A solo dos semanas de las Elecciones Generales 2026, el debate político en el Perú dio un giro drástico. La discusión ya no se centró únicamente en los planes de gobierno, sino en la integridad de la herramienta que debía servir de termómetro social: las encuestas. La reciente aparición de testimonios fiscales y denuncias públicas sugirió que el posicionamiento en los sondeos tuvo un precio, lo que transformó un ejercicio estadístico en una cuestionable herramienta de marketing.
Esta desconexión entre las cifras y la realidad contó con antecedentes que alimentaron la desconfianza. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pedro Castillo en 2021. A solo 16 días de los comicios, el candidato apareció en un lejano séptimo lugar con apenas 3% de intención de voto. Incluso una semana antes de la elección, se le mantuvo en la misma posición con un 6.5%. Sin embargo, el día de la votación, obtuvo el 18.9%, el triple de lo proyectado. Aunque este hecho generó fuertes cuestionamientos en su momento, son las declaraciones de los actuales candidatos las que hoy pusieron bajo la lupa la labor de las encuestadoras.
En el programa Beto a Saber, la candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, lanzó una acusación directa sobre una dinámica de presunta extorsión o lobby comercial disfrazado de estadística. “A mí me enviaron mensajes de que hay que pagar, pues, cada diez días una mini encuesta. Son unos 30 mil soles”, denunció la expresidenta de EsSalud. Según precisó, este pago sirvió para “entrar en la cancha real” y salir del anonimato del bloque de “otros”.
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Esta postura fue secundada por otras figuras políticas que aportaron matices sobre cómo el dinero influyó en la percepción pública. Marisol Pérez Tello, por su parte, puso el foco en el financiamiento público. Criticó que la ley actual permitiera que el dinero de los impuestos —destinado originalmente a la formación de cuadros políticos— se desviara al pago de sondeos. “Hablamos de más de 35 millones de soles”, señaló, sugiriendo que los partidos con representación parlamentaria gozaron de una ventaja económica para “comprar” su permanencia en el radar electoral.
Sin embargo, el escándalo no se limitó a denuncias verbales. El semanario Hildebrandt en sus trece (H13) publicó detalles de un informe fiscal que reconstruyó un sistema de corrupción que operó desde hace años. El testimonio clave provino del abogado Horacio Cánepa, colaborador eficaz que detalló cómo se canalizó dinero de la constructora Odebrecht para manipular sondeos.
Según lo revelado, en la campaña municipal de 2010 se pagaron 10,000 dólares de origen ilícito a la encuestadora CPI para alterar cifras en favor de Lourdes Flores. La investigación indicó que este esquema se repitió en 2011 y 2016 para beneficiar a Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. El informe destacó un episodio crítico en 2016: el dueño de una encuestadora pidió detener los pagos porque “ya no se podía subir más puntos” a García Pérez sin que resultara inverosímil. Mientras los sondeos le daban un 7.6% días antes de la elección, el resultado real fue de apenas 5.83%.
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Ante la gravedad de estas revelaciones, Ipsos Perú (antes Ipsos Apoyo) emitió un comunicado firmado por su presidente ejecutivo, Alfredo Torres, con el fin de deslindar de presuntas malas prácticas. En el documento, la empresa citó las propias declaraciones de Cánepa ante el Ministerio Público, quien señaló que Torres “no se prestaba a esos chanchullos” y que no recibió dinero por encuestas falsas. Ipsos sostuvo que todos sus estudios fueron bancarizados y facturados, bajo estrictos códigos de ética internacionales.
“Quienes trabajaron o trabajaron en Ipsos conocen que la integridad es un principio central de nuestra cultura. Nuestro trabajo se garantizó por la transparencia y la rigurosidad de cada estudio”, rezó el pronunciamiento, en un intento por salvaguardar el prestigio de la institución en medio de un escenario electoral convulsionado.