El expresentador de televisión Andrés Hurtado, actualmente bajo prisión preventiva en el penal de Lurigancho, reapareció este lunes en una audiencia de control de plazo solicitada por su defensa y la de otros dos investigados por el mismo caso de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.
Al término de la audiencia, Hurtado se dirigió al juez supremo Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, y expresó su protesta por lo que calificó como un proceso “injusto”.
“Desde el día uno que usted ordenó a que yo esté aquí en este recinto, (...) mis abogados nunca han apelado a nada de lo que usted ha dicho. (Me dio) ocho meses más (de medida cautelar), nunca se ha apelado a nada de lo que ha dicho. El fiscal pide teléfono, el fiscal pide esto, el fiscal pide lo otro... Nunca nos hemos puesto a nada”, dijo.
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“Hemos cumplido los dieciséis meses el 26 de enero, lo que usted ha mandado, lo que usted ha ordenado. Y sí, me parece totalmente injusto que nosotros no hayamos apelado nunca a nada sobre las órdenes que usted ha dado como máximo juez supremo. Hoy por hoy, quiero decirle que el día 26 de enero se vencieron los plazos de acuerdo a ley y de acuerdo al debido proceso”, agregó.
Durante la sesión, el representante del Ministerio Público informó que el pasado 5 de febrero presentó un requerimiento para reponer el plazo de investigación preparatoria y solicitó suspender la audiencia hasta que se resuelva el pedido.
Las defensas rechazaron esta solicitud y argumentaron que la reposición debió presentarse en un plazo máximo de 24 horas desde que se conoció el vencimiento del periodo de investigación.
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El abogado Elio Riera, defensor de Hurtado, sostuvo que el requerimiento fiscal “por forma y por fondo no corresponde” y pidió “que en este estadio se debata el control de plazo conforme a la ley”.
A este pedido se sumaron las defensas de la fiscal Elizabeth Peralta y del empresario Javier Miu Lei, también investigados en la misma trama. La Fiscalía contestó que el plazo para presentar la reposición se cuenta desde la notificación judicial recibida el 2 de febrero de 2026: “El plazo para la presentación de nuestro requerimiento de reposición está dentro del marco de los cánones que da respecto de las notificaciones y las veinticuatro horas que señala la ley”, declaró.
Las defensas mantuvieron que la investigación concluyó el 26 de enero de 2026, por lo que solicitaron declarar improcedente la reposición. El juez indicó que escucharía los argumentos antes de tomar una decisión y confirmó la notificación a las partes sobre el requerimiento fiscal.
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El Ministerio Público defendió la vigencia de la investigación y sostuvo que solo culmina con una disposición expresa, no de manera automática. La Procuraduría Pública respaldó esta posición y rechazó la nulidad de los actos realizados después del vencimiento del plazo planteado por las defensas. Checkley anunció finalmente que evaluará los argumentos y emitirá resolución en el expediente respectivo.
Caso
Hurtado ha sido vinculado a un caso de presunto tráfico ilegal de oro, por supuestamente haber intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.
El artista, de 58 años, fue detenido en octubre de 2024. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público informó en su momento que Peralta, fiscal de lavado de activos, fue apartada preventivamente de su cargo tras ser acusada de cobrar comisiones ilegales para intervenir en este caso.
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¿Quién es Andrés Hurtado?
El exconductor de televisión Andrés Hurtado Grados, conocido popularmente como “Chibolín”, se encuentra actualmente recluido en el penal de Lurigancho, donde cumple una orden de prisión preventiva que se extiende hasta marzo de 2026.
Tras una dilatada carrera que inició en el humorismo de los años 80 y culminó en la conducción de un programa de ayuda social, Hurtado pasó de la opulencia mediática a enfrentar un complejo proceso judicial. Las autoridades peruanas lo investigan por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en un caso que ha sacudido las instituciones públicas debido a sus supuestos vínculos con fiscales y empresarios del sector minero.