penal para delitos de corrupción de funcionarios
- Fiscalía Suprema Especializada Penal para delitos de crimen organizado, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, extorsión y sicariato
- Fiscalía Suprema Especializada Penal y de Extinción de Dominio, con subespecialidad en Delitos de Lavado de Activos
- Fiscalía Suprema Especializada Penal, con subespecialidad en Investigación y Procesamiento de Funcionarios con Prerrogativa de Antejuicio Político
- Fiscalía Suprema Especializada Penal, con subespecialidad en Investigación y Procesamiento de Jueces, Fiscales y otros Altos Funcionarios del Estado
- Fiscalía Suprema Especializada Penal, con subespecialidad en Derechos Humanos y Trata de Personas
- Fiscalía Suprema Especializada Penal y de Prevención del Delito, con subespecialidad en Materia Ambiental
- Fiscalía Suprema Especializada Penal, con subespecialidad en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y en Justicia Juvenil.
El despacho de la Fiscalía de la Nación también es considerado un despacho supremo.