El Ministerio de Educación (Minedu) ejecutó la separación de 214 docentes y trabajadores administrativos de instituciones educativas en todo el país durante el primer trimestre de 2026.
Estas medidas se adoptaron luego de que se identificara que los implicados enfrentaban condenas o procesos judiciales por delitos graves. La información oficial de la cartera educativa detalla que 186 de las personas removidas ejercían funciones docentes y 28 se desempeñaban en tareas administrativas, distribuidas en 202 colegios públicos y 12 privados.
El Minedu precisó que 201 casos estaban relacionados con delitos contra la libertad sexual, mientras que otras separaciones correspondieron a sentencias o procesos por terrorismo, apología del terrorismo, proposiciones sexuales a menores por medios tecnológicos, tráfico ilícito de drogas, explotación sexual y secuestro.
De acuerdo con el informe, 174 docentes y 27 administrativos fueron apartados por estar implicados en delitos de violación sexual. Además, cinco docentes enfrentan cargos por terrorismo y apología del terrorismo.
Las autoridades consideran esta acción parte de una estrategia para preservar la integridad física y emocional de los estudiantes en el inicio del ciclo escolar 2026.
El por entonces ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, enfatizó antes de dejar el cargo que la prioridad es garantizar entornos seguros en los más de 53 600 locales educativos de educación básica regular que abrieron sus puertas en marzo.
Impacto en la comunidad educativa
El retorno a clases movilizó a más de seis millones de estudiantes en escuelas públicas y privadas a nivel nacional. En regiones como Cajamarca, la Dirección Regional de Educación registró el regreso de 400 mil escolares, quienes se sumaron a la matrícula nacional en los niveles de inicial, primaria y secundaria.
Para asegurar condiciones óptimas, el Minedu destinó 295 millones de soles a labores de mantenimiento preventivo entre enero y febrero.
Sin embargo, la noticia de la separación de personal docente y administrativo con antecedentes penales o procesos judiciales generó preocupación entre las familias.
El Minedu subrayó que la detección de estos casos responde a la política de depuración y vigilancia constante del personal, con el objetivo de evitar que personas sentenciadas o investigadas por delitos graves interactúen con menores en el ámbito escolar.
Además, el ministerio reiteró su compromiso de continuar con la revisión de antecedentes y la depuración de registros para bloquear el acceso a las aulas y oficinas a quienes representen un riesgo para la comunidad educativa.
El organismo también recordó la importancia de realizar procesos de selección y control exhaustivos tanto en el sector público como privado.
Inicio de año escolar con déficit de vacantes y demanda social
El inicio del año escolar 2026 estuvo marcado por la demanda de vacantes en distritos como San Juan de Lurigancho, donde cerca de cien adolescentes no lograron acceder a un cupo en primer año de secundaria, según reportaron a medios locales.
Padres de familia y autoridades educativas emprendieron gestiones para ampliar la oferta, logrando la apertura de sesenta plazas adicionales en la escuela Nicolás Copérnico tras varias semanas de reclamos.