La Municipalidad Metropolitana de Lima llevó su disputa con el Jurado Nacional de Elecciones ante el Tribunal Constitucional y espera que en el plazo de una semana se admita la demanda competencial que busca revertir la negativa a convocar elecciones complementarias y argumenta que, de no hacerlo se podrían desencadenar conflictos sociales y comprometer servicios esenciales en la capital.
Gerardo Eto Cruz, exmagistrado del TC, fue contratado como el asesor legal de la Municipalidad de Lima en este caso, y anticipó a RPP que el equipo municipal iniciará visitas presenciales al Tribunal Constitucional para acelerar la admisibilidad de su recurso. La demanda surge tras la resolución del Jurado Nacional de Elecciones de no convocar a ciudadanos que no pudieron votar para nuevas jornadas electorales, decisión que la municipalidad considera lesiva para la gobernabilidad limeña.
El abogado sostuvo que el Tribunal Constitucional ha establecido desde hace tiempo que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones pueden estar sometidas a control constitucional, ya que el intérprete supremo de todos los órganos del Estado es el TC, explicó a RPP.
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Según Eto Cruz, la incertidumbre por esta falta de comicios podría reflejarse en movilizaciones que alteren la seguridad ciudadana, el control vial y la estabilidad de la salud pública. “El territorio de Lima Metropolitana va a estar sujeto al asedio, va a haber una suerte de territorio comanche”, indicó a Canal N.
La defensa cuestionó que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones omite una justificación suficientemente fundamentada sobre el impacto real del ausentismo electoral. Eto Cruz objetó la interpretación oficial, que restó importancia al bajo incremento del ausentismo —según el JNE, de apenas 1,4% en mesas con apertura tardía respecto a las abiertas temprano— y consideró que falta una motivación profunda en el fallo.
“Precisamente nosotros estamos cuestionando al Jurado Nacional de Elecciones porque su resolución no se encuentra motivada, fundada en una argumentación de ponderación, porque de todas maneras es competencia del Jurado Nacional de Elecciones haber suplido estas irregularidades”, afirmó Eto Cruz a Canal N.
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Uno de los elementos presentados en la demanda es un documento suscrito por una sección especializada del Colegio de Ingenieros, que advierte, según la defensa municipal, de irregularidades informáticas durante el proceso electoral y que fue adjuntado formalmente. “Tengo un documento que se ha adjuntado en esta demanda, donde el Colegio de Ingenieros ha emitido un informe demoledor donde ha habido irregularidades que ya tienen otra categoría”, declaró Eto Cruz a Canal N.
Sin embargo, el propio Colegio de Ingenieros indicó en un comunicado que esa información, difundida por Rafael López Aliaga, no representa una postura institucional y que tampoco ha sido aprobada por su Consejo Nacional, por lo que indican que esos datos pueden generar confusión entre la ciudadanía.
La controversia técnica involucra una supuesta brecha de ciberseguridad detectada en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los comicios. Esta expresión, utilizada por expertos, alude a vulnerabilidades técnicas en los sistemas informáticos que pueden generar fugas de información o comprometimiento de datos, impactando de forma directa en la integridad del proceso electoral.
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Aunque el funcionario de la ONPE aseguró públicamente que una auditoría interna descartó irregularidades, para Eto Cruz persiste un conflicto de interés. “Nuestra gente ya ha chequeado y no pasa nada, pero ellos son prácticamente juez y parte”, remarcó.